Una iniciativa que concita controversia

Un proyecto de ley presentado en el Parlamento brasileño obliga a todos los funcionarios a enviar a sus hijos a la escuela de gestión estatal, generando así lógica controversia.El autor de la iniciativa es Cristovao Buarque, ex ministro de Educación y actual senador del Brasil, para quien los políticos de su país gestionan un servicio, en este caso educativo, que ellos no consumen."Los hijos de los dirigentes políticos estudian su educación básica en escuelas privadas. Esto muestra, en primer lugar, la calidad de la escuela pública brasileña y, en segundo lugar, la desatención de los dirigentes para con la enseñanza pública", dice en los fundamentos de la propuesta.Esta presentación motivó días atrás un sondeo periodístico del diario Crítica de la Argentina, entre políticos de renombre, legisladores, gobernadores y funcionarios de primera línea.El saldo del relevamiento es que los políticos argentinos eligen por igual colegios privados y escuelas públicas. Eso consigna la nota escrita por Tamara Smerling, bajo el título "Dónde estudian los hijos de los políticos y funcionarios"."Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no le tuvieron confianza a la educación pública a la hora de inscribir a su hija menor, Florencia, en un colegio de Vicente López. La chica terminó su secundaria, hace dos años en el Colegio La Salle de Olivos", destaca la nota.Allí también se menciona a la kirchnerista entrerriana Blanca Osuna. La legisladora por el FPV y presidenta de la Comisión de Educación del Senado, "reconoció que sus tres hijas cursaron en escuelas estatales, pero que dos terminaron en un privado".El ex intendente de Morón y ahora diputado nacional, el progresista Martín Sabbatella, también "reconoció que su hija, Camila, va a una privada", refiere el reportaje.El proyecto de ley levanta polémica. Por ejemplo, para Claudia Romero, Directora de Educación de la Universidad Di Tella, resulta un "disparate" obligar por ley a los funcionarios a que manden sus hijos a la escuela pública."En la Argentina, los padres tienen libertad de elección de escuelas para sus hijos independientemente de cuál sea su ocupación, de manera que no puede obligarse a ninguna familia a elegir determinado tipo de escuela", explicó.Sin embargo, Romero dijo que hay una dimensión moral, más allá del legal, y aquí el enfoque del problema cambia. "Lo que no puede ser disparatado es el sentido de los argumentos que subyacen a esa propuesta", dijo.Y aclaró: "Si funcionarios y políticos ponen sus hijos en escuelas del sistema estatal podría querer decir que confían en su propio trabajo para mejorarlo. Sería una señal clara, un acto de coherencia para quienes declaman que son cultores de la escuela estatal en sus discursos de campaña".El otro sentido del proyecto de ley brasileño "es la exigencia de solidaridad de los funcionarios y políticos con las familias indigentes y pobres que están condenadas a no poder elegir escuelas", apuntó Romero.En tanto, Silvina Gvirtz, directora de Educación de la Universidad de San Andrés, asegura que "el debate sobre el tema no es menor ni superficial". Según dijo, es atendible el argumento según el cual "es complejo actuar a favor de otras realidades si no se padecen".Gvirtz considera que el proyecto del brasileño "pone en agenda un tema del que muy pocos quieren hablar: ¿afecta el nivel de vida de los representantes del pueblo la posibilidad de gobernar a favor de sus representados?".La cosa se pone densa si se parte del supuesto de que el gobernante sólo vela por sus intereses de clase. "El tema merece debatirse", considera la especialista.