Tiempos de espera y paciencia

La nueva Constitución de Entre Ríos acaba de cumplir seis años. Sin embargo, varios de sus institutos y cláusulas no tienen vigencia por falta de leyes reglamentarias que la Legislatura debió sancionar antes del primer aniversario de la Carta Magna. En ciertos casos esta falencia legislativa deriva en actos discrecionales del poder.   Mario Alarcón Muñiz El gobierno provincial violó de un plumazo, a sabiendas, la Constitución (art.217) en abril pasado, al designar presidente del Tribunal de Cuentas al entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone. El decreto de nombramiento gambeteó la exigencia constitucional de someter esa función a un concurso público y encargó el control de las cuentas del Estado a quien hasta ese día había participado del gasto. El procedimiento no registra antecedentes. Dicho sea de paso, Smaldone es hijo del doctor Juan Ramón Smaldone, vocal del Superior Tribunal de Justicia y único magistrado designado por Urribarri en ese cuerpo. Vínculos o afectos sobran, menos mal.Designaciones de amigos para controlar los números también hubo antes, pero un poco más disimuladas, hasta con cierta elegancia. Esta vez no. Métale por lo carpido. La gestión actual se cubre así de cuanto bicho molesto y curioso pretenda mañana hurgar en las cuentas de estos años, pues se trata de un cargo vitalicio. El anterior titular del organismo, Hugo Molina, se desempeñó durante casi un cuarto de siglo. Designado en 1989 (primer gobierno de Busti), ejerció la función hasta jubilarse en marzo último.El oficialismo legislativo intentó explicar la decisión del gobierno, argumentando que no se ha reglamentado la cláusula constitucional pertinente. Esto es cierto. Pero también es cierto que la misma Constitución (art.281) otorga a la Legislatura el plazo de un año para reglamentar las reformas sancionadas. La Constitución rige desde el 1 de noviembre de 2008. Del vencimiento del término se cumplieron cinco años hace veinte días. Se supone que hubo tiempo suficiente para arreglar las cosas. Algo faltó: ¿decisión o talento? De otro modo no se explica lo ocurrido.Diputados quietosLa misma Constitución (art.62) establece que si un derecho depende de una reglamentación que no se ha dictado dentro del año de sanción constitucional, "el interesado podrá demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la condena de la autoridad renuente a dictar la norma omitida".La Carta Magna (art.281) insiste en la necesidad de reglamentar sus disposiciones, facultando al Poder Ejecutivo a hacerlo si la Legislatura omite su deber.Nadie escapa de esto. Han vencido todos los plazos y con exceso. Pero no es el del concurso público para designaciones del Tribunal de Cuentas, contador y tesorero de la Provincia la única cuestión pendiente, en este caso en el Senado. Hay varios en situaciones similares.Del derecho constitucional de acceso a la información pública, nadie habla. El asunto está guardado en la Cámara de Diputados desde hace seis años.  El mismo término ha pasado para estudiar y sancionar la ley de ética pública, sin que se advierta mayor interés hasta ahora. Un poco menos -cinco años- hace que espera la cláusula constitucional sobre publicidad oficial. Los derechos del consumidor aguardan quietos en la misma cámara desde marzo de 2011.Senadores indiferentesEl Senado, que desde hace tres años cuenta con unanimidad oficialista, lo que le acuerda mayores posibilidades de maniobra, no parece haberse preocupado demasiado por los asuntos constitucionales. Allí se encuentran congelados desde hace cinco años, además de la cuestión del Tribunal de Cuentas,  los proyectos del jurado de enjuiciamiento y ley orgánica de la fiscalía de Estado. El mismo lapso ha transcurrido para sancionar la participación popular (plebiscito, iniciativa ciudadana, audiencia pública, revocatoria de mandatos).La ley de juicio político también está pendiente en la cámara alta, donde acaba de cumplir cuatro años en un cajón. El marco ambiental de la provincia, establecido por la Constitución con criterio moderno,  tampoco interesa a los senadores que tienen a su consideración un proyecto desde hace tres años y medio.Algo similar sucede con el Ente Regulador de Servicios Públicos que yace en el Senado desde 2009.Un poco menos -tres años- suma la espera de la ley de salud en la misma cámara. El derecho de réplica lleva cuatro años en la amansadora senatorialTambién colgado de los ganchos está el ingreso de personal a la administración pública. La Constitución es explícita (arts.36 y 42), pero el asunto permanece en el Senado desde hace cuatro años y medio. A nadie se le mueve un pelo. Por separado, la ley de régimen jurídico básico de la administración pública, sancionada a fines de 2007 con el beneplácito de los gremios estatales, es un bello libro de cuentos. Nadie la consideró para el nombramiento de 11.837 personas desde fines de 2007 a la fecha. Ese es el número de ingresos según los presupuestos, pero seguramente son más por los reemplazos de quienes se retiraron por jubilación u otras causas.Modernizar la provinciaPor todo lo señalado no nos debe sorprender que se registren atropellos constitucionales como el del Tribunal de Cuentas, cuando los encargados de legislar los facilitan mirando para otro lado. Nadie encuentra explicación a estas demoras, como no sea el propósito colaboracionista de dejar hacer, manteniendo la Constitución en la heladera.Menos aún se entiende esta quietud cuando se recuerda que alguna vez los legisladores se ocuparon de asuntos constitucionales para modernizar la vida de la provincia y sancionaron leyes originadas en la nueva Carta Magna. Cabe reconocer que así lo hicieron con el consejo de la magistratura, el régimen municipal, la defensoría del pueblo, la ley orgánica de la contaduría general y la atención de la vejez. No se puede creer que se les hayan evaporado las ideas.El año legislativo se termina. El presupuesto 2015 es el tema de cierre. No se trabajará más hasta el 15 de febrero del año próximo. Año electoral. Es muy posible que sigamos esperando la plena vigencia de la Constitución. Con mucha paciencia.