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El eclipse de los derechos humanos en Venezuela

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha emitido un informe lapidario sobre el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien responsabiliza por 7.000 ejecuciones extrajudiciales.

El informe de la oficina dependiente de la ONU, que lleva la firma de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, da cuenta de la crisis social y económica, el colapso sanitario, la emergencia alimentaria y el abuso de las fuerzas de seguridad en Venezuela.

Se trata de un panorama que deja muy mal parado a Maduro y lo retrata de forma inequívoca como el responsable político de esa situación y su agravamiento crónico desde la muerte del expresidente Hugo Chávez, en 2013.

El informe de la ACNUDH insta al régimen venezolano a tomar medidas para “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.

Se advierte que “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los 5 millones de personas.

Según Naciones Unidas (ONU), el régimen chavista ha puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Cerca de 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio según el informe de Bachelet, que recientemente visitó ese país.

El informe de la Alta Comisionada de la ACNUDH, con respecto a la violación de los derechos económicos y sociales de los venezolanos, señaló: “se confirman violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”.

Por otro lado, se denuncia un deterioro imparable de la democracia venezolana, al señalarse que durante un decenio, el régimen ha adoptado una serie de leyes y prácticas que han restringido las libertades públicas, debilitado las instituciones y menoscabado la independencia del poder judicial.

El gobierno de Nicolás Maduro salió a contestar el informe de la Alta Comisionada de la ONU señalando que “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de Derechos Humanos”.

El régimen venezolano expresó además: “En el documento se privilegia exclusivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”.

En tanto, mientras el informe de la ONU recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos”, el gobierno de Maduro sostiene que esta recomendación “resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”.

En su informe Bachelet resalta, por otro lado, que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación , al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

Por su parte el opositor Juan Guaidó, a quien el parlamento venezolano proclamó presidente encargado, celebró el informe de la ONU sobre Venezuela. “Este es un logro de mucha gente que ha hecho todo para visibilizar los abusos de un régimen corrupto y asesino”, destacó.

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