La protesta que marcó un punto de inflexión
Como en todas las cosas donde se juegan intereses humanos, un mismo acontecimiento bisagra divide aguas a la hora de juzgarlo. Para el gobierno K hoy es poco menos que un duelo.
Aunque no quiera reconocerlo, marzo de 2008 hirió severamente su proyecto político iniciado en 2003. “Nunca ningún gobierno perdió tanto poder en tan poco tiempo”.
Con esta frase se buscó simplificar el costo político por haber enfrentado, abiertamente, a los productores agropecuarios. Se comprobó que, al cabo, la táctica oficial fue contraproducente.
Más allá de su injerencia obvia en la economía –aunque hasta allí subestimada- el campo era un subsector sin peso específico en los asuntos públicos, que encima se mostraba socialmente disgregado.
Pero los ataques simbólicos que recibió, en aquellas encendidas jornadas de demonización desde los palcos oficiales, lograron lo que no entraba en los planes de nadie.
En el campo renació la conciencia de sí. El conflicto con el gobierno, así, tuvo un efecto inesperado: apareció un actor social activo en la vida nacional. Este protagonismo se alimentó de otro ingrediente: la ciudad saludó este ingreso.
Es que el conflicto trascendió la frontera campera. La rebelión en la granja colocó en la agenda pública no sólo la importancia de la carne, la leche y los granos.
De repente, se comenzó a hablar de federalismo. Los hechos históricos hacen pedagogía a su modo. Los argentinos aprendieron por la protesta que el interior existe, y que la riqueza que aquí se genera se la apropia el poder central.
Por otro lado, el público se enteró del peso del agro argentino. El sector agropecuario –agro y agroindustria- representa más del 30% del PBI, alrededor del 35% del empleo y contribuye con más del 50% de las exportaciones totales del país.
El interior argentino, donde viven millones de compatriotas, tiene atada su suerte a la del campo, que incluye las llamadas economías regionales (vid, cítricos, algodón, yerba mate, etc.).
Como se sabe, el conflicto agrario sigue abierto. Ha pasado un año desde que los productores de bienes primarios se sublevaron. Y a decir verdad, el cuadro de conflictividad persiste, pero agravado.
El origen de la disputa es la apropiación de la renta agraria, a través de las retenciones. Pero en marzo de 2008 se dio en un marco de abundancia.
Increíblemente, desde esa fecha hasta hoy una sequía furiosa produjo daños tremendos al campo mientras se produjo un desplome notable de los precios agrícolas en el mercado mundial.
Conclusión: si un año atrás se discutía cómo distribuir mejor los excedentes agrícolas, hoy se discute el reparto de pérdidas, en un contexto de declinación drástica de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias.
Nadie sabe cómo terminará el conflicto entre el gobierno K y los productores. Una cosa parece clara: la importancia del campo en la economía no está reconocida por la sociedad política.
Esta miopía se refleja en la ausencia histórica de una política agropecuaria. Es la ironía imperdonable de la Argentina: uno de los países mejor dotados para producir alimentos –algo que la humanidad demandará siempre- no tiene una política acorde.
Acaso la rebelión por la Resolución 125, que hoy se recuerda, ingrese a la historia Argentina como el inicio de una revolución copernicana en la economía del país.
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