Nadie puede decidir qué lee, qué escucha o qué mira un ciudadano

Los desbordes autoritarios del gobierno no son nuevos, forman parte de su estilo. Pero alguien deberá ponerle límites. Un duro documento opositor dibuja el primer paso, aunque todavía sabe a poco.
Jorge BarroetaveñaLa lógica oficial indica que no hay términos medios. Si alguien defiende al Grupo Clarín quedará atado para siempre a esa lógica. Si alguien levanta la voz y arguye a favor del gobierno, le caerá el mote de 'comprado' con la pauta o los favores oficiales. Pero ese péndulo permanente es plena responsabilidad oficial. Y la Presidenta de la Nación tiene ahora plena conciencia. Néstor Kirchner fue el autor de ese guión, pero tenía una particularidad: se hacía cargo. La Presidenta en cambio, quizás por tener una personalidad diferente, prefiere el silencio y dejar hacer. Se reserva para ella el papel de componedora y erradicadora de conflictos cuando es gente de su entorno y con su venia, la que actúa en sentido contrario.La relación del gobierno con el Grupo Clarín es tan histérica como fluctuante. ¿Otra vez hay que recordar lo bien que Kirchner, y la propia Cristina se llevaban con Magnetto en los primeros años en el poder? ¿Las visitas a Olivos y las largas tertulias? ¿La rúbrica del acuerdo para una poco clara fusión empresarial que autorizó la Casa Rosada? ¿O el silencio cómplice entonces por esos años, ante un caso de supuesta  apropiación ilegal que remite a lo peor de la dictadura militar?De ese cóctel nació, en 2.008 la ruptura. Nadie sabe porqué, o si lo saben lo callan por conveniencia. Kirchner ya no está para contarlo, Cristina quizás no lo sabe y el Grupo Clarín aguarda con la guardia en alto que lleguen mejores tiempos con los gobiernos de turno. Es una pelea de conveniencias en la que han enredado a buena parte de la sociedad argentina, tomándola de rehén. Pero hay límites que no deben cruzarse y el impedimento de circulación de los dos diarios más grandes del país es uno de ellos.El Estado, cualquiera sea su habitante de turno, debe garantizar el ejercicio de la prensa libre. Debe ser garante del derecho que tienen los ciudadanos a informarse. A elegir, sin ataduras, que quieren leer, ver o escuchar. No hay gobierno ni partido que puedan impedir o cercenar ese derecho. Ese límite, el fin de semana pasado fue cruzado. No por los operarios que tienen derecho a reclamar y a pedir sus reivindicaciones. Casi que tampoco por los que fogonearon la movida, con Moyano y sus camioneros detrás. Sí por la justicia que fue incapaz de hacerle cumplir al poder instituido una orden concreta. Y por el poder instituido que, una vez más miró para otro lado y utilizó argumentos infantiles para desoír una orden judicial. Lo verdaderamente riesgoso no es el pensamiento autoritario de un gobierno que tiene esa tendencia y hay infinidad de hechos que lo certifican. Sino la imposibilidad de ponerle límites.Si lo que pasó en las plantas impresoras de Clarín y La Nación hubiera ocurrido en Página 12, o en Tiempo Argentino, ¿cuál hubiera sido la reacción oficial? ¿Si alguien bloqueara el acceso de los periodistas de 6,7,8 a su programa en Canal 7, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran actuado las fuerzas públicas de la misma manera? Seguramente no y ahí está la respuesta. Cualquier medio de comunicación, más allá de su pensamiento o línea editorial, si cumple con las normas que impone la ley, debe estar en la calle. Y el ciudadano será, con su libre albedrío, el que tenga la decisión final de leerlo, verlo o escucharlo. 

*** Los incidentes el fin de semana último con Clarín y La Nación, el nuevo fracaso de los diputados para tratar la reforma del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el 'premio' que le dieron a Hugo Chávez sirvieron como disparador. A mitad de semana, un grupo de legisladores se comprometió a conseguir el apoyo de sus respectivos candidatos presidenciales para emitir, al menos una declaración pública. Es que los popes opositores deben estar cansados de tantos chirlos públicos y acusaciones sobre su escasa vocación de diálogo. A ver. Son los mismos que acusan al kirchnerismo de llevarse las instituciones por delante y han sido incapaces, en todo este tiempo, de acordar cuestiones mínimas en el Parlamento Nacional que les permitan hacer valer el voto popular de 2.009. A izquierda y derecha, son los mismos que aún no han podido consensuar candidaturas presidenciales sin que haya peleas feroces, la mayoría buscando protagonismos personales de poco vuelo. Si Ernesto Sanz, uno de los mejores cuadros dirigenciales que tiene la UCR, primero pide la interna, fija fecha, la acuerda y después se baja utilizando pretextos vagos, el mensaje no es el mejor. Si Das Neves, precandidato presidencial del Peronismo Federal, no puede garantizar en Chubut una elección clara y transparente que, a tres semanas, aún no ha podido ungir a su sucesor, estamos cada vez más cerca del horno.Concientes de esto, los legisladores instaron a sus candidatos presidenciales a firmar un documento en el que establecen un parámetro, o el límite que ellos están dispuestos a respetar. El documento, de pocas líneas se titula "Cuidar la democracia es el imperativo de esta hora  y lo vamos a hacer" y lleva las firmas de Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Felipe Solá y Elisa Carrió. Reseña un acuerdo pétreo, "inamovible que debe respetarse gobierno quien gobierne la república. La libertad de expresión, la independencia del poder judicial y el efectivo cumplimiento de sus fallos se nos impone por encima de nuestros programas de gobierno, de nuestras coincidencias y de nuestras disidencias". Es un primer paso. Faltan otros.