Un decreto de fuerte impacto jurídico y político

El presidente Mauricio Macri firmó un decreto para poner en marcha la extinción de dominio, el instituto jurídico que permite recuperar bienes vinculados a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico.   En un anuncio realizado en Casa de Gobierno, el jefe de Estado aseguró: "Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos". Mediante este instituto el Estado puede incautar bienes de personas procesadas que no pueden justificar el origen de los mismos, y que se presume están vinculados a un delito, algo que debe estar respaldado con suficiente prueba (En concreto: se invierte la carga de la prueba). También permite que se investiguen los bienes adquiridos en forma ilegal desde el presente y 20 años hacia atrás para que la Justicia dictamine, posteriormente, si efectivamente fueron comprados con fondos provenientes de la corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado. Según Macri, el gobierno decidió  instrumentar la medida por decreto porque el proyecto que impulsaba Cambiemos "está estancado hace años" en el Congreso. El gobierno nacional logró la aprobación de la iniciativa en Diputados, pero fue modificada en el Senado por el peronismo, desnaturalizándose su esencia según la óptica del oficialismo. "Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. El que las hace, las paga. Sí, repito: en la Argentina, el que las hace las paga", enfatizó el jefe de Estado. Pero la medida ha encontrado un cerrado rechazo desde el lado de la oposición política. El titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, la calificó de "humo electoral", señalando que "no sirve para castigar la corrupción". En tanto que Leopoldo Moreau, de la misma bancada, tuiteó: "Macri volvió a decepcionar a millones de argentinos. Todos esperaban que anunciara alguna medida para aliviar el tarifazo, el efecto de las crecidas, la crisis de las Pyme o la prevención del hantavirus y se descolgó vendiendo humo con un anuncio de campaña". Desde el gobierno sostienen que la extinción de dominio adecua al marco normativo argentino una legislación que funciona desde hace años en Canadá, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión Europea. En este sentido, dicen, se trata de tomar las experiencias positivas que tienen los países que han incorporado esta herramienta y de avanzar con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país a través de diversas convenciones y tratados. Según datos de la Oficina Anticorrupción, la Justicia argentina embargó 254.000.000 millones de pesos en causas vinculadas a la corrupción. Con la ley antimafia, Italia recuperó 30.000 inmuebles, 7.000 campos, 4.000 millones de euros en efectivo y títulos, entre muchos otros bienes como autos, aviones, barcos, etc. La ministra de Justicia y Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich dijo que con la ley actual se recuperaron 23.000 millones de pesos del narcotráfico. "Imagínense lo que podremos recuperar a partir del DNU", dijo en diálogo con la prensa. Y mandó un mensaje a la oposición política: "No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarles los bienes a aquellos que le roban a la gente".