Más del 60% de las agresiones a periodistas de este año proviene del Poder Ejecutivo Nacional

En julio, al recibir en Bogotá el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo, la periodista colombiana Catalina Gómez Ángel, que trabaja como corresponsal en Irán desde hace casi dos décadas, recordó una cobertura de este año. Las protestas en Teherán llevaban varios días cuando las autoridades cortaron internet y las comunicaciones telefónicas. Frente a ese apagón, explicó, volvió a “la metodología de esos viejos reporteros como Gabo”. Salió a caminar, conversó con quien encontró en el camino y trató de comprender por su cuenta qué estaba sucediendo.

La escena plantea una pregunta incómoda para cualquiera que ejerza este oficio. ¿Qué queda del periodismo cuando se le quitan todas las herramientas? Queda lo esencial: alguien que va, mira, pregunta, contrasta y responde con su nombre por lo que cuenta. Ese núcleo es lo que hoy está en juego en la Argentina. No por un apagón digital, sino por el desgaste sostenido de las condiciones que permiten hacer ese trabajo.

Los datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea describen ese desgaste con precisión. En 2025 registramos 278 ataques contra periodistas, la cifra más alta desde que comenzamos a medir, en 2008. En lo que va de 2026 ese récord ya fue superado. Más del 60% de las agresiones de este año proviene del Poder Ejecutivo Nacional. Las acciones judiciales contra periodistas pasaron de 11 a 30 en un año, y seis de ellas fueron impulsadas por integrantes del propio Poder Judicial. En la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, la Argentina cayó del puesto 40 al 98 en apenas tres ediciones.

Por eso Fopea presentó este mes la situación ante el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión. Lo hicimos porque es nuestra responsabilidad dejar constancia de lo que ocurre: periodistas insultados desde la máxima autoridad del Estado, heridos con balas de goma mientras cubren protestas, demandados por sus investigaciones o alejados de los espacios donde deberían poder preguntar.

No estamos solos en ese diagnóstico. En la apertura de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en Bogotá, su presidente, Pierre Manigault, lo resumió así: “El deterioro de la libertad de prensa no se limita a países con instituciones frágiles. Incluso las democracias consolidadas muestran señales preocupantes de retroceso”. Las conclusiones de esa asamblea incluyeron una alerta específica sobre la Argentina por las descalificaciones oficiales contra periodistas y medios.

Hay una paradoja que merece atención. El mismo poder que estigmatiza a la prensa impulsó un proyecto que prevé penas de hasta 15 años de prisión por “campañas de desinformación”. Fopea y otras organizaciones alertaron que la amplitud de conceptos podía tener un efecto inhibitorio sobre el trabajo periodístico. El proyecto aún no fue aprobado, pero al menos el dictamen de mayoría fue corregido.

Al margen, el problema es de fondo. Un error periodístico, una opinión que incomoda, una falsedad deliberada y una incitación a la violencia tienen naturalezas y responsabilidades distintas. Cuando una ley las mezcla, quien decide qué es verdad ya no es la evidencia, sino quien tiene el poder de acusar.

La desinformación existe y es grave. En los últimos meses estudiamos cómo operan las redes de manipulación informativa: granjas de cuentas automatizadas, sitios que clonan diarios reconocidos, operaciones de inteligencia que pagan por cobertura en América Latina, incluida la Argentina. También sabemos que hoy se puede fabricar en menos de 25 minutos, y sin costo, un video falso de cualquier persona a partir de una foto de su rostro. Pero la respuesta a ese fenómeno no puede ser darle al Estado la facultad de definir la verdad. La respuesta es más y mejor periodismo, y ciudadanos con herramientas para distinguir.

Ese desafío se volverá más agudo en 2027. Habrá elecciones y, con toda probabilidad, el periodismo llegará a ellas sin Estatuto del Periodista, que pierde vigencia el 31 de diciembre sin una norma que lo reemplace. Llegará con redacciones reducidas, con siete de cada 10 departamentos del país convertidos en desiertos o semidesiertos informativos y con herramientas de inteligencia artificial capaces de saturar la conversación pública con contenido falso. ¿Quién va a verificar un audio atribuido a un candidato en una provincia donde ya no queda un medio independiente? ¿Quién va a investigar el financiamiento de una campaña si el periodista que podría hacerlo cobra por nota y sabe que su trabajo puede terminar con un llamado?

Los periodistas también tenemos que hacer nuestra parte. La desconfianza social hacia la prensa no se explica solo por los ataques: también responde a errores propios. La velocidad por encima de la verificación, la amplificación de lo viral sin contexto y la falta de transparencia sobre cómo trabajamos y cómo nos financiamos. Mostrar de dónde sale cada dato, por qué se descarta otro y quién responde por lo publicado es hoy la forma más eficaz de diferenciarnos de lo que solo parece información.

Pero la responsabilidad no termina en las redacciones. A la dirigencia política, a toda, oficialismo y oposición, en la Nación y en las provincias, le corresponde entender que la libertad de prensa no es una bandera para cuando se está en el llano. A la dirigencia empresarial también le cabe un rol, porque el periodismo garantiza condiciones para que haya seguridad jurídica, clave para que haya inversiones.

Frente a todo esto, la fragmentación del propio sector es un lujo que no podemos darnos. Medios, organizaciones, gremios, universidades y periodistas independientes tenemos diferencias legítimas. Pero juntos somos más difíciles de ignorar.

Vuelvo a Teherán. Sin internet y sin teléfono, una periodista salió a la calle a entender lo que pasaba. Ninguna ley y ninguna tecnología pueden reemplazar esa decisión. Pero sí pueden hacerla imposible: alcanza con dejar a quien la toma sin protección y sin respaldo. Blindar los hechos es, en definitiva, defender las condiciones para que alguien siga yendo a buscarlos.

Por Fernando Stanich
Presidente del Foro de Periodismo Argentino (Fopea)