Las fuerzas militares y la opción de sindicalizarse

La inédita protesta de prefectos y gendarmes reinstaló un viejo debate: si los efectivos de seguridad y de las Fuerzas Armadas son trabajadores, ¿por qué no pueden sindicalizarse?La manifestación de los uniformados de estos días, en repudio a recortes salariales, podría ser entendida como una típica protesta sindical, como la que hacen otros empleados estatales.Sin embargo prefectos y gendarmes no tienen derecho a huelga, porque para la legislación vigente argentina ninguna fuerza de seguridad tiene personería gremial, a pesar de los muchos planteos que se han hecho al respecto.El derecho a huelga está reglamentado por la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales. Distintos dirigentes gremiales, entre ellos Víctor de Gennaro, creen que este derecho debería regir también para los efectivos de seguridad y las Fuerzas Armadas, que suman un cuarto de millón de trabajadores."Los trabajadores de las fuerzas de seguridad pública pueden sindicalizarse, la ley los ampara" declaró De Gennaro, en declaraciones a Radio Continental, al aludir al artículo 14 bis de la Constitución.Allí se establece que "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor (...), organización sindicar libre y democrática, reconocida por la simple inscripción de un registro especial".El punto es que el Ministerio de Trabajo viene rechazando los pedidos de inscripción que han venido haciendo distintos agrupamientos de uniformados.Se calcula que en la actualidad existe una veintena de sindicatos policiales y penitenciarios, de Gendarmería y de Prefectura, y un número indeterminado de gremios de efectivos de las Fuerzas Armadas.Desde el retorno de la democracia, ninguno de ellos obtuvo reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo. Cabe consignar, no obstante, que en los últimos años hubo en Argentina innumerables medidas gremiales de policías, como huelgas y autoacuartelamietos, entre otras protestas.En su mayoría, se trató de medidas por aumentos salariales y del valor de los adicionales, equipamiento y reducción de las horas extras. La última movida de prefectos y gendarmes, según sus voceros, fue para que se les restituyan adicionales quitados por un decreto presidencial, un pedido por "cobrar todo el suelo en blanco", y un ingreso básico de 7.000 pesos.El Ministerio de Trabajo, cada vez que ha tenido que rechazar los pedidos de inscripción como sindicato por parte de algún grupo de uniformados, argumentó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no establece obligación alguna para los Estados miembros y, en este punto, deja en libertad de acción a los países.Pero el argumento central es que este tipo de organizaciones, por la disciplina que debe tener y por el trabajo que debe realizar (que supone la portación de armas), es incompatible con la actividad sindical."La tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías", reza la resolución 244 del Ministerio de Trabajo, del año 2010.En respuesta a esta resolución Ever Palermo, secretario adjunto de la Asociación Democrática Policial y Penitenciaria de Santa Fe (Adepol), se quejó: "Cuando hay planes de ajuste, nos usan a nosotros para reprimir las manifestaciones del pueblo".