¿Libertad de precios o de voces?: cuando desregular los libros pone en riesgo su existencia

El Gobierno nacional planea enviar al Congreso un nuevo paquete de reformas impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca profundizar el proceso de desregulación económica mediante modificaciones a un amplio conjunto de leyes. El borrador del proyecto consta de más de 300 artículos, y contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial, el mercado inmobiliario, los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos, las cooperativas y el mercado del libro. El objetivo es eliminar restricciones consideradas “innecesarias”, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados.

Entre las normas a eliminar se encuentra la Ley de Protección de la Actividad Librera (Ley 25.542), también conocida como Ley del Libro. Sancionada en 2001, establece que “todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”. La Ley sólo permite excepciones limitadas: descuentos de hasta el 10% en ferias del libro y determinados eventos culturales, y de hasta el 50% para compras realizadas por organismos públicos como la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares o el Ministerio de Educación con fines de distribución gratuita.

Mientras el Gobierno sostiene que cada comercio o plataforma de venta debería fijar libremente los precios y aplicar descuentos sin restricciones, libreros, editoriales y autores explican que eliminar esa regulación favorecería a los grandes jugadores del mercado en detrimento de las librerías independientes y de la diversidad editorial. Tal es así que la Cámara del Libro, en conjunto con otras cámaras y federaciones del sector, publicó un comunicado en respuesta a la difusión de ese proyecto de ley, manifestando que “es el segundo intento en poco más de dos años” y que “ninguno de los actores relevantes de la cadena -autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura- lo ha solicitado, ni ahora ni antes”.

“No hay un mercado cautivo esperando ser liberado”, advierte el texto, recordando que “el Estado no fija el precio de ningún libro”, sino que “lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley sólo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista”. “No es un precio administrado ni una planificación cultural: es una regla que impide que el libro se use como ‘producto gancho’ para capturar el mercado”, resalta.

Gualeguaychú no escapa a decisiones de esta magnitud, que involucran a la totalidad de un sector comercial vinculado directamente con la producción, difusión, fomento y acceso a la educación, la cultura y la pluralidad de voces por medio de la palabra escrita en todo el país. Por eso, en pos de dar una perspectiva local a este debate nacional, Ahora ElDía conversó con referentes de librerías y editoriales de la ciudad para conocer su mirada al respecto.

Juan José Selva, dueño de la histórica librería Rayuela, observó que “el precio único del libro en Argentina afecta directamente al mantenimiento de una riqueza argentina, que es la existencia de alrededor de mil quinientas librerías en todo el país y alrededor de quinientas editoriales, algunas grandes pero muchas medianas y pequeñas”. “Si el precio es el mismo en todos lados, y los vendedores no pueden hacer descuentos mayores al 10%, las librerías pequeñas no están en desventaja desde el inicio con las grandes superficies o las cadenas. Compiten con servicios, con atención, con orientación a los compradores. Y además, si el precio es uniforme, un libro cuesta lo mismo en Jujuy y en Buenos Aires, con lo cual no hay perjuicio para el lector del interior, que depende más de las librerías independientes para conseguir los libros”, expuso.

Selva también mencionó que se busca modificar la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, eliminando el Fondo Nacional de Fomento, destinado a programas públicos de promoción de la lectura, y la disposición que habilita al Estado a adquirir parte de la primera edición de autores argentinos para integrar y fortalecer el patrimonio bibliográfico nacional.  “El Estado renuncia a generar incentivos para crear y sostener lectores. Porque si una persona o una familia no puede adquirir todos los libros que quisiera, por una cuestión de precios, tiene siempre la posibilidad de recurrir a la biblioteca popular, pública o escolar. En esta modificación que se pretende, se elimina el precio uniforme y también la posibilidad de que las bibliotecas estén surtidas con libros variados, y en muchos casos, la posibilidad de subsistencia”, advirtió.

Y agregó: “En el mundo, los países con ecosistemas editoriales grandes tienen un sistema de precios uniformes. No es una realidad de la mayoría de los países, sino de los que como el nuestro tienen proporcionalmente una gran cantidad de editoriales y librerías. En el mundo más desarrollado, los países tienen políticas de incentivo a la circulación de libros y a la lectura. El ejemplo más destacado es el de los países nórdicos, algunos con precios fijos y otros no, pero todos con políticas públicas proactivas. En nuestro país se ha advertido un déficit importante en la alfabetización y se está trabajando al respecto. La promoción de la lectura de libros, el cuidado de la bibliodiversidad, del acceso al precio justo, de la propiedad intelectual (no es lo mismo un libro que una copia), complementa y enriquece esta política, que redunda en una sociedad más libre y abierta”.

