Palabras por aquí, penurias por allá
La diferencia entre los discursos y la realidad es cada día mayor. Ricos más ricos, pobres más pobres. En el campo está la prueba.Mario Alarcón MuñizLos grandes grupos económicos dedicados a explotar la tierra, compran o alquilan al chacarero que abandona el campo. El domingo pasado mostrábamos cifras oficiales, extraídas del Censo Nacional Agropecuario: en 1988 el relevamiento registró 421.221 explotaciones rurales; en 2008, eran 276.581; por lo tanto en veinte años desaparecieron 144.640 unidades rurales, en su gran mayoría pequeñas empresas familiares. Y la tendencia persiste.Como no disminuyó la producción, sino todo lo contrario, aumentó el volumen de manera considerable en el mismo lapso, principalmente en granos (de 30 millones a 89 millones de toneladas), es fácil deducir que los buenos vientos del mercado mundial han favorecido a los poderosos, en detrimento de los pequeños y medianos que se empobrecieron.No se requieren mayores argumentaciones. Cada uno de nosotros conoce por lo menos un caso de familia chacarera que asfixiada por los precios, los costos, los impuestos, los intermediarios y cuanto carancho sobrevuela el campo, vendió y se fué.No sólo el agricultor ha sido víctima del desamparo. En diez años la Argentina ha perdido casi la mitad de los tambos. De 18.000 tamberos registrados en 2003, este año quedan 10.000. Sólo el año pasado cerraron sus tambos 500 pequeños lecheros. Pero la producción no se alteró para nada, pues se fortalecieron las empresas dominadoras del rubro, a tal punto que de 10.000 millones de litros el ordeñe creció el año último a 11.500 millones.¡Cuánto progreso! En la Argentina actual el 43% de la superficie cultivable está en manos del 1,3% de los propietarios. También es un dato del censo. Algunos casos demuestran con claridad el avance de los grupos concentrados.Calyx Agro es uno de ellos. Originado en la compañía multinacional Louis Dreyfus, opera en nuestro país como empresa nacional a partir de 2007. Desde aquí extiende sus actividades a Brasil, Uruguay y Paraguay.Según observadores agrarios, ha multiplicado sus negocios en poco más de cinco años. Se trata de una de las mayores operadoras agrícolas del mundo y circunstancialmente actúa junto a Cargill y Monsanto con las que en un futuro -vaya uno a saber si cercano o lejano- disputará el dominio del mercado mundial de alimentos. A eso apuntan.El grupo argentino Cresud es un modelo de prosperidad. Lo encabeza Alejandro Elsztain, vicepresidente del Banco Hipotecario, fuerte accionista de esa institución y -se dice- muy cercano a la Presidenta y su equipo, a tal punto que es uno de los principales interesados en el polémico proyecto del polo audiovisual de la isla Demarchi por ser propietario de la zona aledaña. Conviene saber que Cresud domina también la importante inmobiliaria Irsa.Pero lo que nos interesa atender a los efectos de la presente nota, es el formidable crecimiento agropecuario de este grupo. En tiempos de Menem poseía 20.363 hectáreas, que no era poco terreno. Cerró 2012 como propietario de 473.093 hectáreas.No cuestionamos la legalidad de estos negocios. También puede ser legal el funcionamiento de los fondos privados de inversión rural (en algunos casos "pooles" de siembra, en otros inversiones ganaderas o forestales) que están creciendo al amparo de la política oficial o en todo caso de la falta de política agropecuaria. Después de haber tropezado tantas veces, el pequeño y mediano productor les vende o arrienda a estas nuevas organizaciones de "modernización productiva" (así se las presenta) y se va. Este es el problema. Además desnuda el gran contraste entre la propaganda oficial, los discursos de ciertos funcionarios y la realidad de la tierra sometida.Los más pobres, pobrísimosMientras tanto, la veintena de familias del campo El Quebracho, de Santa Elena, está amenazada de desalojo por decisión judicial e ineficiencia del gobierno que en 20 años ha sido incapaz de resolver el problema.Más allá aparece con toda crueldad el desamparo de los aborígenes qom, de Formosa, perseguidos y desalojados por el gobierno de su provincia. Dos muertos por defender su campo La Primavera en 2010, veinte muertos de hambre en 2011 y cada tanto algún asesinato por parte de fuerzas de seguridad, obligan a prestarle atención a este reclamo de tierras que históricamente les pertenecen.En Jujuy sucede algo parecido. Hubo cuatro muertos y treinta heridos en un desalojo de quinientas familias hace poco menos de dos años, meses después de los tres muertos del parque Indoamericano de Villa Soldati, en Buenos Aires, aunque en este caso no por la tierra, sino por la vivienda.La dura represión a los diaguitas de Los Pailas, en Salta; el desalojo de la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque, en Chubut, para satisfacer al grupo Benetton, en febrero de 2011; por la misma época otros mapuches, en este caso de Neuquén, despojados de sus tierras; los frecuentes intentos de expulsión de la comunidad quilmes de Colalao del Valle, Tucumán; la muerte de un dirigente campesino en Santiago del Estero hace seis meses, son algunos casos reveladores de una realidad imposible de esconder."Una tierra para todos", reclamó el Episcopado -presidido por el actual papa Francisco- a mediados de 2006, mediante un documento que merece ser releído, al menos por parte de funcionarios y legisladores.Hasta las Naciones Unidas se han expresado a través de su Consejo de Derechos Humanos al pedir al gobierno argentino, en setiembre del año pasado, que "cese el desalojo de indígenas" y solucione "la grave irregularidad de sus tierras".La ley 26.160, promulgada a fines de 2006, de protección de los pueblos originarios, declaró en emergencia sus tierras por cuatro años hasta realizar un relevamiento que todavía está pendiente. No se ha concluido el trabajo y la segunda prórroga vencerá en noviembre próximo. ¿Alguien le prestará atención o caerá también la protección a los más pobres, pobrísimos?.
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