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Padres de niños con discapacidad apuntaron contra el Iosper

¿Quién debe hacerse cargo del pago de los docentes de apoyo para alumnos con discapacidades? El debate giró en torno a las responsabilidades de la obra social Iosper y el Consejo General de Educación. "Terminamos ocupándonos de cosas de las que debería ocuparse el Estado", lanzó un grupo de padres.

Mónica Farabello

Según datos de la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer), son 435 las maestras de apoyo en la provincia. La medida tomada por la obra social Iosper de suspender sus prestaciones no sólo afecta estas fuentes de trabajo sino que atenta directamente contra los derechos de las personas con discapacidad, el derecho de los niños, niñas y adolescentes y el derecho a la educación.

Días atrás, la Resolución 2044 de Iosper –en la que se decide sacar la cobertura de la maestra de apoyo- estuvo en el ojo del debate de todos.

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se ampararon rápidamente en la Ley 24901, que regula el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.

Allí se establece la obligatoriedad de las obras sociales respecto a la cobertura total de prestaciones, entre otras, educativas y terapéutico educativas.

En medio de esta disputa quedaron miles de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, junto a sus familias que continúan en lucha para que reconozcan la obligatoriedad de la cobertura.

Marcha atrás y dudas

Después de tres días de reclamos e incertidumbre, el Gobierno de la provincia anunció el acuerdo con el Iosper sobre los pagos para las maestras de apoyo. La prestadora de salud seguirá brindando el servicio, pero estableciendo mecanismos de recupero en 2020. ¿Cómo funcionaría?

ElDía conversó con un grupo de padres de niños con distintas discapacidades para conocer la realidad que vive cada familia ante estos recortes en salud y educación.

Rosana Aguilera, Miryam Duré, Carina Leonardi y Daniel González contaron sus historias de lucha, burocracia y mucha paciencia.

¿Cómo comienza el conflicto con Iosper y la cobertura de las maestras de apoyo?

R.A: Fue a partir de la Resolución 2044, cuando Iosper decide sacar la cobertura de la maestra de apoyo. Ahí nos preguntamos qué iba a pasar con nuestros hijos que las necesitan sí o sí. En el caso de mi hijo lo ayuda cuando se enoja, se angustia o cuando tiene problemas para relacionarse con los compañeros en el aula y en los recreos. Ella está en esos momentos para contenerlo y es muy importante su figura.

Ahora mi hijo está yendo una hora y media a la escuela. Su maestra de aula le pone mucho de ella para que el nene esté y pueda seguir, pero se fue la figura que lo sostenía. Desde octubre está yendo solo y a esa docente le siguen debiendo tres meses de pago.

¿A estos profesionales les paga directamente Iosper? ¿Por qué estas demoras?

R.A: Todas las prestaciones son por reintegro; es decir, que la obra social nos paga a los padres, y nosotros a las maestras. Ahora los pagos están atrasados entre 5 y 6 meses, pero este problema no es sólo de ahora; el retraso en los pagos se da todos los años y por eso los profesionales ya miran dos veces si es Iosper.

Nuestros hijos necesitan psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, maestras de apoyo, y es muy difícil pagar todo eso.

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¿Cómo son los trámites burocráticos para solicitar una maestra de apoyo?

M.D: Yo tengo una nena de 6 años que está en primer grado y es acompañada por su maestra de apoyo. Hasta el momento no ha cobrado nada en todo el año y me tienen desde principios de año dando vueltas. Cada vez que llevo las cosas me piden un requisito más o me dicen que le falta un punto o le sobra una coma.

Ahora estoy con un abogado que me asiste y afortunadamente la maestra sigue yendo, pero sólo porque tiene buen corazón y se encariñó con la nena. Yo le dije que estaba en todo su derecho a no continuar, sobre todo cuando salió esto del decreto, pero ella me dijo que no la quiere abandonar a esta altura del año. Mientras tanto me enfrento a toda la burocracia que lo que busca es cansarnos.

Mi hija tiene TEA (trastorno del espectro autista) y un problema de disgrafía, es decir, que escribe en espejo en algunas ocasiones. No puede interpretar consignas y necesita sí o sí alguien que se lo simplifique.

¿Todos se enfrentan al mismo nivel de burocracia?

D.G: Hace tres o cuatro años empecé con el tema del Iosper porque mi hija tiene 7 años y tiene TGD (trastornos generales del desarrollo). Cuando empezaron las terapias yo podía pagarlas porque no eran tantas y eran otras épocas. Ahora estamos muy complicados económicamente y es un desastre.

Una colega que tiene un hijo con una situación similar me advirtió que tres veces al año había que estar mandando cartas documentos, y lamentablemente tenía razón.

Actualmente presenté un amparo por reconocimiento de la psiquiatra infantil. Iosper tiene una sola profesional que está en Paraná; pero no hay una lógica entre lo que te cobra aun profesional en la ciudad, y lo que vale viajar a Paraná; si hay dos psiquiatras infantiles en Gualeguaychú, no se justifica tener que viajar 400 kilómetros.

¿Lo mismo ocurre con los cuidadores domiciliarios?

C.L: Sí. Escuché el testimonio de una mamá de Paraná que tiene un hijo con parálisis cerebral y una hija con autismo. Los dos necesitan cuidadores domiciliarios. Hicieron un recurso de amparo porque les cortaron el servicio de dos prestadoras. Al haber hecho un amparo por el dinero y no por salud, obligan a los padres a pagar las costas del amparo. Lo perdieron porque supuestamente no era una necesidad de salud, sino de reintegro económico.

¿Cómo afectan estas medidas a los chicos, más allá de lo concreto que es no contar con su maestra?

D.G: Mi hija no tiene lenguaje verbal. Cuando se quedó sin la cuidadora domiciliaria, tuvo una gran crisis emocional y le empezaron a dar ataques psicóticos. Ella tiene que tomar psicofármacos para no autolesionarse porque cualquier cosa que la descontextualice, ella se lastima porque no tiene forma de expresarse y lo hace con su cuerpo. Es muy angustiante y estresante.

¿Cómo tomaron la marcha atrás del Gobierno?

C.L: Ellos derogaron una resolución porque hizo ruido, pero no porque es ilegal, ni porque va contra los derechos de las personas con discapacidad. No la derogan porque va en contra la Convención de los Derechos del Niño y del Derecho a la educación.

Hay muchas cosas que todavía no están claras, hay muchos profesionales que no han cobrado. Nosotros como papás estamos reuniéndonos para hacer un amparo colectivo. Nos está asesorando el estudio jurídico de Juan Ignacio Weimberg.

Respecto a los cuidadores domiciliarios, hay que aclararles a quienes toman estas decisiones, que las mamás no nos vamos a hacer las uñas o a un spa porque viene la cuidadora. Son niños con problemas muy serios que necesitan atención, mientras nosotras salimos a trabajar. Con toda esta situación terminamos ocupándonos de cosas de las que debería ocuparse el Estado, y no queremos que lo del Iosper siente un precedente para otras obras sociales porque las personas con discapacidades tienen derechos y hay que hacerlos respetar.

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La Convención aprobada

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento de derechos humanos de las Naciones Unidas destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

Las partes en la Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley.

El texto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en su sede en Nueva York, y se abrió para la firma el 30 de marzo de 2007.

“El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, se expresa.

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