Las miserias del clientelismo político

El clientelismo político en la Argentina no sólo es un mero canje de favores por votos. Como se hace todos los días y no sólo en época de elecciones, ha devenido en una forma de vida y de ver el mundo.o

Para el “cliente” es una estrategia de supervivencia, mientras que para el político es una manera de construir su base de poder. A través de este intercambio, al margen de las instituciones formales, los pobres resuelven muchos problemas cotidianos.

Se sabe, muchas familias consiguen cosas mediante punteros, unidades básicas, comités, agencias estatales, y demás. Obtienen desde planes sociales hasta zapatillas, pasando por medicinas.

Las clases postergadas de la Argentina, que se prestan a este intercambio, no lo consideran aberrante. Lo consideran como algo natural, algo incluso “debido” dada su situación.

De hecho es una práctica inveterada, que viene de antes, y que se consolidó como hecho cultural. El peronismo no inventó el clientelismo. El radicalismo y otras fuerzas políticas saben de él tanto como el movimiento creado por Perón.

Pero así como la gente, sobre todo en las villas y en los barrios marginales, ha hallado en esta práctica un modo de sobrevivencia, en ella se construyen relaciones de dominación, de dependencia.

Es decir, estamos en presencia de una vieja forma de hacer política, una suerte de maquiavelismo criollo, por aquello de que el fin (el poder) justifica los medios (el uso del otro necesitado), tan generalizado como universalmente aceptado.

Por eso, ¡¿a quién le sorprende que existan estos intercambios?! No llaman la atención, en este sentido, las nuevas modalidades de clientelismo que existen en torno al Plan Jefes y Jefas de Hogar, el mayor programa de asistencia social de la Argentina.

Ahora resulta que los punteros políticos cambian planes por favores personales, según un reciente relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El informe, de cuyo contenido se hace eco el diario La Nación, denuncia que es normal que una desocupada con hijos menores, que percibe 150 pesos por un plan Jefe, deba pagarle 15 pesos al puntero encargado de certificar que ella cumple con la prestación laboral que exige el programa.

Pero además de esta entrega de dinero, los destinatarios del programa, como parte de la contraprestación debida, deben soportar que se les exija que asistan a marchas o actos partidarios.

No sólo eso. El estudio revela que el abuso de los punteros no tiene límites: la exigencia incluye tareas en casas particulares bajo la amenaza de darles de baja el subsidio. A los hombres los usan como jardineros o albañiles.

A las mujeres, que en algunos casos sufren acoso sexual, las utilizan como empleadas domésticas. Según el estudio, los casos de clientelismo no se producen durante la etapa de inscripción o pago, sino en la de la contraprestación laboral.

“Mientras las marchas y los piquetes implican la politización de los programas sociales -dice el informe-, los negocios privados y el trabajo en el espacio doméstico representa lisa y llanamente la privatización de los programas públicos”.

Las formas clientelares, lamentablemente, se han consolidado en la democracia, pese al cacareo de la clase dirigente. Es una forma espúrea de hacer política, ya que supone un uso aberrante de la gente.

Sin embargo, quizá lo más dramático del fenómeno es que sea visto por sus “víctimas”, dada su rutinización y repetitividad sostenidas en el tiempo, como algo natural, como incluso lo que “debe ser”.