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La Universidad de Entre Ríos rechazó el Servicio Cívico Voluntario en Valores

Desde el equipo de gestión de la Uader se expresó el rechazo a la iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entienden que implica "un retroceso en materia de inversión educativa". Además, se repudian las declaraciones de la Ministra restando valor a la educación pública.

“Desde el equipo de gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) queremos expresar nuestro rechazo a la creación del “Servicio Cívico Voluntario en Valores” por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Resolución 598/2019, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años de edad”, se informó desde la Casa de estudios.

“Creemos que este hecho constituye un fuerte retroceso para nuestro país y el camino que hemos trazado como sociedad desde el retorno democrático, así como una amenaza para la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes”, continúa el documento.

“Desde el Ministerio Seguridad han fundamentado que “el compromiso (del organismo) con los jóvenes consiste en trabajar por una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sea prioritario; por ello, el Servicio Cívico Voluntario en Valores nace como una herramienta para brindar oportunidades”.

Creemos que el Estado Nacional, como política de resguardo de la vida y la libertad de los jóvenes vulnerables, debe fortalecer el sistema educativo público, garantizar el derecho al empleo y generar medidas positivas de inclusión. Esta medida, por el contrario, delega aquellas funciones a una fuerza de seguridad (Gendarmería Nacional) cuyos objetivos institucionales son otros”, se remarcó.

“En un contexto de fuerte retroceso en materia de inversión educativa por parte del Estado Nacional, de crisis social y de pérdida sostenida del empleo, la creación del Servicio Voluntario en Valores reaviva discusiones ya saldadas en nuestro país, estigmatiza a los jóvenes vulnerables, des-responsabiliza al Estado de sus obligaciones esenciales”.

Además se apuntó: “Por la fuerte presión pública ejercida por la sociedad argentina, el Servicio Militar Obligatorio fue suspendido mediante un decreto firmado por el entonces Presidente de la Nación Argentina, Carlos Saúl Menem, el 31 de agosto de 1994 y comenzó la implementación de un sistema de voluntariado rentado. Su cese fue consecuencia del asesinato del soldado conscripto Omar Carrasco, a los pocos días de haber ingresado a la llamada «colimba». El caso Carrasco no fue excepcional, sino la expresión más cruda de un sistema de violencia institucional que la Argentina no podía permitir tras el retorno democrático”.

“Es aquella violencia institucional la que ha vuelto a irrumpir con mayor virulencia en estos últimos 3 años, con dolorosos hechos que han implicado la muerte violenta, los castigos físicos y las detenciones arbitrarias de jóvenes en todo el país. Los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, Matías Alderete y los adolescentes de San Miguel del Monte, por mencionar los casos más resonantes, y la «Doctrina Chocobar» ponen de manifiesto un contexto de retroceso en materia de garantías básicas del Estado de Derecho que nos preocupa. Las universidades públicas, en distintas oportunidades, nos hemos expresado al respecto y queremos hacerlo en este caso también”.

“Como Universidad Pública queremos expresar que trabajamos cotidianamente junto con las instituciones de educación inicial, media y secundaria, así como con las escuelas de oficios, clubes deportivos y espacios culturales. Queremos que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ingresen y permanezcan en nuestras aulas, acompañados en su trayectoria por profesionales de la educación que se han formado para ello. La educación pública argentina atraviesa una situación compleja en términos de financiamiento y desinversión, los y las docentes en materia salarial. La comunidad educativa en general (estudiantes, padres, madres, trabajadores, docentes) siente las consecuencias de la crisis social y económica que atraviesa nuestro país. Por ello, más que nunca, necesitamos reafirmar el valor de la educación pública inclusiva y de calidad”.

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