Los ministros de Educación de todo el país acordaron el regreso a las aulas

A pocos días del inicio del ciclo lectivo, los ministros de Educación de todo el país acordaron priorizar el regreso a las clases presenciales. Lo hicieron en una sesión en la Quinta de Olivos, que contó con la participación por primera vez de Alberto Fernández, quien buscó quitarle una bandera a la oposición. El Consejo Federal aprobó dos resoluciones. Por un lado, la actualización de los indicadores sanitarios que definen la posibilidad de apertura de escuelas. Por otro lado, la organización del comienzo del ciclo lectivo que, al menos hasta el cierre del primer trimestre, será bajo una modalidad combinada en casi todo el país. “El principio general será priorizar la apertura de las escuelas y la reanudación de clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad sanitaria y cuidado de la salud de la comunidad educativas. Se priorizará el sostenimiento de actividades educativas presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria por sobre otras actividades”, se lee entre las dos resoluciones. La Ciudad de Buenos Aires y Jujuy comenzarán el próximo miércoles 17 de febrero. Luego, la gran mayoría de las jurisdicciones iniciarán el ciclo lectivo el lunes 1 de marzo. “Es una jornada muy importante porque estamos finalizando el proceso de un regreso a una presencialidad cuidada. Avanzamos en los protocolos para una presencialidad responsable y en resoluciones que clarifican la necesidad de un diálogo con las familias para que toda la comunidad tenga claro cómo van a ser los procesos”, afirmó el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, en conferencia de prensa. Después de un trabajo técnico junto a Salud, los ministros modificaron un punto clave: el semáforo epidemiológico que se había aprobado en octubre del año pasado y, que por sus exigencias, no permitía mayores avances. Ahora los indicadores se flexibilizaron en la búsqueda de un regreso masivo a las aulas. Con los ajustes, los gobernadores dejarán de monitorear los contagios de una provincia como un todo; algo que sucedió el año pasado e impidió desandar aperturas parciales. Las autoridades sanitarias de los distritos seguirán la evolución de la pandemia en cada departamento o municipio, incluso en cada pueblo o paraje rural. La intención es reducir al máximo la zona geográfica para que, en caso de dispararse los contagios en las grandes ciudades, no repercuta en todo el territorio. El nuevo semáforo sanitario Seguirá tres indicadores, aunque fuentes que participaron en la reunión aclararon que se trata más bien de una guía y que, si alguno de los requisitos no se cumple, no será impedimento para mantener las escuelas abiertas: El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria sostenida” del virus SARS-CoV-2. La razón de casos confirmados, definida como el cociente entre el total de casos confirmados de las últimas dos semanas y el total de casos confirmados correspondientes a las semanas previas, deberá ser inferior a 0,8. Si el indicador se encuentra entre 0,8 y 1,2, se considera una evolución estable. Si es mayor a 1,2, se considera evolución en aumento y si es menor a 0,8, se considera en descenso. No será necesario cumplir este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el cálculo. A partir de esos tres indicadores, apuntan a que todas las provincias sostengan las escuelas abiertas pese a que el avance de los contagios los lleve a tomar medidas restrictivas en algún momento. De allí de “priorizar la educación sobre otras actividades” después de un año signado por la falta de presencialidad. El cierre escolar pasará a ser una instancia límite, de corto plazo, y las autoridades tendrán que precisar la fecha de reapertura. Según consigna la resolución, las provincias que se vean obligadas a retroceder a una fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) interrumpirán la concurrencia de los chicos a clases, pero las escuelas seguirán abiertas para que tanto directivos como docentes puedan asistir. Solo si se regresara a una cuarentena estricta como la que se decretó en marzo, Nación podría intervenir en los cierres y las provincias relegarías su autonomía.