Turbulento mar de números

Por un lado los datos del gobierno nacional y por otro el reclamo de dos provincias, nos enfrentan a un debate por los números, tan interesante como necesario.Mario Alarcón MuñizLa extinción de los Boden anunció la Presidenta el jueves. "Este es día de la independencia económica", celebró el mustio ministro de Economía. Cancelar una deuda no es poca cosa, pero exagerar es desaconsejable, además de peligroso, porque el golpe contra el suelo de la realidad puede ser más duro.Conviene recordar que los Boden (Bonos optativos del Estado nacional) se emitieron inicialmente para cancelar los plazos fijos atrapados por el corralito de Cavallo durante la crisis de 2001. El pago de 2.200 millones de dólares que anunció la Presidenta corresponde a la cuota final de los Boden emitidos el 3 de febrero de 2002 por un plazo de 10 años y medio, es decir con vencimiento al 3 de agosto de 2012. Se supone que pagarlos en esta fecha no ha sido una hazaña, sino una obligación ineludible y -debe suponerse- programada. Unos ganan, otros pierdenEn verdad los Boden no se han extinguido. El próximo vencimiento será el 30 de abril de 2013 y continuarán durante varios años. Como estos documentos son negociables y transferibles, no debe extrañar que en su mayor proporción estén en manos de grandes capitales que pudieron haberlos comprado a sus titulares por debajo del valor nominal, consumando de este modo un negocio financiero más que interesante. Esto ni más ni menos es lo que ha ocurrido. No cabe reprochárselo al gobierno, porque es legal, pero se le puede pedir mesura y no tanto ruido de campaña electoral cuando de estas cosas se trata. Obsérvese que de los Boden 2012 el 78%  debe pagarse a unos pocos -apenas cinco o seis y muy fuertes- inversores extranjeros y sólo el 22% está en manos de argentinos, ya sean empresas o personas. Los originales tenedores de bonos se desprendieron de ellos hace rato, en muchos casos perdiendo un dinero que no van a recuperar. El dato obliga a pensar.Devuelvan la plataCabe reflexionar asimismo acerca de una frase de la Presidenta el día del anuncio. Les recriminó a los bancos que "dos veces se quedaron con la plata de los argentinos". Se refirió, desde luego, al corralito de 2001 y a este pago que el Estado realiza. No deja de ser alentador escuchar un reclamo presidencial al sector más favorecido -junto con la minería- por la política económica e impositiva de los últimos nueve años. Sin embargo, es insoslayable preguntar si todo queda en una frase o el gobierno demandará a los bancos por ese dinero. Si "dos veces se quedaron con la plata", esto quiere decir que deben devolverla y el Estado está obligado a exigir la restitución de ese capital.  Mientras tanto, ¿cuánto debemos en realidad los argentinos? Es imposible saberlo. Tanto el gobierno como algunos economistas -oficialistas, opositores e independientes- nos confunden con referencias a porcentajes del PBI y otros datos destinados a especialistas, no al pueblo que paga.Un estudio de la Fundación Esperanza consigna que al finalizar 2011 la deuda externa argentina era de 128.600 millones de dólares, un 16% menos que en 2003 cuando llegó al techo de 163.000 millones de dólares. En los últimos dos años se han tomado reservas del Banco Central por 21.000 millones de dólares para pagar deudas. Según se dijo, el desembolso anunciado el jueves por la Presidenta se atendió con fondos de la ANSES, es decir de los jubilados. Veinte años no es nadaA todo esto, reaparece la deuda interna. El Estado nacional sigue acumulando una deuda real y formidable con las provincias. Federalismo bla bla. Viva Artigas, pero archivado. Ramírez también.Nos hemos referido a este asunto en algunas notas anteriores y nos obliga a reiterarlo el proyecto presentado por el gobernador De la Sota a la Legislatura de Córdoba. Propicia denunciar el pacto fiscal del 12 de agosto de 1992 por el cual las provincias resignaron el 15% de la coparticipación para financiar el sistema previsional, afectado por la creación de las AFJP. Estas entidades desaparecieron al reestatizarse las jubilaciones a fines de 2008. En consecuencia desde entonces no hay razón alguna para quedarse con el 15%  de las provincias. Sin embargo, mediante un "decreto de necesidad y urgencia" en diciembre pasado la Presidenta prorrogó ese descuento hasta 2015, es decir por el resto de su mandato. De la Sota no está solo en el reclamo. El lunes pasado se reunió con Bonfatti, de Santa Fe, quien primero hará un planteo administrativo por 1.300 millones de pesos que el gobierno nacional adeuda a su provincia desde 2006 y luego impulsará un proyecto de ley similar al de Córdoba. Scioli se sale de la vaina por embarcar a Buenos Aires en la demanda, pero no se anima todavía. Los demás creen que es mejor seguir aplaudiendo. Al menos por ahora. En el mismo sentido hace más de dos años el entonces gobernador santafesino Binner demandó a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora todo es silencio en torno.Lo cierto es que un turbulento mar de números nos bambolea de aquí para allá.