Políticas públicas inteligentes en materia de seguridad

La realidad suele golpearnos, con más frecuencia que la que desearíamos, con hechos de inseguridad (delitos contra las personas, contra la integridad sexual, contra la propiedad, solo por nombrar los más corrientes y que impactan en la sociedad en forma directa e inmediata) que nos conmueven y preocupan, como no podría ser de otra manera. Por Mario Alberto Juliano (*)  Las reacciones de los poderes públicos frente a estos hechos tienen algunos comunes denominadores: reclamar más efectivos policiales, más patrulleros, más cámaras de seguridad, convocar a reuniones entre funcionarios públicos de los distintos poderes, echarse la culpa unos a otros por no haber hecho lo que supuestamente había que hacer y responsabilizar de nuestras desgracias a algunos fantasmas, más o menos reales, como la puerta giratoria, las drogas, las bebidas alcohólicas, los jóvenes, los inmigrantes y otras categorías.Mientras tanto la ciudadanía, desorientada, solo atina a elevar sus voces de protesta, organizar marchas reclamando justicia, escraches a funcionarios, reclamos airados por los medios de comunicación, sumando más desconcierto al panorama.Lo cierto y lo concreto es que transcurren los días, los meses y los años y la historia vuelve a repetirse sin que parezca que hayamos avanzado ni un milímetro en soluciones concretas y tangibles, que hayan contribuido a pacificar la sociedad. Si abrimos un diario de hace diez ó quince años comprobaremos que la discusión en materia de seguridad continúa siendo exactamente la misma que en aquellos entonces.ImprovisaciónCuando hablamos de seguridad pública, lo primero que se advierte es una notoria y generalizada improvisación, producto del desconocimiento sobre las lógicas de la casuística delictiva. Suele confundirse el conocimiento de la existencia de ciertos episodios cotidianos de inseguridad (asaltaron al almacenero de la esquina, le pegaron un tiro a un trabajador para robarle la bicicleta) con el conocimiento sobre la sistematicidad de los hechos de  inseguridad o, dicho con otras palabras, la seguridad concebida como sistema, que se expresa sobre la base de ciertas racionalidades. Y también existe una tendencia a generalizar las explicaciones de hechos más o menos puntuales: andan todos drogados, la nocturnidad está asociada a la violencia, los jóvenes están sin control, etcétera, sin que en realidad existan datos que confirmen la existencia de los patrones que se invocan.En estas condiciones, ignorando la naturaleza del fenómeno que nos preocupa, resulta muy dificultoso implementar políticas públicas que influyan en su ocurrencia, y ni siquiera estamos en condiciones de afirmar (como se hace) que estemos "peor" o "mejor" en  materia de seguridad, ya que carecemos de datos serios y confiables que nos permitan comparar la realidad con otros períodos históricos. Y los pocos datos que existen suelen ser deficientemente interpretados.Una política de seguridad pública democrática e inclusiva, que nos abarque y beneficie a todos, concebida como un derecho humano del cual somos acreedores todos los individuos por nuestra sola condición de persona, debe comenzar (remarco, "comenzar") a construirse en base a dos aspectos centrales e ineludibles: a) el acceso a información sobre las características y sistematicidad de los hechos de inseguridad, y b) la optimización de los escasos recursos disponibles, reorientándolos a una verdadera consolidación de la seguridad pública. Pero también sobre la base del reconocimiento de que no podemos aspirar a una seguridad absoluta, equivalente a la inexistencia de conductas delictivas, ideal jamás alcanzado.Relacionado con la primera de las cuestiones (el acceso a los datos del delito), reglas de lógica elemental indican que para accionar sobre un fenómeno (en este caso la inseguridad) es necesario conocerlo, y que para conocerlo debe contarse con información, completa y objetiva, que nos muestre una radiografía, lo más profunda posible, sobre el tema que nos interesa. Ejemplificando, si deseamos conocer acerca del robo de automóviles, tendremos que saber qué zonas de la ciudad son las más afectadas (para disponer una vigilancia más intensa en ese sector), que tipo de vehículos son los preferidos, en qué condiciones se encontraban (lo que se puede conocer a través de las encuestas de victimización), el modus operandi empleado (si los hechos fueron con armas, sobre vehículos dejados estacionados en la vía pública) y, principalmente, tratar de detectar los canales por los que se comercializan los bienes sustraídos (si los vehículos salen de la ciudad, sin son desarmados en nuestro distrito), procurando obturar su circulación.FUENTES DIVERSAS La información debe provenir de fuentes diversas: la producida por las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, los organismos públicos vinculados, los medios periodísticos, pero también de la propia ciudadanía, como es el caso de las encuestas de victimización.En base a la información, recolectada e interpretada por organismos independientes de los observados (fuerzas de seguridad y poderes públicos) e interdisciplinarios (donde se cruce el conocimiento de distintas disciplinas, como el trabajo social, la informática, la psicología, el derecho, la economía, entre otros) recién se podrá pensar en adoptar medidas tendientes a incidir en el fenómeno.Insistimos, no existe posibilidad seria y confiable de gobernar un fenómeno si no se lo conoce del modo más íntimo posible.El conocimiento sobre la sistematicidad de los hechos de inseguridad permitirá aplicar políticas públicas orientadas a su control, y este mismo conocimiento es el que posibilitará disponer los recursos con que se cuenta (normalmente escasos) del modo más eficiente y eficaz posible. Ejemplificando, es preciso conocer en detalle el modo en que operan las fuerzas de seguridad respecto del delito, en qué ocupan su tiempo, a qué tipo de conflictos orientan sus esfuerzos, si se aplica la inteligencia suficiente para intervenir sobre los canales que organizan la criminalidad. O si el despliegue se reduce, principalmente, a operar sobre las consecuencias más burdas y manifiestas de la ilicitud. Es evidente que si las fuerzas de seguridad dedican la mayor parte de sus esfuerzos al control superficial y aparente del espacio público, mediante intervenciones sobre individuos que responden a un estereotipo previamente estigmatizado, a detener cantidades significativas de individuos con la excusa de la averiguación de antecedentes, identidad o medio de vida, perseguir a consumidores y delincuentes de poca monta, difícilmente se logre incidir en la producción de la conflictividad, atendiendo a las consecuencias, pero omitiendo las causas.El poder político tiene la responsabilidad de abandonar la improvisación (en esta y en otras materias), dejar de correr detrás de los acontecimientos, hacer primar la sensatez y la racionalidad y elaborar líneas de acción y estrategias para su implementación que nos coloquen en la senda de una atención eficaz de los problemas y en la construcción de una sociedad razonablemente pacificada. (*) Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal y juez del Tribunal en lo Criminal 1 de NecocheaPublicado en Ecos Diarios