No hay paz social sin apego a la ley

La ola de robos y saqueos ha hecho que muchos se preocuparan por la institucionalidad del país. De repente la legalidad empezó a introducirse en la agenda, como si se descubriera recién ahora que no hay convivencia en paz sin imperio de la ley.Toda realidad ignorada prepara su venganza. El desprecio consuetudinario hacia las normas sociales, hacia aquellos principios que son la base del Estado de Derecho, finalmente se pagan con desbordes sociales incontrolables.Quizá ésa sea la moraleja contemporánea de Argentina, un país cuya nota distintiva es la "anomia", termino acuñado por la sociología clásica para significar ausencia de normas para regular la vida social.En realidad no es nuevo que determinados grupos, muchos de ellos apañados por la política, actúen directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones.Creer que los saqueos de estos días son una extraña planta del suelo social es no querer ver que la transgresión se ha hecho hábito. Al punto que los argentinos hemos perdido la noción de orden público. Oscilamos entre la represión autoritaria de antaño y la licencia del presente.No es casual que tengamos un problema con la violencia, un rasgo típico de la anomia. Hay razones para creer que legitimada y practicada sin escrúpulo en el plano político en el pasado, se ha desplazado al mundo social bajo forma de criminalidad.El jurista Carlos Nino, en su libro "Un país al margen de la ley", escribió páginas clásicas sobre este mal estructural relativo a la inobservancia argentina de la normatividad, expresión de lo cual es la no cultura de la Constitución.Violadores seriales de los preceptos constitucionales, los gobernantes argentinos no han asimilado la idea de que deben servir a la ley -que está por encima de la voluntad de poder- y no servirse de ella.Cuando no se acata el orden jurídico y se va directamente a la imposición de lo que se desea, la vida pública entera se anarquiza y se crea el caldo de cultivo para la aparición de regímenes dictatoriales.Argentina hizo esto, echó por la borda su institucionalidad, en el fatídico golpe de 1930 encabezado por el general José Félix Uriburu, que contó con el apoyo de los nacionalistas, embobados con el corporativismo mussoliniano y el prusianismo alemán.Ese abandono del sistema político representativo que, a pesar de sus imperfecciones, había sobrevivido exitosamente 68 años, y asegurado el adelanto del país, tuvo un efecto catastrófico hacia adelante.Y de hecho hay quienes creen que allí comenzó el abandonó de la cultura de la Constitución. Por lo pronto seis golpes militares hicieron suspender el pleno ejercicio de la Carta Magna durante más de 23 años del siglo XX.El retorno de la democracia en 1983 supuso en teoría la vuelta del Estado de Derecho, la plena vigencia de la Constitución y las instituciones por ella creadas. Pero el balance de estos años, a la luz de la experiencia histórica y del presente, revela que la anomia parece estar en los genes de los argentinos.La tiranía de la trasgresión, la recurrente tendencia a la ilegalidad en todas sus manifestaciones (desde la persistencia de la economía informal hasta la corrupción pública; desde el no cumplimiento de las normas de tránsito hasta la depredación del espacio público; desde los desmanes de las barras bravas hasta el apriete de las patotas y piquetes), nos coloca siempre al margen de la ley.Pero el abandono de la cultura de la norma tiene un alto precio: la degradación de la convivencia y la pérdida de la paz social.