Paro de colectivos: El duro comunicado de las empresas y la falta de fondos

En medio del conflicto que se generó respecto de quién debe pagar el aumento salarial para los trabajadores del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos en las provincias para este viernes que, a diferencia de las ocasiones anteriores, no puede ser desactivado por el Gobierno mediante el dictado de la conciliación obligatoria.

La disputa comenzó luego de la última reunión paritaria, en la que las autoridades nacionales concedieron el incremento que exigían los representantes sindicales y dijeron que una buena parte de esa suba debía ser aportada por las empresas de transporte, que se retiraron del lugar sin firmar el acuerdo.

Fuerte advertencia de las empresas

Ante esta situación, las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros -FATAF- advirtieron que no cuentan con fondos para pagar.

"No se han cumplido las condiciones establecidas para la aplicación de los salarios establecidos en la negociación paritaria, motivo por el cual los mismos no están vigentes y no pueden serle exigidos a las empresas prestadoras.

El comunicado de las empresas

En el acta paritaria del día 22-6-2023, en función de compromisos asumidos en ese mismo momento por el Ministerio de Transporte de la Nación, FATAP sujetó la exigibilidad de la pauta salarial al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1.- Que el Ministerio de Transporte de la Nación efectúe en forma adicional al aporte mensual que viene realizando, de $7.000 millones, una suma de $2.000 millones durante los meses de julio, agosto y septiembre del corriente año. A la fecha, no existe Resolución que implemente y distribuya ese incremento.

2.- Que los estados provinciales realicen los aportes necesarios y adicionales al que hoy efectivizan, y al que realiza la Nación, para atender el presente acuerdo salarial. La inexistencia de aquella Resolución implica que no se han firmado los Convenios con las Provincias que permitirían contar con estos aportes adicionales provinciales.

3.- Que el Ministerio de Transporte de la Nación convoque para la próxima semana a una Comisión integrada por el Ministerio de Transporte, COFETRA, UTA y FATAP para analizar la forma de distribución de los fondos que se distribuirán a partir del mes de julio en adelante. La convocatoria no se ha formalizado aún.

4.- Que el Ministerio de Transporte de la Nación establezca una Comisión de trabajo para resolver, conjuntamente con la Dirección Nacional de Rendiciones de los Fondos Compensadores, aquellas situaciones de atraso de provincias con rendiciones retenidas y no aprobadas y las distintas secretarias o Autoridades de Aplicación de esas Provincias para tal efecto, a más tardar el día 29 de junio de 2023. Se generó un encuentro sin resultados a la fecha.

5.- Que el Ministerio de Transporte de la Nación transfiera los fondos pendientes de la Resolución N°361/2023 durante el mes de junio de 2023, en la medida que las provincias realicen las rendiciones del caso. No se han distribuido esos fondos.

6.- Que el Ministerio de Transporte de la Nación, una vez resuelta las situaciones que se atenderán en el punto B), genere, en forma inmediata, el pago de los fondos compensadores retenidos. Los pagos no se han generado.

7.- Que las cuotas mensuales correspondientes al Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País sean acreditadas a las empresas nucleadas por FATAP a más tardar el último día hábil del mes al que cada cuota corresponda. Las demoras continúan, lo que se verifica con el hecho de que la mayoría de las jurisdicciones provinciales aún no han percibido los fondos del mes de MAYO.

Es por ello que sostenemos que el reclamo que la Unión Tranviarios Automotor formula a esta Federación resulta ilegítimo, por cuanto lo hasta aquí expuesto es de pleno conocimiento de aquella por haberse expuesto y debatido en la negociación paritaria.

En este estado de situación, se torna imprescindible el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades competentes, así como que cada una de ellas, sean nacionales, provinciales o municipales, asuman sus responsabilidades no solo frente a las prestadoras de los servicios, sino también frente a los usuarios y trabajadores, para generar -de una vez por todas- las condiciones de sustentabilidad que el sistema de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del País requiere.