Por su parte, Guillermo Navarro, quien preside actualmente la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Rodolfo García y su editora homónima, opinó que quienes impulsan estas medidas “toman a la cultura como una cuestión de competencia de precios, y no como debe ser y es con la ley actual, una competencia de contenidos”.

En cuanto al riesgo que correrían las librerías y los escritores de la ciudad, Navarro puso como ejemplo los autores que publican en la Editorial Rodolfo García: “Dejarían de contar con una vidriera local para comercializar sus obras, y eso les dificultaría poder llegar a los lectores”.

También manifestó su preocupación por el impacto que tendría la modificación de la Ley de Fomento del Libro y la Lectura en las bibliotecas populares. Según explicó, ese marco legal, al reconocer la diversidad y la existencia de las bibliotecas les da participación en la estructura de la Secretaría de Cultura a través de la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y genera que se las apoye mediante subsidios para gastos de mantenimiento y la adquisición de nuevos títulos al 50% de su valor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. “Al no tener este dinero disponible para comprar libros, las bibliotecas no van a poder renovar stock ni títulos y actualizarse como corresponde”, remarcó.

Otro referente local que dio su punto de vista al respecto fue Gustavo Risso, de Fray Mocho Libros, quien aseguró que “hay motivos suficientes para ver que en los lugares donde se ha hecho esto los precios de los libros no han bajado, como promete el Gobierno”, y apuntó: “Es una mentira que bajarían los precios. Según la experiencia que ha habido en otros países, al principio sí podrían llegar a bajar, pero después lo volverían a llevar al mismo valor promedio, una vez que limpiaron a todas las librerías chiquitas; se quedan con el mercado, por eso digo que es monopólico. La ley protege a las librerías chiquitas como la mía. Con el precio de venta al público nos permite competir a mis colegas de la ciudad y a mí. Las grandes cadenas no sacan ventaja en ese aspecto, y esto evita también los monopolios”.

Risso agregó que, de derogarse esta norma, también correrían riesgo “las pequeñas ediciones de aquellos autores que pagan su libro y sacan una tirada chiquitita para difundir su arte, su creatividad y sus pensamientos”, ya que quienes están dispuestos a vender de  20 o 50 ejemplares son las pequeñas librerías locales y no las grandes tiendas.

En ese sentido, Carolina Bittel, librera y coordinadora cultural de Puente Naranja Libros, coincidió en que “regular el precio de los libros resguarda la democratización de la edición y evita la concentración del mercado editorial en pocos grupos empresariales”, y evaluó que una derogación de la Ley del Libro dejaría de considerarlos como bienes culturales para ubicarlos en el plano de cualquier otra mercancía.

Bittel explicó que el precio fijo de venta al público “resguarda toda la cadena editorial”: “Hay un porcentaje para escritores, ilustradores, imprenteros, editores, distribuidores y libreros. Las librerías obtienen un pequeño porcentaje del precio de venta al público que se utiliza para los gastos operativos de un comercio y para solventar la logística que se necesita para traer los títulos a la localidad y específicamente al negocio y poder ofrecerlos. La desregulación no abarata los costos de todos los libros; hace oferta con los libros que los grandes puntos de venta o las plataformas online quieran poner como oferta y aumenta otros o hace que otros desaparezcan, porque para las editoriales va a ser imposible competir”.

De acuerdo con la librera, la consecuencia de esto no sólo sería un perjuicio a la actividad comercial del sector sino que también implicaría “un empobrecimiento respecto a los universos culturales” y a la “bibliodiversidad”, la posibilidad de que cada librería tenga una gran diversidad de títulos que ofrecer a sus lectores. “Una plataforma online, o la exhibición de libros en una caja de supermercado o cadena de farmacia, no ofrecen las lecturas teniendo en cuenta la diversidad y necesidad de los lectores, ni la búsqueda de acompañamiento para los chicos en distintos momentos de su crecimiento, por ejemplo. Todo ese trabajo de curaduría, de selección, asesoramiento, búsqueda y encuentro entre un lector y un libro que hacemos los libreros y libreras no va a estar”, argumentó.