La justicia tardía

No deja de ser un hecho relevante que María Julia Alzogaray tenga que pagarle al Estado por haberse enriquecido ilegalmente durante el gobierno menemista.A decir verdad hay pocas condenas judiciales de este tipo en un país donde la utilización discrecional de los fondos del Estado es una constante de su clase dirigente.Un uso obsceno, aclaremos de entrada, que ocurre por el alto grado de tolerancia social a la corrupción. La memorable frase "roban, pero hacen" resume, quizá, nuestra concepción "nacional y popular" sobre la importancia que se le da al valor decencia en el manejo de la cosa pública.Por eso resalta esta noticia: Alzogaray debe devolver 3.179.2009 pesos al Estado por haberse enriquecido en forma ilegal durante su paso por la administración pública, de 1989 a 1999.La ex funcionaria menemista fue condenada hace más de cinco años por el Tribunal Oral Federal 4. Además el tribunal, por primera vez en la historia judicial argentina, impuso una multa equivalente al dinero que Alzogaray no pudo justificar como propio.La Justicia ordenó el remate de uno de sus bienes para alcanzar esa suma. En este caso un lujoso petit-hotel de estilo parisino de Capital Federal. La Corte Suprema de Justicia decidirá el uso que se le dará a la plata.Cabe consignar que la Fundación Garrahan fue propuesta como beneficiaria de esa multa por el Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).Dicha fundación ya tiene planeado qué destino le dará a los 3,5 millones de pesos: irían a un programa de capacitación que desarrolla en el interior del país para un mejor seguimiento de los chicos de las provincias que se atienden en el hospital porteño por complejas enfermedades.Es muy interesante el argumento que empleó el CIPCE, al proponer a la Fundación Garrahan ante Tribunales: "La corrupción produce daño social, de modo que cuando exista la posibilidad real de recuperar los bienes sustraídos al Estado corresponde que el fruto de la recuperación vuelva a la sociedad en entregas sociales de bien público".El asunto de María Julia, más allá de que deja la sensación de que por fin se condena a un funcionario por enriquecimiento ilícito, plantea interrogantes sobre el rol efectivo de la Justicia.En este sentido, es llamativo que la condena judicial opere sobre un funcionario que ha perdido hace tiempo protección política. ¿Por qué la Justicia siempre actúa frente a personajes sin poder?Otra hubiese sido la historia si los jueces hubieran denunciado e investigado a Alzogaray en pleno menemismo. El servicio que hubieran prestado al país, en orden a moralizar la función pública, habría sido trascendente.El descrédito de la institución judicial, sospechada de actuar al calor del poder, sigue en pie. Preguntamos: ¿dónde están los jueces que investigan los casos de presunta inmoralidad en el manejo de los recursos públicos durante la era kirchnerista?.A ninguno de ellos se lo ve inquieto ante el sideral crecimiento del patrimonio del matrimonio presidencial, ante las ventajes comerciales y personales de los Kirchner por estar al frente de los bienes públicos.¿Qué juez está investigado, por otro lado, las denuncias de enriquecimiento de los secretarios privados de la pareja gobernante? ¿Cuál de ellos está preguntando por las riquezas inexplicables y ostentosas de funcionarios que están o se han ido de la administración?Da toda la impresión que aquí tiene que cambiar el elenco gobernante para que estas cosas se diluciden. Acaso por miedo o por razones políticas, la justicia de este país no actúa cuando tiene que hacerlo.Por eso siempre llega tarde.