SE TENSA LA RELACIÓN ENTRE LOS DOCENTES Y EL GOBIERNO
Por los conflictos gremiales, los chicos ya perdieron más de una de las ocho semanas de clases
El inicio del ciclo lectivo 2024 en Entre Ríos está atravesado por los paros docentes. El eterno conflicto por los bajos salarios, sumado a la paralización de obras de infraestructura y el recorte del Fonid por parte del Gobierno Nacional, ha hecho que los chicos que concurren a las escuelas públicas pierdan varios días de clase.
De las 8 semanas que lleva la provincia de ciclo lectivo 2024, en la mayoría de ellas no hubo 5 días de clases. Todo comenzó la última semana de febrero, cuando hubo sólo dos días de clase, ya que el lunes 26 hubo un paro nacional de Ctera al que Agmer se plegó, y luego el gremio entrerriano realizó la misma medida de fuerza el jueves 29 y el viernes 1 de marzo.
Luego, durante el transcurso de marzo hubo cierta normalidad, ya que, salvo por el paro del 8 de marzo por el Día de la Mujer, no hubo huelgas docentes. Mientras que en abril, volvieron a ser moneda corriente. El 4, luego del fin de semana extra largo por jueves y viernes santo y por Malvinas, Ctera realizó un nuevo paro nacional al que se plegó Agmer; mientras que esta semana no dictaron clases los docentes del gremio mayoritario el miércoles 10.
De esta manera, en lo que va de 2024 llevamos 6 jornadas de paro docente en 8 semanas de clase. Acerca de ello, la Secretaria de Agmer de Gualeguaychú Natalia Zucol dejó en claro que hasta que no haya una recomposición salarial los conflictos continuarán. “Es la herramienta legal y constitucional que tenemos los docentes sindicalizados y organizados, no es responsabilidad nuestra, todos queremos estar en las escuelas, pero es la única forma que tenemos para poder hacer oír nuestros reclamos”, argumentó.
Acerca de la negociación salarial, comentó que “estuvimos en la mesa paritaria el 5 de abril y no hubo sobre la mesa ninguna propuesta del gobierno, la última fue por paritarias y la Gobernación la incumple, porque tenían que pagar antes del 15 de marzo un 18% de aumento, y eso lo percibimos el 19 de marzo, luego de que se achicaran los fondos del Fonid, Conectividad y de un bono de $25.000 del mes de febrero que los compañeros tampoco percibieron en el mes de marzo”, enumeró la gremialista.
“Mientras sigamos teniendo a docentes que tienen que trabajar en un doble cargo para poder satisfacer las necesidades básicas de alquiler, comida y salud no podemos estar hablando de calidad educativa. Un cargo inicial no llega a los $600.000, estamos en una situación realmente alarmante, porque más allá del incremento inflacionario, imagínate que venías cobrando $300.000 y ahora cobraste $250.000, no es que cobraste lo mismo y las cosas aumentaron el doble, sino que cobraste menos porque te sacaron de tu sueldo”, ejemplificó Zucol.
Por otra parte, el ajuste del presidente Javier Milei a la educación también se siente en el día a día de los alumnos. “Tenemos una realidad tremenda muy cercana en la Escuela Domingo Matheu, con todos los materiales comprados y con la parálisis de la obra, los alumnos están hacinados, se desplomó parte del cielorraso, un milagro que no haya habido ningún alumno abajo; las escuelas sin mantenimiento, no se están nombrando ordenanzas, hay escuelas que no tienen porque con la epidemia del dengue tenemos ordenanzas y docentes afectados por la enfermedad, son 15 días que están sin ordenanzas para limpiar, el deterioro en la educación es amplísimo”, lamentó.
Máxima tensión entre el Gobierno y Agmer
El paro de esta última semana recrudeció la relación del gremio que nuclea a la mayoría de los docentes entrerrianos con el Consejo General de Educación, que denunció la ilegalidad de la medida.
El CGE elevó un pedido a la Secretaría de Trabajo donde solicitó declarar la ilegalidad del paro docente, rechazando “el modus operandi en el que han procedido las asociaciones sindicales: sin previo aviso, encontrándose las negociaciones abiertas y sin esperar siquiera a la audiencia de conciliación fijada para este 16 de abril de 2024”.
Desde el gobierno entrerriano, aseguraron que se trató de un “ejercicio abusivo” y que está en “flagrante contradicción” con el principio de buena fe (Art. 6 de la Ley 9624), que impera en el marco de las negociaciones salariales, "máxime si se encuentran abiertas”, argumentaron.
En el escrito además se mencionó que el ejercicio del derecho a huelga puede ocasionar riesgos o perjuicios para el interés público o general de la sociedad, por lo que “el Estado –como personificación y garante de esos intereses- tiene la responsabilidad de intervenir y fijar un límite al mismo, en salvaguarda de la comunidad o de los principios e instituciones básicas que rigen su existencia como tal. En este caso, de las múltiples familias que forman parte de la comunidad educativa de las escuelas de la Provincia de Entre Ríos”.
Desde el CGE sostienen que las Asociaciones Sindicales, “de manera intempestiva e infundada, lejos de respetar lo establecido por la ley y encontrándose la negociación abierta, decidieron tomar medidas de acción directa (paro docente), dejando sin clases a una gran cantidad de niños y niñas, con el fin de “coaccionar al Estado Provincial para que realice una propuesta salarial inmediata o se viera forzado a aceptar los petitorios planteados”.
Por último, en la misiva el CGE ratificó la voluntad política de “diálogo permanente con todas las asociaciones sindicales docentes de la provincia y la necesidad de que se lleve a cabo la audiencia de conciliación fijada para el martes 16 de abril, en la que se aprovechará para continuar con las negociaciones paritarias iniciadas en el presente año”.
Mientras que del otro lado del mostrador, la respuesta de Agmer fue contundente: “Tal como planteamos al Secretario de Trabajo, el ejercicio de nuestro derecho de huelga de ninguna manera comporta un perjuicio al derecho del estudiante a la educación. Y, por el contrario, de la afectación del derecho de los trabajadores sí resulta daño irreversible, tal como nos ocurre ante la merma constante de nuestro salario”, aseveraron desde el gremio en un documento presentado el viernes ante la Secretaría de Trabajo, en respuesta a la cédula emitida por ese organismo.
“Al mismo tiempo, dejamos aclarado que la Secretaría de Trabajo no tiene atribuciones para declarar una Conciliación Obligatoria ni para ordenar la suspensión de las medidas de fuerza resueltas por nuestro Congreso”, enfatizaron.
“Como ya lo manifestamos, las necesidades y urgencias de la docencia no son un juego; no aceptamos especulaciones ni dilaciones. De igual manera, desde esta CDC exigimos a las autoridades del gobierno provincial y del CGE que se abstengan de emitir declaraciones y normativas persecutorias hacia los compañeros en funciones de supervisión, equipos directivos y docentes, con la pretensión de sancionar nuestro legítimo ejercicio de la huelga. Lo que sí deben hacer -y de inmediato- es disponer la voluntad política de garantizarnos una propuesta salarial que nos permita recuperar el salario que venimos perdiendo producto de la inflación y los recortes de fondos nacionales”, finalizaron.