El presupuesto universitario asigna sólo dos millones de pesos por alumno en el año

A principios de esta semana, en Gualeguaychú y en distintas ciudades del país, se realizaron movilizaciones para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, se difundieron datos falsos, sobre todo, a través de las redes sociales. Sin embargo, es importante tomar las discusiones que esa información, aunque falsa, suscitaron, y bajarlas a nuestro territorio: ¿Cuánto “cuesta” un estudiante universitario? ¿Cómo está conformado el sistema universitario nacional en Entre Ríos? ¿A qué se destina?

Para entender el presupuesto, es necesario aclarar que no sólo involucra el pago de salarios docentes y no docentes, sino también investigación, extensión, infraestructura, becas, equipamiento y costos de funcionamiento integral de las unidades académicas.

José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología, contó que la Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta con un presupuesto de $62.631.551.714 para este año. Si se toma como referencia el calendario académico universitario, con nueve meses de cursada, un mes de exámenes finales y enero como período de receso, la inversión mensual por estudiante rondaría los 215 mil pesos. En términos diarios, el Estado destinaría alrededor de 10.760 pesos por cada jornada de actividad académica por alumno.

“No es solamente la docencia, sino toda la infraestructura, carreras como las nuestras que necesitan materiales específicos, laboratorios, investigación, electricidad, mantenimiento, reparación. El cálculo del estudiante tiene todos esos componentes que permiten garantizar la educación”, advirtió Doratti.

De acuerdo a los datos del portal de Transparencia de la UNER, actualmente, cuenta con nueve unidades académicas y una oferta de 50 carreras de grado y ciclos de complementación curricular. En el último período registró 7.534 nuevos inscriptos y una población total de 29.103 estudiantes universitarios, mientras que 1.615 alumnos lograron egresar. La estructura de funcionamiento incluye 3.332 cargos docentes, 607 cargos no docentes y 78 cargos superiores distribuidos en las distintas facultades y dependencias de la institución.

En materia de producción científica y desarrollo académico, la universidad sostiene tres institutos de doble dependencia Conicet-Uner, además de 85 grupos de investigación y 227 proyectos científicos financiados. A su vez, trabajan en la universidad 61 investigadores y 101 becarios vinculados a esas líneas de trabajo. En paralelo, la casa de estudios impulsa 47 proyectos de extensión financiados, orientados a fortalecer el desarrollo científico regional.

Juan Manuel Arbelo, nuevo rector de la UNER, afirmó: “Nos tocan tiempos muy difíciles, aunque en realidad son para toda la sociedad, nosotros no estamos ajenos. Por ahí, tenemos alguna otra complejidad que tiene que ver con el tiempo y la perdida que tenemos en docentes. La situación que tenemos, no es sólo salarial, el que no está dentro de la universidad, puede pensar que hay muchos sectores con problema salarial, pero el problema salarial en la educación es un problema de toda la sociedad, porque cada vez que perdés un docente universitario, que necesita 15 años para prepararse para estar frente a un aula, lo que estás perdiendo es tiempo, y eso puede ser generaciones en medio que queden vacías, y ese es uno de los peores males cuando un Estado deja de invertir en educación. De hecho, la inversión en educación es algo que se ve recién en 15 o 20 años. Entonces, por ahí, a los políticos muchas veces cuando piensan en votos cada cuatro años, ese dinero que lo ponen hoy, muy posiblemente lo vea una gestión que esté dentro de 15 años. Entonces, si no hay seriedad y una política de estado que se sostenga, es muy difícil, sobre todo, en países como los nuestros”.

Según una nota publicada el mes pasado en Ahora ElDía, sólo en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú, renunció más de una veintena de profesores en los primeros meses del 2026. Este indicador, demuestra que la situación se viene agravando cada vez más: a fines de 2025, se habían reportaron 20 renuncias, pero en un término de 18 meses.

Durante la Marcha Federal Universitaria en Gualeguaychú, representantes locales de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), indicaron a través de un comunicado conjunto que “entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios”. Y resaltaron: “El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias”.

Según los datos oficiales, en el primer cuatrimestre del año sólo se ejecutó el 9,3% del presupuesto de $114 mil millones para el área. Esto implica una subejecución presupuestaria de más de 20 puntos porcentuales, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido; es decir, el 33,3% del período. Esto se debe a que, como reconoció el Gobierno, casi el 70% del presupuesto del área ($ 79.763 millones) aún no fue asignado en particular a ninguna universidad.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) informó que “en términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004”. Además, sólo se ejecutó el 9,3% del presupuesto destinado a hospitales universitarios.

En agosto de 2025, el Senado convirtió en ley un proyecto de Financiamiento Universitario que establecía una actualización del presupuesto para el área y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del 2023. En este escenario, el Gobierno nacional vetó la Ley de Financiamiento en septiembre de 2025, pero el Congreso rechazó esta medida y ratificó la vigencia de la iniciativa.

El 7 de mayo de 2026, en tanto, la Justicia suspendió la aplicación de la ley por pedido del Poder Ejecutivo y habilitó al Gobierno a recurrir a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.