Reforma del mercado de capitales de un Estado que apuesta al desarrollo

La reciente reforma de la ley 17.811 de la normativa vigente sobre los mercados de capitales en Argentina, a través de la ley 26.381 aprobada en noviembre de 2012, da cuenta de una constatación fundamental: la política de Estado sobre dicho sector no puede estar ni nunca debió haberlo estado disociada de la economía real.Néstor Requelme*Evidencias en este sentido en el plano local se encontraban en momentos en que el funcionamiento del mercado de capitales era dominado por la llamada "auto-regulación del mercado" y su provecho ganancial "para pocos", desde mediados de los `70 y hasta los años `90.En ese largo período pudimos comprobar el proceso de desacople entre nuestra economía real camino al precipicio del 2002 y un mercado de capitales en auge a través de aluviones desproporcionados de capitales especulativos, fenomenales fugas de capitales, extranjerización de empresas en sectores estratégicos, etc.Otra evidencia de este tipo de comportamiento es la actual experiencia de crisis internacional con origen en 2007 en las hipotecas subprime en EEUU, la cual provocó, en la mayoría de los países centrales, persistentes y notorios declives en sus niveles de bienestar, empleo y presiones deflacionarias, con la inevitable caída de la tendencia de crecimiento a largo plazo de esas economías. Entre tanto, sus mercados de capitales diseñados por el neoliberalismo no hicieron más que disociarse de este fenómeno maximizando exclusivamente rentas financieras asociadas a burbujas especulativas recurrentes (hipotecas, materias primas, etc.)La década ganada reciente en Argentina, basada en un modelo de articulación de tipo de cambio competitivo con retenciones a las exportaciones, permitieron regular márgenes de rentabilidad gananciales de diversos sectores claves (industriales, agropecuarios, petroleros, etc.) y el control de precios internos en consonancia al sostenimiento de altos niveles de empleo.Para mantener este modelo político de inclusión, este gobierno no solo debió de emprender la des-convertibilidad de diversas instituciones (Ej.: Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central) y de políticas pasadas (privatizaciones, desregulaciones, etc.) sino también desarticular políticas de Estado propias de la dictadura: la ley 17.811 data del año 1968 promulgada bajo el gobierno de facto de Onganía, que generaron un diseño de institución (CNV) y de funcionamiento de mercado de capitales que desde el golpe posterior del `76 fueron el fundamento de la época de oro de la valorización financiera neoliberal (1976-2003).En consecuencia, la nueva ley 26.381 y su reglamentación vienen a reparar trascendentes asimetrías. Con la nueva norma se busca que el pequeño ahorrista pueda invertir en alternativas más allá del dólar y los plazos fijos, a saber: en obligaciones negociables de YPF, fideicomisos para pequeñas obras de infraestructura, fondos comunes de inversión para PYMES, clubes de futbol, etc. Todas iniciativas tendientes a la des-dolarización de la economía.El éxito de la ley dependerá de ello: canalizar el ahorro hacia la inversión productiva y acercar a las PYMES a nuevas fuentes de financiamiento. En este sentido, esta nueva ley busca darle a la Bolsa una mayor participación en el financiamiento empresario local, que actualmente representa el 7% del PIB, mientras que en Estados Unidos implica el 154%, en Chile el 140% y en Brasil el 44%.Estructura de mercadoEstas medidas rectoras por parte del Ejecutivo se tornan ineludibles luego de 10 años de expansión de la economía, con robustez macroeconómica y significativa mejora sostenida en los indicadores sociales, y la carencia asociada de dólares de carácter estructural e histórico.En esencia la ley permite el ingreso de nuevos participantes al sistema, propone una nueva estructura de mercado, su desmutualizacion, la integración y federalización de los mercados argentinos y el intercambio de información con otros organismos (la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera), como así también reducir la dependencia del sistema financiero en relación con  las calificadoras de riesgo y las actuaciones de estas como co-responsables de las crisis económicas y financieras globales.Como muestra del nuevo paradigma, el Ejecutivo espera con esta nueva ley que el mercado bursátil alcance el doble de los 500.000 ahorristas que ahora tienen bonos y acciones.En definitiva, el Gobierno Nacional impulsó la Ley de Mercado de Capitales acorde a lo que interpreta que el modelo político productivista exige inexorablemente: continuar modificando parámetros institucionales y de funcionamiento de algunos sectores que se han sostenido inalterables desde la dictadura y durante gobiernos democráticos (1976-2003) en connivencia con elites de corporaciones financieras, mediáticas y de justicia.* Economista integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)