Vuelven los temores por la deuda pública

La eventual recaída en otro default con los acreedores del país y una nueva reapertura del canje de bonos argentinos, ha generado nubarrones en el frente externo del país, reinstalando el cuco de la deuda pública.Quien se encargó de darle un súbito dramatismo al asunto fue la propia presidente Cristina Kirchner, cuando tras el duro fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que confirmó la sentencia favorable a un grupo de holdouts (rebautizados "buitres"), pidió que "Dios ilumine" a la Corte Suprema de Estados Unidos, quien tendría la última palabra.¿Qué puede pasar si los magistrados de ese alto tribunal se avienen a la tesis de que se debe abonar la suma completa a ese 7 % de acreedores de la Argentina, que no aceptaron en su momento reprogramar sus cobros, ingresando a los canjes de 2005 y 2010?En ese caso el país entraría en una delicada situación externa, similar a la que se produjo en diciembre de 2001 cuando Adolfo Rodríguez Saa decretó la cesación de pagos de la deuda pública.Y esto porque el resto de los bonistas que ya aceptaron el canje en su momento podría reclamar también la totalidad de los fondos sin quita, bajo la cláusula "pari passu" de iguales condiciones.Eso implicaría, básicamente, otra crisis de la deuda, que pasaría a ascender de manera dramática. Los optimistas piensan que ese escenario es improbable, ya que el gobierno de Estados Unidos no querría sentar un peligroso precedente para otras reestructuraciones de deuda soberana, desalentando a los acreedores de participar en una reestructuración voluntaria.El estado real de la deuda pública despierta polémica en la Argentina; una cosa es lo que dice el gobierno, y otra sus críticos. Hay consenso respecto de que en la última década se hicieron pagos por 173.733 millones de dólares, lo que ha hecho decir a la presidente que "somos pagadores seriales".Sin embargo, además de los "fondos buitres", el Estado acumula reclamos del Club de París (us$9.000 millones), y del CIADI donde pleitean tanto bonistas italianos (que piden us$1.500 millones) como la española Repsol que demanda una indemnización de us$10.500 millones por la reestatización de YPF.Los críticos sostienen que el "proceso de desendeudamiento", de que habla el gobierno, se explica más por un cambio de acreedores que por una caída en el stock de deuda.El especialista Héctor Giuliano explica que por regla general el gobierno paga la deuda externa "con fondos del Estado tomados del propio Sector Público", esto quiere decir que toma plata del Banco Central y de la ANSES, por ejemplo, y a cambio les entrega a estas instituciones bonos pagaderos a futuro, de suerte que el Estado pasa a endeudarse consigo mismo.A todo esto, hay todo una corriente de opinión que considera que gran parte de la deuda externa argentina es ilegítima, y sugiere que debería hacerse un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.Eso cree, por ejemplo, el especialista y diplomático Miguel Ángel Espeche Gil, para quien la deuda externa argentina ha sido pagada casi tres veces, por efecto del aumento unilateral de la tasa de interés, algo conceptuado como "usuario".Espeche Gil considera que se trata de un mecanismo por el cual cuanto más se paga, más de debe. La deuda externa es la "matriz de la corrupción en la Argentina", que enriquece a negociadores y bancos, según declaró al diario La Nación (marzo de 2010).