Un banquillo para la Justicia argentina

Es menester perfeccionar la Justicia, tanto como el resto de las instituciones de la República. De esto no se duda. Los tiempos exigen mejor calidad en todo.    Mario Alarcón Muñiz No es difícil elaborar un listado de quejas por el funcionamiento de la Justicia. Cada uno de nosotros tiene el suyo. La clásica lentitud para resolver la mayoría de las causas, encabeza el inventario. Cerca le sigue la mano blanda de muchos jueces y la consiguiente y frecuente liberación de maleantes que a poco andar reinciden. Procedimientos erróneos e  investigaciones deficientes forman parte también del reclamo público. Y así sería posible llenar la página con demandas diversas.Todas son cuestiones corregibles. Se trata de mejorar la Justicia. No de politizarla. La única política admisible en la Justicia es la de asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones. Ese es el meollo del asunto.Avance constitucionalEl mensaje presidencial del viernes 1° al Congreso de la Nación, inaugurando el período legislativo, abrió el debate.  La Presidenta habló de "democratizar el Poder Judicial" (algo había anticipado días antes), crear nuevas cámaras de casación interponiendo otra instancia anterior a la Corte Suprema, regular las medidas cautelares y elegir el Consejo de la Magistratura mediante el voto popular.Cabe destacar que este último organismo representa un progreso importante logrado por la reforma de la Constitución Nacional de 1994, mediante el consenso de todos los sectores políticos. Tiene a su cargo (art.114) "la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial" y lo integran representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los jueces, los abogados y los ámbitos académico y científico.A los tropezonesLa propuesta no sorprendió. Se la esperaba -de esta u otra forma- después de algunas sentencias judiciales adversas al gobierno, relacionadas casi todas con la aplicación de la ley de medios y alguna con el caso Ciccone que involucra al Vicepresidente. A más de un observador se le ha ocurrido que el problema no es la Justicia, sino Clarín y Boudou.Sea como fuere, después de tropezar en los tribunales, el gobierno impulsó la remoción de jueces, recusó a los integrantes de un fuero y forzó la renuncia del procurador general, Esteban Righi. Su reemplazante, la doctora Gils Carbó,  no vaciló en calificar de "ilegítima" a la Justicia.La carga sobre los jueces la había iniciado Bonafini meses atrás. Usando su léxico habitual de barra brava, amenazó revelar supuestos vínculos con la dictadura y cuestiones privadas de los magistrados de la Corte Suprema. Algunos funcionarios y legisladores la siguieron. Ninguno tuvo en cuenta que fue Néstor Kirchner quien nombró a la mayoría delos jueces de la Corte actual. Es más, una encuesta reciente acerca de la composición de la Justicia Federal, reveló que el 55% de sus actuales integrantes fue designado en los últimos diez años, es decir durante el kirchnerismo.¿Quién designó a los jueces?       En el orden provincial, el gobernador Urribarri no vaciló en formar fila detrás de la Presidenta. "Entre Ríos será protagonista", anunció. Es probable que haya olvidado lo que firmó hace nueve años como ministro del gobernador Busti, creando en la provincia por decreto,  el Consejo de la Magistratura que ahora se intenta modificar. El organismo tomó rango constitucional en oportunidad de la reforma de 2008.Se supo, mientras tanto, que en el Senado provincial ya rondan algunas ideas y hasta se menciona un compromiso escrito de los senadores oficialistas, que en esa cámara son todos.Nada se ha aclarado acerca del carácter de las reformas, pero además de "democratizar la Justicia" se habla de "dar un gran salto de calidad institucional", colocando al Poder Judicial "a tono con estos tiempos de profundos cambios" (¿?), además de "combatir toda situación de prebendas, privilegios, oscurantismos, que benefician de manera directa a corporaciones económicas o mediáticas". Así de redondo. No es un chiste. Lo publicó el lunes pasado un periódico oficialista.A todo esto cabe preguntarse quién designó a los jueces actuantes en la provincia. ¿No habrá sido Mandinga? De los casi 30 años de democracia el actual oficialismo lleva 22 en el poder. ¿Los jueces aterrizaron en paracaídas?Artigas olvidadoEl avance sobre el Consejo de la Magistratura es resistido hasta en el seno del gobierno. El secretario de Justicia de Entre Ríos, Rubén Virué, comentó el martes que "su funcionamiento es correcto, no hay nada que modificar".El abogado y profesor universitario Hermo Pesuto, ex convencional justicialista en la reforma constitucional de 2008, sostuvo que el consejo "ya está democratizado a partir de la elección de los representantes de cada sector".Julio Federik, también abogado constitucionalista y ex convencional por el justicialismo en 2008, opinó que "la nueva Constitución Provincial asegura el equilibrio entre los sectores que integran el Consejo de la Magistratura".Otro ex convencional, Miguel Carlín, recordó que "hubo unanimidad" en la Convención Constituyente al votarse el capítulo de la Justicia.La diputada Rosario Romero también ocupó una banca de convencional. Advirtió que tocar el Consejo de la Magistratura "es un retroceso", porque se debe "valorar la capacidad técnica" del organismo.El abogado constitucionalista Marciano Martínez llamó a la reflexión porque "es otro ataque a un sector que el Poder Ejecutivo considera enemigo y busca subordinarlo".La iniciativa encontró asimismo fuerte resistencia en el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz. "Quieren politizar la justicia, no democratizarla", acusó.Los tres poderes independientes entre sí forman nuestra base institucional. Así lo reclamaba Artigas hace 200 años. Conviene recordarlo.