Tiempo dominado por el reclamo salarial

La huelga dispuesta por los maestros, en la mayoría de las provincias del país, es un episodio que se inscribe dentro de una escalada más vasta del gremialismo, preocupado por el deterioro salarial.Toda huelga es un abandono del trabajo, un medio de presión activo reconocido por la Constitución, para obtener de la patronal ciertas ventajas o el reconocimiento de ciertos derechos.En este caso, los docentes han decidido no iniciar las clases, con el objeto de presionar al Estado (la patronal) para lograr un nivel salarial satisfactorio.La cuestión docente amerita varias lecturas, según el lugar desde donde uno se pare. Los gobiernos, por caso, alegan que no se justifica un paro, a la luz de las mejoras que ha recibido el sector a lo largo de los últimos años.Además, como ha reconocido por estas horas el jefe de Gabinete, Jorge  Capitanich: "No son compatibles los pedidos docentes con la capacidad de pago de las provincias".Pero los sindicatos docentes, cuya función es velar por los intereses de sus adherentes, se resisten a pactar un valor del salario por debajo de la inflación, que se aceleró en el último tiempo.Los padres, en tanto, suelen quejarse de que no pueden enviar a sus hijos al colegio, señalando que éstos son finalmente las víctimas reales de la puja entablada entre el Estado y los maestros.Como en todos los conflictos sociales de este tipo, las verdades están repartidas. Así como es cierto que la patronal (en este caso el Estado) no puede convalidar aumentos imposibles de pagar, lo es también que el docente aspire a un salario digno, y ni hablar de los derechos de los alumnos a la enseñanza.Más allá de los trastornos lógicos que concita una huelga, el problema en este caso es el contexto de efervescencia sindical que existe en Argentina, a partir de la devaluación del peso y la suba de la inflación, que afectan el poder de compra.Se aguarda que detrás de los docentes -cuya paritaria es una especie de caso testigo- comiencen las reivindicaciones de otros gremios, no sólo estatales sino también provenientes del sector privado.El 2014 se presenta turbulento desde el punto de vista de la conflictividad social. La inflación es la piedra en el zapato de la política económica. Cuando la suba de precios empieza a ganarle a los salarios, se encienden entonces las tensiones sociales.La famosa espiral de precios y salarios tiene larga historia en Argentina. Cada vez que hubo una devaluación importante de la moneda -como la que se produjo el último año- la inflación se empinó, lo cual desató un pedido de indexación salarial.Muchos sindicatos, hoy en pie de guerra, alegan que está en curso un ajuste ortodoxo de la economía, que hace eje en la caída del poder adquisitivo. Para darle competitividad a la economía - después de la devaluación - los salarios deberían actuar como "ancla", pactándose por debajo del 30%.Este razonamiento, sin embargo, es negado por el oficialismo. Roberto Feletti, diputado del FPV y ex viceministro de Economía, ha dicho que "el gobierno no quiere ganar competitividad a costa de los salarios y no lo hará con mano de obra barata".Dado que la inflación es el fenómeno que ha desatado la puja distributiva, que amenaza con renovadas huelgas, cabe preguntarse si hay en marcha una política consistente para frenarla.El gobierno ha optado por el control de precios, pero hay quienes piensan que esta estrategia sólo ataca los efectos del problema, y no va a las causas del mismo.