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La arena es un puñadito...

Comparto un fragmento de mi alocución en el recinto del Concejo Deliberante de nuestra ciudad en relación con el tratamiento de la ordenanza del cupo laboral para personas trans.

Por Luis Castillo*

Estamos tratando una situación particular de un grupo social que ha sido históricamente estigmatizado y víctima de distintas violaciones a sus derechos humanos. Dentro de este colectivo, las personas Trans resultan particularmente afectadas, siendo el derecho al trabajo uno de los derechos a los que tienen mayor dificultad para acceder. La exclusión del mercado laboral no es algo aislado, sino que es consecuencia de la convergencia de múltiples factores tales como la falta de acceso a la educación y a la salud, así como la persistencia de una cultura discriminatoria por parte de un importante segmento de la sociedad.

Me parece importante trabajar sobre el concepto de discriminación positiva. Parece un oxímoron: discriminación positiva; sin embargo, es un término que se refiere a las acciones o medidas positivas que buscan favorecer las oportunidades de colectivos socialmente desfavorecidos. La idea es que, a través de diferentes medidas, estos grupos sociales puedan tener las mismas oportunidades que aquellos no considerados vulnerables.

Ahora bien, las medidas positivas destinadas a lograr el acceso al derecho al trabajo de las personas Trans surgen como un mandato constitucional (Artículo 75, inciso 23), pero lo que me parece importante remarcar es que no alcanza solamente con garantizar el acceso a un puesto de trabajo, sino también −y fundamentalmente− lograr la permanencia en el sistema laboral formal a través de la creación de políticas inclusivas integrales que contemplen la totalidad de los factores que generan la situación desfavorable que este grupo social padece. Es decir, si bien la sanción de un cupo mínimo de puestos de trabajo en el Estado es producto de una larga lucha de la sociedad civil, la generación de normas jurídicas −si bien imprescindibles−, resultan insuficientes si no se tienen en cuenta el conjunto de las desventajas que enfrentan las personas trans, primero para acceder a un puesto de trabajo y, después, para mantenerse en él. Por eso, es fundamental fomentar políticas públicas generadas bajo un enfoque multidisciplinar.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia, pone especial énfasis en el ciclo de violencia, discriminación y criminalización en que se encuentran insertas las personas Trans, “por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos”, lo cual es producto del “deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género”. Eso es lo que se llama estigmatización. Asimismo, según la OMS “El objeto del estigma es un atributo, cualidad o identidad que se considera “inferior” o “anormal” (…) se basa en una concepción social de lo que somos “nosotros”, en contraposición a “ellos”, que confirma la “normalidad” de la mayoría mediante la desvalorización de “los otros”. Por eso, a pesar de los avances en la legislación, las personas Trans siguen siendo víctimas de actos discriminatorios perpetuados, además, por obstáculos estructurales para el acceso a los derechos básicos (salud, educación, trabajo, entre otros), lo cual deja como resultado que tengan una expectativa de vida de alrededor de los 40 años (CIDH). No está de más recordar que la expectativa de vida en Argentina es de 77 años.

En referencia a la educación, un relevamiento hecho por la Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros Argentina (ATTTA) y Fundación Huésped mostró que el 66.2% de las personas Trans relevadas mayores de 18 años no había terminado sus estudios secundarios o un nivel de educación superior y, en el caso de las menores de 18 años sólo el 50% asistía a la escuela. En referencia a lo laboral, su situación es precaria, marcada por la inseguridad y la informalidad, menos del 10% recibía aportes jubilatorios, más del 80 % había realizado “trabajo sexual”, y más del 60% de las encuestadas estaban dedicándose a la prostitución en el momento del relevamiento. En el mismo sentido, según la Primera Encuesta sobre Población Trans del INDEC, en 2017, el 73.2% de las personas encuestadas está o estuvo en situación de prostitución, de las cuales el 72.2% manifestó que está actualmente buscando otra fuente de ingreso y el 82.1% aseguró que esa búsqueda se dificulta por su identidad de género. La conclusión es tan clara como impactante: las personas Trans son víctimas de una discriminación laboral estructural que las condena a la prostitución como única forma de subsistencia.

Ahora bien, mencioné anteriormente la discriminación positiva como herramienta de transformación social pero, al apelar a la discriminación como metodología para alcanzar la inclusión, corremos el riesgo de que una condición −en este caso de género−, sea utilizada para continuar con prácticas discriminatorias. Así, algunas personas que ingresaron a través de este tipo de programas de discriminación positiva refirieron dificultades para estar en las mismas condiciones que los demás trabajadores: es decir, las incorporan, pero al hacerlo por su condición de género, hay quienes consideran que están haciéndoles un favor y que las personas Trans no están en situación de exigir más de lo que se les está dando ya que, probablemente, no hubiesen conseguido el trabajo de otro modo; en definitiva, su condición laboral precaria se justifica por la misma circunstancia por lo que fueron aceptadas: por ser Trans. Dicho en otros términos, la misma categoría que les dificulta su inserción en el mercado laboral y que, a través de una acción afirmativa les permite ingresar, es la que puede ser utilizada −paradójicamente− para perpetuar una precaria situación laboral.

Sin dudas, esta ordenanza que acaba de aprobarse es una medida fundamental y fundacional, si se quiere, pero quería resalta la importancia de diseñar e incorporar políticas públicas estructurales diferentes a las unidimensionales. Si bien ha sido un avance que el Estado haya reconocido la diversidad de género, garantizar la igualdad formal desde la ley no basta, porque existe una desigualdad fáctica a tal punto que nos obliga a tomar medidas de acción positiva, a utilizar la discriminación positiva en la búsqueda de terminar con la discriminación estructural de la que son víctimas las personas Trans. Debemos, sin dudas, trabajar arduamente en la elaboración de políticas públicas acorde a las necesidades de este grupo social y esforzarnos por garantizar no solamente el pleno acceso sino también la permanencia y el desarrollo en el mercado laboral formal.

*Escritor, médico y Concejal por Gualeguaychú Entre Todos

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