Un giro que apunta a preservar el statu quo

Después del fallo de la Haya, el gobierno nacional tenía dos opciones: o explotar a fondo el margen que esa sentencia le abría para incomodar a Botnia, o dejar las cosas como están.Porque además el pronunciamiento de los jueces reconocía que la pastera había entrado de contrabando a la región, situación que había avivado la movilización social en esta zona.No sólo eso: ordenaba explícitamente que se hiciera un monitoreo conjunto al interior de Botnia, con el propósito de despejar cualquier duda sobre contaminación.Pues bien, ¿cuál es el rumbo que han tomado, finalmente, las autoridades nacionales? La decisión de caerles con demandas judiciales a los asambleístas, revelaría la adopción de una estrategia de adecuación a los hechos consumados.Aunque alguien podrá objetar: ¿Alcanza ese indicio para asegurar que el gobierno tiró la toalla?  Y esto toda vez que le asiste el derecho a exigir que se desbloquee una ruta. Que él, como garante de la ley y el orden, no puede permitir esa anomalía.Y eso es cierto. Ahora bien, nadie puede aspirar a mandar, a obtener el consentimiento libre de sus gobernados, si no conecta moralmente con éstos últimos, demostrándoles su interés real.Digresión: ¿Es creíble este gobierno? O mejor, ¿despierta confianza en Gualeguaychú? Es bueno poder contestar esta pregunta, ya que ahí está la raíz de por qué siempre ha sido tortuosa la relación entre los vecinos y la autoridad.Pero el punto es éste: lo esperable es que el mismo gobierno que exige que se libere la ruta -algo absolutamente razonable- muestre a la vez empeño e inteligencia para exigir un monitoreo estricto y dentro de la planta de Botnia-UPM.El problema es que esto no se verifica. Y entonces el gobierno deja que se piense que sólo le interesa liberar la ruta en lugar de proteger a una población de la contaminación que él mismo, a través de sus técnicos, asegura haber demostrado ante La Haya.En este contexto, resulta una desmesura injustificable caerle penalmente a los asambleístas, como si éstos fuesen facinerosos. Ha sido sensato el intendente Juan José Bahillo, al decir: "Mis vecinos no son delincuentes, son vecinos que persiguen fines nobles y no merecen ir a la justicia".Por lo demás, algo nos deja inquietos: hasta acá los únicos que están pagando los costos del diferendo son los argentinos. ¿Cuál es la contribución del Uruguay para solucionarlo?La pregunta no es menor. Porque estamos hablando de un país cuyo gobierno violó el Tratado del Río Uruguay, según los propios jueces de La Haya. El Estado uruguayo, por ende, no se puede hacer el inocente en esta historia.¿Por qué no deja que el monitoreo conjunto que aconsejó La Haya incluya el interior de la planta de Botnia? Según los expertos esto es imposible por la rigurosidad de los términos de los acuerdos comerciales que Uruguay tiene firmados con Finlandia.Si esto es así, habrá que concluir amargamente que Pepe Mujica gobierna soberano sobre el Uruguay, salvo en la zona concedida graciosamente a la multinacional europea.Volvemos a reiterar que se llega a este punto porque la política ha fracasado en toda la línea. Argentinos y uruguayos, nos hemos enredado en esta dramática historia, por la falta de voluntad esclarecida de quienes conducen los Estados.La ausencia de buena política se paga caro. La sufren sobre todo los pueblos, sobre quienes recaen las defecciones de quienes deben velar por su bienestar y concordia.Por lo demás, no es defendiendo el statu quo como se resarce la política de sus desaguisados. Y no es de progresista mostrarse condescendiente con el poderoso e implacable con el más débil.