Más vale tarde que nunca

Habló la República y dispuso cambiar. La apertura de un nuevo ciclo democrático genera expectativas. Encontrar consensos será una tarea difícil, pero necesaria para avanzar.   Algunos indicios nos ha proporcionado la semana.  Mario Alarcón Muñiz Se inicia una nueva etapa de la vida argentina. La frase ha sido tan reiterada durante la semana, que además de redundante resulta ociosa. De todos modos es verdad. Lo adelantábamos en esta columna el domingo pasado: "Cualquiera sea el resultado, el panorama presentará variantes", planteábamos, no a modo de vaticinio, sino intentando interpretar el ánimo colectivo.Lo cierto e irrefutable es que la mayoría optó por el cambio. "Doce años ya son suficientes", opinaron las urnas. ¡Y vaya si lo son! En doce años -ya lo señalamos alguna vez- los japoneses pasaron de la ruina absoluta (Hiroshima, 1945) a fabricar y vendernos trenes y usinas eléctricas (1957).Se admite que en doce años alcanzamos logros importantes, entre otros las asignaciones por hijo (proyecto opositor, De Genaro primero y Carrió después, dicho sea de paso), la recuperación de YPF y la reestatización de las jubilaciones. En el otro platillo corresponde colocar la caída de la producción, al punto de redondear el crecimiento cero en los últimos cuatro años; una inflación que nos abruma (la segunda más alta del continente y una de las mayores del mundo); un déficit fiscal que este año ha llegado a la cifra más alta de la historia; la pérdida de mercados internacionales de carnes y granos; el cierre de frigoríficos; las afligentes  carencias de los hospitales; la educación en franco retroceso;  las frecuentes denuncias de corrupción; la inseguridad generalizada; el narcotráfico operando a sus anchas y el aislamiento, tanto del Mercosur como del resto del mundo.Cambiar ha sido la consigna. Cierra un ciclo. No será sencillo el que se abre. Por lo pronto los números han dejado un  mensaje que los protagonistas políticos tienen la obligación de interpretar.No es abrumadora la diferencia. Y esto significa que si a un sector el pueblo le ha confiado la responsabilidad de la conducción, al otro no lo ha desterrado. Los vencedores deberán atender y escuchar a los vencidos, algo que estos no hicieron nunca -vale recordarlo-, pero que obliga de todos modos por la salud de la República y la preservación de la democracia. Pese a los rasgos utópicos de este anhelo en una Argentina caracterizada hasta ahora por los enfrentamientos, de otra manera será imposible salir del pantano. Breve historia de un calote  A los caídos el domingo, les cuesta irse. En todo caso, si se tienen que retirar, no será gratis la cuestión. Lo hemos observado durante la semana. El episodio más llamativo lo protagonizaron los diputados oficialistas. Se supone que ingresarán al libro Guinness de los récords internacionales, al aprobar el jueves a toda velocidad, sin orden del día ni debate y en la mayoría de los casos sin estudio de comisión,  93 proyectos del más diverso carácter: algunos importantes, otros descartables, muchos de escasa relevancia. El atraso de más de dos años quedó superado en una tarde. Hay otros modos de resolver la ineficiencia, sin caer en la irresponsabilidad.Otro caso atractivo, aunque de índole y consecuencias muy distintas, fue aportado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el martes. Para esta columna no es un asunto novedoso. Varias veces lo hemos planteado, reclamando la definición que acaba de producir el máximo tribunal.En síntesis, es inconstitucional la retención que el gobierno nacional practica a las provincias sobre el 15% de los impuestos coparticipables.El escamoteo se originó en 1992, cuando Menem y Cavallo advirtieron que el sistema previsional se había quedado prácticamente sin recursos a raíz de las empresas privadas de jubilación (AFJP) que a poco de funcionar por obra de ese mismo gobierno, captaban la masa mayor de aportes.Idearon entonces el Pacto Federal (más unitario, imposible) por el cual las provincias se desprendieron del 15% de la coparticipación para enjugar el déficit previsional nacional. Calladitos, todos los gobernadores formaron fila y firmaron. Por Entre Ríos lo hizo Mario Moine. El federalismo a la basura. A reclamar se ha dicho  Dentro de pocos días, el miércoles 9, se cumplirán siete años de la ley 26.425 que reestatizó el sistema previsional y puso fin a las AFJP. Obviamente, en ese momento perdió sustento el calote del 15% a las provincias. Los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y San Luis plantearon el reclamo ante la Corte. Los demás no se dieron por enterados.Ese reclamo es el que acaban de aceptar los jueces supremos Lorenzetti, Fayt y Maqueda, poniendo fin a una controversia de siete años. Tarde. Pero más vale tarde que nunca.Mientras tanto, las provincias se endeudaron. Hace cuatro años, al firmarse el primer acuerdo de "desendeudamiento" con la Nación, en esta columna equiparábamos la deuda provincial de entonces con el monto que se había dejado de percibir por el recorte del 15%.Y no andábamos lejos.Resuelta la cuestión, aparecen ahora los reclamos de quienes estuvieron callados todo este tiempo.  Apenas 24 horas después del fallo de la Corte, el gobernador Urribarri rompió el silencio de siete años y firmó un acta con la Presidenta y otros gobernadores, para que el gobierno nacional restituya los montos rateados a las provincias.La aclaración no se hizo esperar. Quienes tienen derecho al reintegro son las demandantes, es decir Córdoba, Santa Fe y San Luis. Las demás deberán negociar. No es el único casoEn una situación parecida se encuentran los fondos de Salto Grande. La ley 24.954, de 1998, distribuyó los excedentes de la represa a Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En 2003 el entonces presidente Kirchner, mediante un artilugio presupuestario (art.15) le echó mano a los fondos de Salto Grande. "Desde entonces Entre Ríos recibe un tercio de lo que le corresponde", confirmó la semana pasada el ex diputado justicialista Augusto Alasino. No hubo reclamo alguno, jamás.