A través de sus redes sociales, el senador nacional Alfredo de Ángeli se refirió al anuncio del Gobierno nacional de que a partir del 1° de julio, las alícuotas a la producción agrícola volverán a los niveles vigentes a fines de 2024.&nbsp; En X publicó que “volver a subir las retenciones es un retroceso". Y agregó: “El campo no necesita subsidios, necesita reglas claras y que dejen de asfixiarlo. Cada punto que se baja en impuestos se multiplica, con creces, en producción”.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2025/06/x_de_angeli.jpg" alt="X De Angeli"></figure>Para finalizar, dijo: "Subir las retenciones desalienta la producción. En un país federal, las retenciones no tienen lugar. Castigar al agro es castigar a la Argentina que trabaja, produce y exporta.”, agregó el diputado entrerriano". &nbsp;&nbsp;

Alfredo De Ángeli sobre la vuelta de las retenciones: "Subirlas es un retroceso"

Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, lamentó que nuevamente el campo sea la “variable” de ajuste y que “se repitan recetas del pasado que tanto han afectado a la producción”.Las declaraciones hacen referencia al anuncio del Gobierno nacional de que a partir del 1° de julio, las alícuotas a la producción agrícola volverán a los niveles vigentes a fines de 2024. “Afecta seriamente la previsibilidad de un sector que atraviesa ciclos productivos aún inconclusos”, agregó el diputado entrerriano.Cabe recordar que Benedetti impulsó meses atrás la firma de un dictamen para que las retenciones vigentes hasta el 30 de junio de 2025 quedaran establecidas por ley como tope máximo, y que luego se avanzara con un cronograma de reducción progresiva, en línea con el discurso reiterado por el propio presidente de la Nación.La convocatoria a la Comisión fue realizada para el 7 de mayo pasado, pero la acción conjunta de los diputados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria impidió el avance de la iniciativa. “Con argumentos dispares, frustraron una herramienta clave para brindar certidumbre a los productores”, señaló el legislador entrerriano.“Frente a una promesa de baja cada vez más lejana, lo que el sector pide es claro: que no le suban nuevamente las retenciones. Menos retenciones, más producción y más trabajo”, concluyó Benedetti.&nbsp;(APFDigital)&nbsp;&nbsp;

Atilio Benedetti lamentó que "los mismos bolsillos sean siempre la variable de ajuste”

Suba de retenciones: Atilio Benedetti lamentó que "los mismos bolsillos sean siempre la variable de ajuste”

El Gobierno nacional oficializó su decisión de extender hasta el 31 de marzo de 2026 la reducción transitoria de retenciones para el trigo y la cebada, mientras que la soja, el maíz y otros productos volverán a tributar desde el 1 de julio las alícuotas originales de 33%, 12% y 7%, respectivamente. La medida quedó plasmada en el Decreto 439/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial.El decreto prorroga las alícuotas del 9,5% que tienen el trigo y la cebada, dos cultivos cuya siembra está en pleno desarrollo. En cambio, la soja incrementará su tasa del 26 al 33%, el maíz y el sorgo pasarán del 9,5 al 12%, mientras que el girasol volverá al 7% tras haber tenido una alícuota temporal del 5,5%. La harina de trigo, por su parte, permanecerá con el 5,5%.El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue categórico al pronunciarse sobre el impacto real de la medida: “Más allá de los formalismos administrativos, las prórrogas no son la solución. Y no nos vamos a cansar de repetirlo, las retenciones deben ser eliminadas definitivamente. Ese es el camino”.Pino también destacó que la rebaja temporal de retenciones aplicada desde marzo tuvo un efecto positivo en la liquidez de los productores y destacó “el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en estos meses, que ha dejado en el bolsillo de los productores más de 550 millones de dólares, que seguramente están invertidos en el campo generando riqueza federal”.El dirigente insistió en que, pese al alivio parcial, muchos productores de soja y maíz enfrentan márgenes ajustados que complican la toma de decisiones de siembra de cara a la campaña 2025/26. Por ese motivo, destacó que “el campo necesita reglas claras y políticas de largo plazo. Si no hay ahorro, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay más producción”.Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) destacaron que la medida “es el camino correcto para eliminar distorsiones y alentar la producción”, aunque subrayaron la necesidad de avanzar con un esquema más amplio que incluya a todo el complejo agroindustrial exportador. “Seguiremos trabajando junto a las entidades de productores para lograr la eliminación de todos los DEX”, indicaron en un comunicado.Otra de las entidades que se refirió al conflicto por retenciones es Coninagro, que agrupa cooperativas de todo el país, también expresaron su preocupación y destacaron que “la finalización de la rebaja en los DEX genera suma preocupación y desigualdad en todo el campo, sobre todo porque la medida impacta en el medio de procesos productivos y muchos de ellos se encuentran inconclusos al 30 de junio próximo”. En un documento oficial, la entidad recordó que vienen proponiendo desde hace años una reforma integral del sistema impositivo: “Sostenemos y proponemos un cambio en el actual modelo impositivo. El campo necesita la certeza de poder tener reglas claras y duraderas para lograr la previsibilidad que requerimos como productores”.Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también rechazó el restablecimiento de las retenciones plenas y reclamó al Gobierno una revisión urgente. “Manifestamos nuestra preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los derechos de exportación en un contexto productivo extremadamente adverso”, indicó la entidad, que además valoró los avances del Gobierno en la macroeconomía, pero pidió “un camino de desarrollo sostenible para el agro argentino”.Mientras tanto, diversas voces del sector coincidieron en que el regreso de las alícuotas más altas amenaza con profundizar las brechas de rentabilidad entre cultivos y regiones, y desalentar la inversión en tecnología e innovación.Centrar el reclamo en los cultivos más importantes de la campaña agrícola no es casual: los datos demuestran que la soja y el maíz representan más del 80% del ingreso de divisas del complejo agroexportador argentino. Para las entidades, el peso de los derechos de exportación —que pueden superar un tercio del valor FOB de cada operación— constituye el principal condicionante de la inversión y la expansión productiva. En un contexto de altos costos en dólares, precios internacionales de los commodities que no se recuperaron y presión tributaria elevada, los márgenes son cada vez más estrechos.Por eso, más allá de los matices en las estrategias de diálogo con el Gobierno, hay un mensaje unificado de todo el agro que atraviesa cámaras industriales, confederaciones rurales y cooperativas: el campo no va a claudicar en su reclamo para que las retenciones se eliminen de manera definitiva, porque está convencido de que son el principal obstáculo que impide que el sector crezca y se desarrolle plenamente en términos productivos. Para muchos productores, sólo la certeza de un horizonte fiscal estable y previsible permitirá planificar, invertir y sostener el enorme aporte de la agroindustria a la economía.

