Más allá de la reforma política

La introducción de la boleta única, como impulsa la oposición, podrá acotar los márgenes de fraude electoral y en este sentido es bienvenida. Sin embargo, este tipo de dispositivos no es una panacea cívica.o

La llamada “reforma política”, en efecto, puede prestarse a equívoco si con ella se espera una modificación radical de nuestro comportamiento social o nuestra cultura política, cuyas causas son más profundas.

En principio se pretende avanzar sobre el perfeccionamiento de las reglas procedimentales de la democracia. Y aquí la boleta única permitiría superar las corruptelas de los partidos políticos a la hora de imprimir y distribuir papeletas y, además, evitar los robos dentro del cuarto oscuro.

Es un loable intento por transparentar y volver más confiables los instrumentos del sistema político. Más específicamente es una reforma de carácter electoral que intenta frenar los vicios de la clase política.

Quienes están al tanto de estos temas sostienen que dispositivos de este tipo mejorarían el régimen que legitima la elección de los gobernantes en la Argentina, un país que muestra estar atrasado en la materia.

Aquí se inscriben, por ejemplo, la aplicación efectiva de las internas abiertas, la transparencia en la financiación de los partidos políticos, la desaparición de las listas sábanas, la eliminación de las listas colectoras, la instrumentación de las urnas electrónicas, la necesidad de desvincular al gobierno del proceso electoral.

Sin desmerecer la importancia de estos medios, creemos sin embargo que habría que bajar las expectativas acerca de su eficacia, so pena de confundir el fondo con la forma.

Mucha gente, habituada a tener fe excesiva en los aspectos legales, puede creer que estos cambios están llamados a producir una revolución política en la Argentina, sin percatarse quizá de su costado puramente procedimental.

Lo que decimos es que una reforma electoral no equivale per se, ni mucho menos, a una transformación de la conciencia cívica de un país. Lo cual no quiere decir –repetimos- que deba ser desechada.

Lo que nos preguntamos es: ¿Tienen acaso estos instrumentos formales el poder mágico de atacar la anomia de fondo que aqueja a la sociedad argentina, que arrastra un incurable menosprecio por la ley y el orden público?

¿Tienen el poder de devolverle ciudadanía a millones de argentinos excluidos de todos los bienes (económicos, sociales y culturales), y entregados al tome y daca del clientelismo político?

¿Son capaces de sacudir la inveterada indiferencia de los argentinos alrededor de la cosa pública, imbuidos de des-compromiso militante hacia causas que estén más allá de su horizonte egoísta?

¿Alcanzan estos instrumentos, en suma, para bajar los niveles de corrupción estructural, de arriba y abajo, que padecemos, y de esta manera producir la metanoia cívica que reclama la Argentina?.

Creemos que hay que poner las cosas en su justo término. Se nos ocurre que no se le puede pedir a una reforma del régimen de elección de los gobernantes más de lo que puede dar.

Por otro lado, se sabe que “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, se podrá tener el mejor procedimiento electoral democrático, pero eso poco sirve en el contexto de una indecente cultura política.

Ninguna ley hace morales a los habitantes de un país. De lo contrario no se explica que haya tanto desapego a la ley en una Argentina dotada de legislación moderna y juristas de primer nivel.