Los inicios de año generalmente traen sosiego en la legislatura provincial, sin embargo en este 2015 la norma no se ha cumplido, seguramente por la premura de los intereses que están detrás de dos iniciativas que tendrán una enorme repercusión por sus implicancias ambientales y sobre nuestro futuro.Fundavida El Senador por el departamento de Colón, Oscar Arlettaz, ha anunciado que en febrero insistirá en la aprobación de su proyecto de reglamentación de las fumigaciones agrícolas, una norma que vendría a legalizar la situación de envenenamiento con agrotóxicos del que son víctimas las poblaciones cercanas a los campos de cultivo donde se practica la agricultura industrial.Al inicio del debate sobre el tema algunos actores sociales no conocían el grave peligro al que están sometidas las personas en situación de riesgo por proximidad a esta práctica, hoy día a las noticias de sus víctimas mortales debemos sumarles los estudios encomendados por AGMER que confirmaron que los productos arrojados al ambiente ingresan por las vías respiratorias de víctimas inocentes como el caso de la maestra Estela Lemes, poniéndolas en riesgo de enfermedades graves e irreversibles.A esta altura de los acontecimientos, con niños que mueren envenenados por la ingesta de venenos derivados de las fumigaciones, seguir autorizándolas, transforma a los responsables en asesinos culposos, aunque hasta ahora son pocos jueces los que se han animado a calificarlos de ese modo.Lo paradójico es que los únicos que hacen negocios con la agricultura industrial son las empresas como Bayer o Monsanto que nos imponen su modelo que nos envenena y agota nuestros recursos, si nos replanteáramos el modo productivo y lo remplazásemos por uno de producción de alimentos orgánicos, no nos envenenaríamos y nuestro país haría mucho mejor negocio porque el mundo está ávido por alimentos sanos y está dispuesto a pagarlos.El segundo, el recientemente aprobado endeudamiento con China para construir un canal en el norte provincial es de una peligrosidad tal para nuestro futuro que solo registra un antecedente histórico, el abortado proyecto, también impulsado por este gobierno, Arroz del Delta Entrerriano SA.En aquella oportunidad fue un intento de tomar por asalto el patrimonio público apropiándose de centenares de miles de hectáreas de tierras fiscales en beneficio de un anónimo aunque presumible grupo privado. Reaparecen ahora con esta iniciativa que sin ninguna duda es la más ignominiosa traición al interés público jamás intentada y mucho menos concretada de nuestra historia.Construir un canal artificial en una provincia surcada por varios miles de kilómetros de cursos de agua naturales, sin haber efectuado los estudios mínimos sobre su impacto, habla por sí solo de este insensato intento, sobre todo porque los antecedentes en otras latitudes de este tipo de obras son más que elocuentes: en la realidad se constituyen en vectores de desastres ambientales y sanitarios.Los legisladores que votaron esta escandalosa iniciativa del Ejecutivo sin dudas incurren en un flagrante incumplimiento de sus deberes públicos al habilitar el endeudamiento de los entrerrianos en una cifra asombrosa, equivalente al presupuesto anual de la provincia, para construir una obra cuyo presupuesto ha sido groseramente sobreestimado con la clara intención de permitir exacciones y desvíos de centenares de millones de dólares con destino que no exige demasiada imaginación para saber cuál será: la corrupción.El endeudamiento aprobado es de una obscena desmesura, con el monto anunciado se podría resolver la infraestructura sanitaria y educativa ó construir miles de viviendas que terminarían los problemas habitacionales provincialesLa faraónica obra, que no ha sido estudiada siquiera en sus aspectos elementales, además de ser un atentado al futuro de la provincia, beneficiaría durante su construcción y posteriormente su explotación a intereses privados, contrariando los más elementales principios republicanos que deberían ser custodiados por los legisladores, que actuando como lo están haciendo pasan a ser gestores privados del patrimonio público.La historia recién se inicia, con la Ley de Arroz del Delta Entrerriano el Ejecutivo, promotor de la iniciativa, actuó rápidamente derogándola ante la resistencia ciudadana, esta vez pretenderán continuar adelante con esta desmesura que esperamos jamás se concrete por el bien de todos.Endeudarnos en un monto impagable, con un acreedor como China que no dudamos será temible en sus exigencias a la hora del default que llegará inevitablemente porque la cifra autorizada está definitivamente fuera de nuestra capacidad de pago futura, para construir una obra prescindible es un verdadero crimen por el que deberán responder sus responsables.
