La violencia que empieza arriba termina reflejándose en las bases

La imagen de la gente pateando en la cabeza a un muchacho tirado en la calle es fuerte y revela el grado de salvajismo del que es capaz el ser humano. Ese momento, retratado hasta el hartazgo por los noticieros, no se produjo en ningún otro país del mundo: sucedió en Argentina. Es el capítulo final que le faltaba a la violencia. Jorge Barroetaveña   Al ex Presidente Raúl Alfonsín le llevó tiempo entender que con la democracia se come, se cura y de educa pero con actos no con palabras. Con hechos, no con declaraciones de principios. Traspolado a lo que sucede con la seguridad hoy, tiene su correlato. Desde noviembre del año pasado en la Argentina hay una Ministra de Seguridad, de apellido Rodríguez, a quién nadie le conoce la cara ni la voz. Al menos Nilda Garré solía escarmentar con castigos a sus subordinados, por lo que era noticia, o mandaba alguna foto de vez en cuando de algún acto oficial que reflejaban los medios. No mucho más. Pero a la actual jefa de seguridad del país nadie la registra. Es todo un dato de la importancia que desde hace años el gobierno nacional le ha dado a la seguridad y las políticas que ha aplicado. Sergio Berni, que parece  un bombero que va de acá para allá, es la cara más visible. Y Berni hace lo que puede, con los recursos que tiene y la indiferencia de su propio gobierno para el que nunca el tema fue un problema serio a encarar.Si el concepto de inclusión debió actuar como agente apaciguador de la violencia social, el cálculo kirchnerista falló de cabo a rabo. Porque hoy hay más violencia y los violentos son más violentos. La terrible tragedia de la maestra entrerriana que la mataron por la espalda después de robarle un celular y darles lo poco que tenía, es una pintura precisa de lo que pasa en las calles de la mayoría de los grandes centros urbanos de la Argentina. Este, que es un hecho de extrema gravedad, es 'adornado' todos los días por la gota que va horadando la piedra. No sólo la cantidad de homicidios ha aumentado, aunque Argentina registra una de las tasas más bajas de América Latina, sino la de asaltos con armas o sin armas: el país registra 973 hechos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra está por encima de países como México que viven el drama del narcotráfico o Colombia que aún padece las consecuencias de él.El informe, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se asoma a un diagnóstico sobre la seguridad ciudadana  en 18 países de la región, donde se cometen más de 100.000 asesinatos por año. En el trabajo están incluídos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela."Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en algunos países, sigue siendo "epidémica" en 11 países, con más de 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, mientras que en todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años.El Informe Regional de Desarrollo Humano recomienda políticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población, con prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular la convivencia social". Finalmente, y a modo de conclusión el informe remarca que hay"seis amenazas principales que se entrecruzan e impactan negativamente a la región: el delito callejero; la violencia y el delito contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción; la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada".El crecimiento del delito y la reacción violenta de algunos sectores de la sociedad revela la endeblez de las políticas públicas que ha tenido la Argentina en las últimas décadas. Y algo que cruza en forma transversal a todos los actores: su ausencia de responsabilidad y autocrítica.El poder político la hace fácil: le echa la culpa a los jueces y a la policía.  Los jueces se escudan en las leyes y su férreo cumplimiento (para algunos casos claro está) y la policía en la falta de herramientas legales y fácticas para combatir el delito. En el medio queda una sociedad que se siente inerme, desprotegida e impotente y reacciona de la peor manera. Son, además, los sectores sociales más humildes los que sienten  mayor desprotección. No tienen para pagar cámaras de seguridad, policía privada o vivir en un country. Roban o matan por un par de zapatillas o un celular.Tampoco el mensaje de impunidad que baja desde el poder tiene filtro. Si la justicia se toma años para ver si tal o cual funcionario es corrupto, navegando a dos aguas y especulando con los vientos políticos, la sensación de impunidad queda instalada y eso también impacta en el imaginario social. Jueces lábiles a las influencias del poder político (para ser generosos), políticos siempre dispuestos a buscar protección para sus actos de corrupción que no dudan en convertir al Poder Judicial en un toma y daca y fuerzas de seguridad que nunca encontraron su rol desde el retorno de la democracia hace más de 3 décadas. La reacción violenta de gente dispuesta a linchar, ¿a quién le puede sorprender? Hace rato que en la Argentina las leyes sólo están en los libros de texto y en las nutridas bibliotecas de los juristas. Y los que primero les perdieron el respeto son los que tenían que dar el ejemplo. Hoy estamos pagando esa irresponsabilidad.