Prestadores y familiares de personas con discapacidad definen el aumento en el nomenclador como “insuficiente”

En los últimos años, los prestadores de servicios para personas con discapacidad vienen denunciando una grave disparidad entre los costos reales que enfrentan (sesiones de terapias, equipos interdisciplinarios, transporte, administrativos, tasas, salarios, insumos) y los valores reconocidos por el sistema de aranceles.

Tras varios incrementos mínimos y tímidos —por ejemplo ajustes del 1 % en octubre de 2024, 0,8 % en noviembre y 0,5 % en diciembre— el desajuste entre los valores nominales de los servicios y la inflación real se fue profundizando.

En este contexto de reclamos, una ley de Emergencia en Discapacidad (que apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para personas con discapacidad con, entre otras cosas, la regularización de pagos y actualización de aranceles) fue aprobada por el Senado el 10 junio.

Sin embargo, el 4 de agosto, el presidente Javier Milei la vetó en su totalidad. Ante ello, tanto la Cámara de Diputados como el Senado insistieron con esta ley con una mayoría de 2 tercios y dejaron sin efecto el veto. Es por eso que el Poder Ejecutivo debió promulgar la ley, pero en el decreto de promulgación señaló que, hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias, la ejecución de la normativa queda suspendida.

La semana pasada, un anuncio oficial difundió que el arancel del nomenclador se incremente hasta un 35 %, en tres tramos durante los últimos meses de 2025. Sin embargo, el mensaje de muchos actores del sector es claro: “Mejor que nada, sí. Suficiente, de ninguna manera”.

Según el comunicado oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y del Ministerio de Salud de la Nación, el incremento se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad.

Entre los beneficiados se incluyen prestadores de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros. El gobierno lo enmarca como “una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.

En cambio, la visión del sector afectado es casi opuesta: “Detrás de los números, la realidad es otra. El aumento no compensa el atraso del 70% acumulado desde diciembre de 2023, se paga fraccionado y recién se cobrará entre marzo y abril de 2026. Representa solo la mitad de lo que establece la Ley de Emergencia en Discapacidad. No hay previsibilidad, no hay reconocimiento, y el sistema sigue en crisis. Las instituciones y los profesionales sostienen, con esfuerzo, lo que el Estado continúa desfinanciando”, comunicó el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad.

Ahora ElDía dialogó con referentes de organizaciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad que manifestaron el desencanto, la fatiga y la gran urgencia que vive el sector. “La noticia es mejor que nada, pero lo que llegó es poco, es insuficiente. Llega tarde, y no responde para nada a la Ley de Emergencia en Discapacidad que a pesar del veto fue confirmada por las cámaras”, confesó Inés Olloquiegui, licenciada en Fonoaudiología y miembro de la comisión directiva de la Federación Argentina de Colegios y Asociaciones de Fonoaudiólogos (Facaf).

“Lo que llegó es poco, es insuficiente. Llega tarde, y no responde para nada a la Ley de Emergencia en Discapacidad” - Inés Olloquiegui.

Lourdes Klocker, secretaria de Programas Especiales y Atención de Discapacidad del Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos (Cofer), especificó aún más el reciente aumento del nomenclador, “Establecido en un 35,43% acumulativo, se distribuye de la siguiente manera: en octubre: 14%, noviembre: 10%, diciembre: 8%. Cabe destacar que el valor del nomenclador no se actualizaba desde diciembre de 2024, por lo que se esperaba un incremento cercano al 70% para poder equiparar el desfase acumulado”.

“El aumento otorgado resulta claramente insuficiente, ya que continúa por debajo de los honorarios mínimos que deberían percibir los prestadores. En el caso de nuestra profesión —enmarcada dentro de la prestación de apoyo—, los valores actuales se encuentran muy por debajo del valor ético mínimo estipulado para una sesión profesional. Por ejemplo, una sesión de fonoaudiología, cuyo valor ético ronda entre $23.000 y $30.000, estaba siendo abonada en $12.370, y con el aumento de octubre pasó a $14.102. Este monto evidencia una brecha inaceptable que coloca a los profesionales en una situación económica y laboral sumamente angustiante e insostenible”, continuó Klocker.

“Una sesión de fonoaudiología, cuyo valor ético ronda entre $23.000 y $30.000, estaba siendo abonada en $12.370, y con el aumento de octubre pasó a $14.102” - Lourdes Klocker.

Frente a esta realidad, la profesional explicó que cada prestador se ve obligado a acordar con las familias de los pacientes la modalidad de continuidad de las prestaciones. “No obstante, el sostenimiento de los espacios de trabajo se vuelve cada vez más difícil, considerando los costos fijos que implica el ejercicio profesional (matrícula, aportes jubilatorios, AFIP, contador, mantenimiento del consultorio, entre otros), además del sustento de nuestras propias familias”, aclaró.

“Como consecuencia de esta situación, muchos profesionales han decidido no renovar tratamientos para el próximo año o dejar de atender pacientes con Certificado Único de Discapacidad, buscando alternativas laborales que les permitan mantener condiciones dignas de trabajo. Esta realidad refleja el fracaso de un sistema que, lejos de proteger, desampara tanto a las personas con discapacidad como a quienes garantizan sus derechos a través de las prestaciones”, concluyó Klocker.

Olloquiegui agregó que la situación descrita por Lourdes es similar en todo el país y que el descontento y la desilusión de los prestadores y de las familias de las personas con discapacidad es muy grande: “La problemática continúa, con el agravante de que la publicidad de la decisión tomada por el Gobierno hace que la gente crea que se solucionó”.

María, Terapista Ocupacional de Gualeguaychú, comentó que, actualmente, se siente con mucha frustración: “¿Vos qué pensarías si estás trabajando en un espacio en donde te pagan tan poco y pensás que merecés muchísimo más por todo lo que hacés?”.

Y relató: “Nosotros no sólo trabajamos con el paciente los cuarenta y cinco minutos de sesión, sino que hay un laburo atrás constante del equipo interdisciplinario, las reuniones con el colegio, con los acompañantes personales no docentes, con las familias, los informes que se hacen semestrales a mitad y a fin de año, estar atentos a todas horas a los grupos de WhatsApp, en el caso de que haya pasado algo con el niño y dar estrategias de intervención. Hay muchísimo trabajo atrás, más allá de lo que es el consultorio”.

Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir, referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) y papá de Lucía, una joven con síndrome de down, contó que la situación viene de largo tiempo, aunque ahora es diferente: “Son luchas de muchos años, con muchas conquistas y algunos fracasos. Pero, en los últimos meses lo vivimos mal. Desde los insultos y agravios que esta gestión hace contra las franjas más vulnerables, hasta lo económico, hace que mucha gente se quede en el camino, haya desazón, haya impotencia”.

“Desde los insultos y agravios que esta gestión hace contra las franjas más vulnerables, hasta lo económico, hace que mucha gente se quede en el camino, haya desazón, haya impotencia” - Pablo Recchia.

“No nos ocurre ponernos al nivel de las respuestas agresivas, pero en realidad esto se hace muy difícil. El aumento de aranceles es otro chiste, porque realmente no aumentan, es puro título”, reclamó Recchia.

“Por ahí, las movidas nuestras no son suficientes. Pero los últimos meses son los más difíciles que hemos atravesado, al menos, en mi caso, en los últimos treinta y seis años”, finalizó.