Panorama del Arroyo Venerato: funcionarios públicos, algunos infieles

[gallery link="file"]Un funcionario público es un trabajador que desempeña funciones en un organismo, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial, que accede a esa responsabilidad por elección, nombramiento, selección o empleo directo.Fundavida*OpiniónLa cualidad en el cumplimiento de su rol es determinante para configurar la calidad institucional de la organización social (léase país) a la que presta servicios, sus responsabilidades atienden al interés general o sea el de todos los ciudadanos.Generalmente en el desarrollo de su función administra situaciones en las que colisionan los intereses de sectores y personas con el interés general, debiendo por obvias razones siempre y en toda circunstancia optar por la defensa de este último, dado que esto es la naturaleza esencial de su responsabilidad, la defensa de lo público.El marco normativo de su acción es el sistema jurídico, son las leyes y disposiciones de todo carácter que administran la sociedad las que él debe velar para que sean cumplidas y respetadas, en resguardo del interés general.Pero este contexto ideal, en nuestra realidad, es solo un boceto maltratado y traicionado cotidianamente por quienes reciben estas responsabilidades, o sea los funcionarios públicos y esta es una de las razones determinantes de la mala calidad de nuestro funcionamiento institucional, que lleva a los ciudadanos a considerar con cínico escepticismo nuestras posibilidades como organización social.Fundavida a principios de 2008 efectuó una denuncia ante el funcionario público responsable de hacer efectivo el cumplimiento de la Ley N° 26.331, -Ley de Bosque-, sancionada en 2007 que fue creada para el control de los desmontes ilegales que están destruyendo nuestro bosque nativo, nuestros humedales, selva en galería de nuestros ríos y arroyos, que son devastados por la codicia de los propietarios circunstanciales de estas tierras que son ilegalmente sumadas al holocausto sojero.La denuncia de referencia era para impedir lo que estaba ocurriendo en un establecimiento de campo cito en las costas del arroyo Venerato, afluente del río Gualeguaychú, propiedad de una firma.En dicho establecimiento de campo se estaban construyendo endicamientos contra las costas del Venerato, secando humedales, arrasando el bosque nativo y posteriormente implantando cultivos. Todo esto en forma ilegal, contraviniendo expresamente las disposiciones de la Ley 26.331.Unos meses después requerimos nuevamente a este funcionario público nos informara el estado del expediente y las actuaciones realizadas frente a la flagrancia del delito que se estaba cometiendo.No tuvimos ninguna respuesta, solo en una llamada telefónica respondida por Conrado González, entonces responsable del área, nos dijo literalmente que... "no había enviado al lugar ninguna comisión de constatación por carecer de vehículos para tal cometido", cuando a nosotros nos contaba que sí había dispuesto el envío de funcionarios y vehículos en mas de 300 comisiones para autorizar desmontes a lo largo y ancho del territorio provincial.Como es un tema que consideramos prioritario y muy grave por sus implicancias no solo para la naturaleza de nuestro departamento, nuestros ríos y arroyos y también para la calidad institucional de nuestra provincia; organizamos una expedición por río, primero el Gualeguaychú y luego el arroyo Venerato para hacer una constatación directa de lo ocurrido desde nuestra denuncia hasta el día de hoy.Lo que vimos y fotografiamos es desmoralizador: los desmontes denunciados no solo no fueron frenados y los responsables sancionados con las disposiciones legales sino que por el contrario se han profundizado y multiplicado.Se destroza la naturaleza de la región damnificada proponiendo un panorama dantesco de aniquilamiento de flora y fauna y destrucción de los suelos afectados que interrumpieron su proceso de formación. Por la acción ilegal de los responsables de estos hechos han quedado salinizados y arruinados para cualquier actividad, interrumpiendo un proceso que en el mejor de los casos, y si se restablecieran inmediatamente las condiciones primigenias, probablemente llevaría varios siglos a la naturaleza restaurar.Cumplir con la leyEstos funcionarios públicos responsables entonces, al incumplir específicamente las leyes cuyo cumplimiento deben resguardar están cometiendo delitos que son penados por las leyes que regulan el cumplimiento de sus funciones.Delitos que nuestro sistema judicial generalmente ignora y los jueces no juzgan ni condenan, contribuyendo a agravar la decadencia y la falta de fe de nuestros ciudadanos en las instituciones fundacionales.Fundavida no desmayará ni descansará en la lucha por el cumplimiento de la Ley, en las próximas semanas haremos presentaciones ante la justicia denunciando estos hechos y a los funcionarios infieles que están traicionando sus mandatos y las leyes cuyo cumplimiento deben garantizar.No dudamos que los ciudadanos comunes, como nosotros, se alinearán detrás del reclamo social para que las leyes sean efectivas y los delincuentes que no las cumplen sean tratados con todo el rigor de las sanciones previstas.Esperamos que nuestros jueces finalmente salgan de su mutismo e indiferencia que roza también una criminal complicidad y que las hagan cumplir para el bien de toda la sociedad.www.fundavida.org.ar