Propuestas para terminar con el agujero negro de los subsidios

A raíz de la denuncia de un grupo de concejales de la oposición volvió a ponerse en el tapete un viejo y preocupante tema que atañe a la administración municipal: la existencia de personal que realiza regularmente prestaciones en calidad de "subsidiado".Por Lic. Patricio Giusto y Lic. Pablo LapalmaOpiniónSe trata de una práctica absolutamente ilegal y habitual en los distintos gobiernos. Y no es otra cosa que trabajo en negro encubierto, con el agravante que es el Estado quien lo fomenta.Se entiende por subsidio a toda prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada. La ordenanza 10.894/06 regula el reparto de subsidios no reintegrables en el ámbito local. Dicha norma establece que los subsidios tendrán como finalidad "aliviar situaciones personales o institucionales comprobadas, necesidad económica, o para la promoción de actividades de interés comunitario".Lógicamente, remunerar prestaciones de servicios a través de subsidios es una total deformación de la finalidad de este instrumento, que por su naturaleza siempre debe ser utilizado con criterios de justicia, solidaridad y transparencia en casos excepcionales y específicos. Asimismo, en el caso de la promoción de actividades económicas o de interés comunitario, el subsidio debería ser otorgado bajo un criterio de reciprocidad y no de mera recompensa o "favor", como comúnmente sucede.Por otra parte, el mal uso de los subsidios está estrechamente relacionado a la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos y al clientelismo político. En otras palabras, el mal uso de este instrumento equivale a corrupción.Consideramos que Gualeguaychú debería avanzar hacia un sistema de otorgación de subsidios con las siguientes características:- En función a criterios equitativos, evitando la discrecionalidad y la arbitrariedad.- Haciendo en análisis minucioso de los antecedentes de quienes reciben el subsidio y estableciendo un mecanismo de contraprestación o plazo de devolución del importe otorgado cuando sea posible.- Asegurando prioridad y celeridad en el otorgamiento para aquellos casos que revistan necesidad y urgencia.- Cuidando la racionalidad en la administración del gasto público y garantizando el acceso a la información a todos los vecinos sobre el monto y destino de cada uno de los subsidios otorgados.- Finalmente, todo ello a partir de un fondo específico permanente contemplado en el Presupuesto y en base a un registro público de beneficiarios a cargo del área de Desarrollo Social.Para concluir, estamos convencidos que previo a implantar este sistema urge blanquear y erradicar las remuneraciones encubiertas en el ámbito de la Municipalidad. Para terminar con este verdadero agujero negro de la administración pública no se necesita una nueva ordenanza, sino simplemente comenzar a aplicar las que ya están vigentes. En todo caso, se pueden ampliar y perfeccionar las normas para mejorar el uso de este instrumento que financiamos todos los vecinos y que es tan vital para muchos sectores de la sociedad que realmente lo necesitan.