Frenaron la clausura de la planta de efluentes del Parque Industrial, pero habrá controles estrictos
:format(webp):quality(60)/https://eldiacdn.eleco.com.ar/adjuntos/240/imagenes/000/891/0000891439.jpg)
El juez federal Hernán Viri resolvió reemplazar la clausura preventiva por un sistema de monitoreo permanente, luego de evaluar las mejoras realizadas en las instalaciones. La decisión establece muestreos periódicos del INTI, controles diarios y la obligación de extender la vigilancia a todas las empresas del predio.
La planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú podrá continuar funcionando, aunque bajo un estricto esquema de controles ambientales. Así lo resolvió el juez federal Hernán Viri, quien dejó sin efecto, por el momento, la clausura preventiva que había dispuesto tiempo atrás, al considerar que las condiciones de funcionamiento habían cambiado y que interrumpir el servicio podría generar un daño ambiental incluso mayor.
La decisión se conoció luego de una audiencia realizada el pasado 3 de noviembre, en la que participaron representantes de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), de la Comisión Administradora del Parque Industrial, autoridades ambientales municipales y el fiscal federal Pedro Rebollo.
La causa se inició el 11 de julio de 2025, a partir de una denuncia que advertía sobre el funcionamiento deficiente de la planta y el presunto vertido de efluentes industriales sin tratamiento directamente al río Gualeguaychú, a la altura del ex Frigorífico.
Durante la investigación se realizaron inspecciones y toma de muestras que encendieron las alarmas. Los análisis detectaron valores de plomo por encima de los parámetros establecidos, una elevada concentración de coliformes termotolerantes y presencia de Escherichia coli. Los resultados llevaron a considerar que los líquidos podían presentar características peligrosas e infecciosas.
En abril de este año, el fiscal Rebollo acompañó el pedido de vecinos del barrio Don Pedro para que se clausurara la planta hasta que se acreditara su funcionamiento adecuado. Posteriormente, nuevos análisis realizados sobre muestras extraídas en las inmediaciones del establecimiento volvieron a detectar una importante carga bacteriana y contaminación de origen fecal.
Frente a esos resultados, Viri dispuso la clausura preventiva, una medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Los argumentos para evitar el cierre
Durante la última audiencia, los representantes de CODEGU y de la Comisión Administradora del Parque Industrial sostuvieron que la situación había mejorado sustancialmente durante los últimos meses. Según expusieron, entre julio y octubre la planta funcionó dentro de los parámetros establecidos por la normativa provincial, se realizaron inversiones para optimizar el tratamiento y se obtuvo un Certificado Ambiental provincial de carácter condicional por 60 días.
También informaron sobre la instalación de tecnología para monitorear en línea los efluentes de las industrias que generan los mayores aportes líquidos, con controles a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad, Ivana Zecca, respaldó esa presentación y señaló que los controles realizados permitían acreditar que la planta había funcionado dentro de los parámetros provinciales durante los últimos meses.
Otro de los argumentos expuestos fue que concretar la clausura podría provocar un problema ambiental de mayor magnitud. Según explicaron, la interrupción del sistema implicaría perder la trazabilidad de los residuos y dificultaría la reactivación del proceso biológico de tratamiento, que requiere un tiempo considerable para recuperar su funcionamiento.
El fiscal Rebollo mantuvo su postura respecto de la justificación que había tenido la clausura original, pero contempló la posibilidad de avanzar hacia una apertura condicionada, con mayores exigencias de fiscalización.
Doce campañas de muestreo y controles diarios
A partir de estos planteos, el juez resolvió sustituir la clausura por un sistema de control permanente, sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones.
Entre las principales exigencias estableció que el INTI deberá realizar 12 campañas de muestreo durante un trimestre, a razón de cuatro por mes. Las muestras deberán tomarse tanto del efluente crudo que ingresa a la planta como del líquido tratado, después de la etapa de desinfección y antes de su descarga.
Por cada campaña se deberá elaborar un informe de ensayo y, al finalizar los tres meses, un informe técnico que reúna y analice todos los resultados. La información deberá ser comunicada inmediatamente al Juzgado Federal.
Además, se deberá garantizar el funcionamiento del sistema de monitoreo diario de los efluentes del Parque Industrial, cuyo cumplimiento será supervisado todos los días por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.
La resolución también establece un plazo de 10 días para informar cómo y cuándo se implementará el monitoreo en la totalidad de las empresas radicadas en el predio. A esto se suma la obligación de cumplir las condiciones impuestas por la Provincia para mantener vigente el Certificado Único Ambiental, otorgado de manera provisoria.
De esta manera, la planta continuará operativa, pero su funcionamiento quedará sujeto a una vigilancia permanente y al cumplimiento de las exigencias ambientales. La continuidad de la actividad industrial dependerá, en adelante, de que los controles permitan demostrar que los efluentes reciben un tratamiento adecuado antes de ser descargados.
