Urge revalorizar la institución municipal

Quizá para la política local el desafío mayor es tener una idea clara de lo que se debe hacer con el Estado municipal, partiendo de la premisa de que estamos ante una máquina creada para servir a la comunidad.Al respecto, vale discutir una idea corriente según la cual cuando se tiene el Estado entre las manos, lo esencial es hacer todo en esa estructura y para ella.Pero esto escamotea el interrogante esencial, que podría formularse así: ¿cómo hacer que dicha máquina, a la que no debe darse un valor absoluto sino sólo instrumental, sirva al desarrollo de la ciudad?La distinción no es ociosa. Porque establece una prelación básica a favor de la sociedad y de la ciudadanía, respecto de ese artefacto institucional. ¿A quién sirve el Estado: a él mismo o a la comunidad?Si coincidimos en que la misión de la organización municipal es hacer más grande a Gualeguaychú, entendida como un vasto entramado de familias, ya se aclaran muchas cosas.La formulación puede pecar de abstracta pero no lo es. Y esto a partir de que hay cierto consenso respecto de que el municipio atraviesa un cuadro crítico, en principio de insolvencia.El dato insoslayable lo acaba de reconocer a este diario el secretario de Hacienda, Daniel Acuña: 7 de cada 10 pesos del presupuesto se van en el pago de sueldos.Para otros el problema es más grave: lo que se recauda por las tasas no alcanza a cubrir esa erogación, razón por la cual se debe echar mano a las remesas de coparticipación.Más allá de la discusión sobre si a esas remesas hay que considerarlas dentro de los "recursos propios", no es un dato menor que el aporte de los contribuyentes locales no alcance a financiar la estructura municipal.Y si se analiza más fino el cuadro económico, se cae en la cuenta que desde 2009 la administración utiliza a la caja previsional local -a la que le gira menos recursos- para fondearse.Es decir, el municipio gasta más de lo que recauda. Preguntarse cómo es que se llegó a esta situación es entrar a repartir culpas políticas. Una discusión que, aunque necesaria en su orden, es menor frente al problema en sí.De suyo estamos ante un Estado que, imposibilitado de generar excedentes presupuestarios propios, es dependiente de los fondos que se giran de otras jurisdicciones.De hecho ya nos hemos habituado a ver a los intendentes mendigando en los ministerios nacionales y provinciales; una imagen que habla por sí sola de la devaluación en que ha caído la institución municipal.Las preguntas se imponen: ¿A quién le sirve un municipio cuyo presupuesto se va en el pago del personal? ¿Es posible imaginar así un Estado inductor del desarrollo local? ¿Estamos frente a una maquinaria útil o que es una carga para la comunidad?Es muy probable que la plantilla de personal municipal esté sobredimensionada, en el contexto de un país que tiene una larga tradición en hacer de la esfera estatal una "agencia de colocaciones".Pero además las municipalidades han sido siempre las variables de ajuste de un centralismo desarrollado durante más de un siglo, que concentró la mayor parte de las atribuciones y recursos en el Ejecutivo Nacional.Esto de convertir a los municipios en delegaciones administrativas del poder central está en pugna con el federalismo como forma de Estado, consagrado por la Constitución Nacional, que postula la efectiva descentralización territorial del poder.Los municipios, y en este caso el de Gualeguaychú, esperan una reforma estructural fiscal que los saque de su situación mendicante. La clase política local tiene aquí su principal desafío: devolverle a la comunidad un Estado solvente y que le sirva.No es sólo un problema económico. Anonadar la institución municipal equivale a anquilosar la participación cívica de los vecinos.