Tensión social por la puja distributiva

Gobernadores que reclaman por más coparticipación y gremios que amenazan con paros en medio de la discusión salarial, son algunos fenómenos que se inscriben dentro de la "puja distributiva".La coyuntura tiene raíces políticas y económicas. El dato es que los gobernadores peronistas, que antes tenían garantizado un flujo preferencial de fondos desde la Nación, ahora deben lidiar con un gobierno de otro signo.Se entiende, así, que muchos de esos mandatarios refloten hoy la discusión por la coparticipación y enarbolen la bandera del federalismo fiscal, temas que fueron tabú en estos doce años de hegemonía kirchnerista.La relación fiscal Nación-Provincias entró así de lleno en la agenda pública de la Argentina, producto del cambio en la relaciones de fuerzas políticas operado en las últimas elecciones presidenciales.La meneada "gobernabilidad"  que los protagonistas provinciales de esta historia invocan en el plano del discurso apenas disimula la necesidad de plata que tienen para pagar los sueldos en sus distritos.Casi ninguna provincia argentina puede hacer frente a gastos corrientes sin el concurso de la chequera del mandamás de turno de la Casa Rosada. Corolario de un modelo, instaurado en la última década, de concentración de los recursos fiscales en el Ejecutivo nacional.La pelea por los recursos entre la Nación y las Provincias es un capítulo de la puja distributiva que se ha desatado con fuerza en el país, tras los cambios en la estructura de poder.¿De qué manera financiarán las Provincias los incrementos salariales que deberán dar a los empleados públicos en el marco de la paritaria en curso, en un contexto donde sus arcas son deficitarias y donde la inflación no cede?La otra puja distributiva que está escalando con fuerza es entre los empleadores por un lado -el Estado y las empresas- y los trabajadores por otro.Aquí adquiere relevancia la dinámica de la negociación paritaria anual. La carrera entre precios y salarios está en el corazón del conflicto que tiene a los gremios en virtual estado deliberativo.Es el precio de asumir una economía inflacionaria: se aumentan la tensión y los trastornos sociales, ya que hay ganadores, los que saben y pueden especular, y hay perdedores, los que resignan poder adquisitivo, que son mayoría.El conflicto distributivo en Argentina se ha recalentado porque el nuevo gobierno ha tomado medidas tendientes, según sus voceros, a superar el desajuste heredado de los precios relativos.El desmantelamiento del cepo no sólo implicó liberar el mercado cambiario. Hizo también desaparecer el atraso implícito en el cambio oficial (9 pesos por dólar), haciendo que el dólar se encarezca (14 pesos por dólar).Esta medida supuso un aliento para el agro y las economías regionales, sectores exportadores que venían en retroceso, y que son quienes aportan dólares a un Banco Central necesitado.Pero las devaluaciones tienen su costado negativo: presionan  a que los precios internos de los bienes acompañen el nuevo precio del dólar, lo que acelera la inflación.Según los economistas una devaluación exitosa es aquella que si bien hace bajar el salario en dólares, no hace sin embargo deprimir el poder de compra real.Para agregar más tensión social a la discusión salarial hoy en curso, se suma la decisión de actualizar las tarifas eléctricas, otro de los precios relativos desajustados, un costo que deberán absorber sobre todo los sectores sociales medios y altos.