Los grandes crecen, los chicos pierden

La paulatina desaparición de los pequeños chacareros y el crecimiento de las grandes explotaciones, reavivan el problema de la tenencia de la tierra. Mario Alarcón MuñizPara el mes entrante se aguardan  novedades acerca de la ocupación de un sector del campo El Quebracho, departamento La Paz, por parte de una veintena de pequeños productores, conocidos como pastajeros. La historia suma ya siete años, sin plantearse otra instancia que no sea el desalojo de esas familias que hace dos décadas perdieron su trabajo al cerrarse el frigorífico Santa Elena.El inmueble (más de 2.000 hectáreas) que pertenecía a esta empresa industrial, cuyas actividades cesaron en 1993, retornó al dominio estatal. Unas 800 hectáreas fueron entregadas como compensación a aquellos trabajadores de la fábrica que sólo percibieron la mitad de la indemnización correspondiente. El Estado incurrió en una primera irregularidad: no  suscribió ningún compromiso de compra-venta ni comodato con los adjudicatarios. Quedaron allí "de prestado".En 2006 la comisión liquidadora del frigorífico vendió 1.685 hectáreas, incluido el sector ocupado, a la empresa Granja Tres Arroyos. Ésta pagó 1.800 pesos la hectárea a diez años de plazo. Los compradores iniciaron acciones legales considerando intrusos a los ex trabajadores de la carne.En diciembre de 2010 se produjo la orden judicial de desalojo. Para cumplirla, el gobierno dispuso de sesenta efectivos policiales encabezados por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Herramientas para romper candados y cortar alambrados, garrotes, gases lacrimógenos y balas de goma, no pudieron frente a la resistencia de los colonos y sus familias. De eso no se hablaEl fracaso de la operación determinó el comienzo de negociaciones entre el gobierno, la empresa y los demandados, con la participación de la Federación Agraria Argentina. Un relevamiento a principios de 2011 determinó que en las 800 hectáreas del litigio residían 25 familias dispuestas a comprar, pero en las mismas condiciones de precio y plazos otorgadas por el gobierno a Tres Arroyos.Ahí se atracó la gestión. Según la empresa hubo ofrecimientos de reubicación en otras tierras o de incorporación de los afectados  a su planta avícola, sin resultados. Los colonos quieren la tierra "porque también producen, también aportan, también quieren pagar, también son ciudadanos", destacó el abogado defensor. Además, no la usurparon, sino que la recibieron en pago de una deuda. Si el Estado no formalizó las transferencias, no es responsabilidad de los adjudicatarios. Está claro.Hace poco más de un mes el ministro de Gobierno, Adán Bahl, recibió en su despacho al intendente de Santa Elena, Daniel Rossi y a representantes de Tres Arroyos, a fin de apurar el desalojo. De ahí que se aguarden novedades para estos días o semanas.Sin embargo, al margen de este caso, recobra fuerza el planteamiento de la cuestión de fondo, referida a la tenencia de la tierra. Pero de eso no se habla.La ausencia de planes  No hay ningún plan en tal sentido, en una provincia que en el pasado se caracterizó precisamente por sus programas de colonización. Desde 1857 con Urquiza y su valioso colaborador Alejo Peyret, luego la obra de los gobernadores Febre, Antelo y Hernández y más cerca en el tiempo el plan Horne de 1935, Entre Ríos abrió huellas entregando la tierra a quienes estaban dispuestos a trabajarla.Una luz encendió el gobernador Urribarri el 15 de setiembre de 2010, anunciando en uno de sus frecuentes discursos, "un plan para el regreso de la familia rural al campo". Dijo entonces que el 10 de diciembre (de ese mismo año, cabía interpretar), daría a conocer el programa. Todavía estamos esperando.También esperamos la radicación de cien familias que el gobernador anunció el 12 de enero de 2012 para convertir en una "aldea productiva" el campo de  2.164 hectáreas situado en Guardamonte, departamento Tala, confiscado al ex senador Mario Yedro en un juicio por enriquecimiento ilícito. Desde entonces no se conocen novedades. Pero conste que no perdemos la memoria.Opinábamos ante aquellos anuncios -y lo reiteramos ahora- que no alcanzan las buenas intenciones. Sin políticas de estímulo y de protección al chacarero, sin condiciones básicas para una vida digna (viviendas, escuelas, centros de salud, comunicaciones, caminos, energía, servicios elementales en definitiva) será imposible que la gente regrese al campo sólo por el aire puro. Se requiere, en consecuencia, un plan integral a partir de estudiar y entender las causas del éxodo rural. Más tierra, menos productores  Quienes tienen planes y muy efectivos por cierto, son los grandes grupos concentrados que avanzan sobre el campo ante la indiferencia -cuando no el amparo o la complicidad- del gobierno nacional.La producción rural argentina creció notablemente en los últimos veinte años, a raíz de la mayor demanda mundial y los mejores precios internacionales, pero disminuyó la cantidad de productores. Había 421.221 explotaciones en 1988 y 276.581 en 2008 (datos del censo nacional agropecuario); vale decir que en ese lapso desaparecieron 144.640 unidades de producción. Como el volumen aumentó de manera considerable, es fácil deducir que los grandes han absorbido a los chicos. "Si algunos aumentan tanto, es porque otros han perdido mucho", comentó un dirigente ruralista.  En otras palabras, hay más tierra en poder de los más poderosos, a expensas de los pequeños chacareros que tienen cada vez menos. Muy "progre" que digamos, no es esta política. Por ahí nos asalta el recuerdo de Luis Jeannot, el cura gaucho de Gualeguaychú y sus advertencias ante la amenaza de "una agricultura sin agricultores".