El campo criticó la suba de las retenciones a la soja y el maíz: "No es la solución"

“Para producir es necesario pagar diferentes costos: las semillas, los fertilizantes, los salarios, fletes, seguros, etc. Una vez que se cosecha, se vende el cultivo. La plata que queda después de pagar los costos se divide en 3: el valor de quienes alquilan la tierra para producir (26,6%), la ganancia (9,8%) y los impuestos que se pagan (63,6%). Esto último medimos en el Índice FADA, cuánto es el peso de los impuestos para quienes trabajan la tierra”, explica Nicolle Pisani Claro, economista de la entidad.El Índice subió comparado a la medición de marzo. “Aún con el efecto de la baja temporal de Derechos de Exportación (DEX), la caída en los precios fue tal que genera un menor valor de la producción de los granos y, con ello, un mayor peso de los impuestos”, revela su colega Antonella Semadeni.¿Qué está pasando con el trigo?“En el marco del inicio de la campaña de trigo y dado que es el único cultivo de los que analizamos al cual se le prorrogó la baja temporal de DEX, resulta interesante hacer un repaso de su situación”, sostiene Pisani Claro.Los precios de junio 2025 se encuentran muy por debajo del promedio de los últimos cinco años. Comparado con el promedio desde marzo 2020 a la actualidad, hoy el trigo está 20% por debajo. Si se contrasta con la medición anterior de FADA (marzo 2025) se ve una caída del precio del 6%. Al analizarlo en relación a un año atrás, la caída es del 28,2% del precio.“Si los precios son menores, la renta del productor es menor, porque recibe menos dinero por los granos que vende, pero sigue pagando los mismos impuestos. Por eso el peso del Estado es mayor”, argumenta la economista.El panorama para esta campaña de trigo no es alentador. Con caída de precio y suba de algunos insumos, el índice trepa al 78%. “Se necesitaría un precio local más cercano a los USD 220 por tonelada para mejorar el resultado, pero hoy está en USD 200 por tonelada”, afirma Semadeni.Por cultivos, por jurisdicción y por provinciaEl peso de los impuestos en soja es del 65,9%, maíz 53,4%, trigo 78,2% y girasol 63,2%. “Se anunció que la reducción temporal de DEX sólo se prorroga para trigo, con el retorno de retenciones para los demás cultivos los índices aumentarían a: el promedio nacional 67%, 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol”, sostiene Pisani Claro.De todos los impuestos que paga una hectárea agrícola, el 63,8% son nacionales no coparticipables, es decir, que no vuelven a las provincias. El 28,4% son nacionales coparticipables, 6,8% corresponde a los impuestos que cobran las provincias y un 1% son los municipales.Mientras el Índice FADA nacional es de 63,6%, las provincias muestran diferencias según costos, producción e impuestos locales. Córdoba registra un 64%, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis: 61,1. A modo de resumen: en todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con diferentes porcentajes. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.“Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados”, concluye Pisani Claro.

El 63,6% de la renta media nacional del agro es para pagar impuestos; pero en Entre Ríos sube un poco más

Tal como había anunciado, el Gobierno dispuso que a partir del 1° de julio volverán a subir las retenciones para la soja y el maíz.La decisión, que era resistida por las entidades agropecuarias, fue publicada este viernes a través del decreto 439/2025 en el Boletín Oficial.La norma incluye una novedad: el Ministerio de Economía decidió prorrogar la baja en las alícuotas para el trigo y la cebada.El decreto se conoce a pocos días del inicio de la tradicional exposición de La Rural y con la expectativa latente de que el presidente Javier Milei participe de la ceremonia de inauguración.<div class="raw-html-embed"><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1PhEmX0_OrFcBcALLoLVUuVHRJ_gWKzgp/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe></div>Según el texto oficial, la alícuota para la soja subirá del 26% al 33%, mientras que la del maíz y el sorgo pasará de 9,5% a 12%. También se ajustará la del girasol, que volverá al 7%, tras haber tributado un 5,5% durante los últimos cinco meses. En contrapartida, el trigo y la cebada mantendrán el esquema reducido del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.El decreto 439/2025 lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y especifica que sólo los productos listados en el anexo de la norma conservarán la alícuota reducida. Los cultivos invernales incluidos deberán cumplir con un requisito adicional: los exportadores tendrán que liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente.Este nuevo plazo duplica el establecido en el decreto 38/2025, que regía desde fines de enero y que imponía una ventana de 15 días hábiles para ingresar las divisas al país. Quienes no cumplan este nuevo requisito perderán el beneficio tributario y deberán tributar la alícuota más alta que rija para el cultivo correspondiente.Desde el Gobierno explicaron que la extensión de las alícuotas reducidas sólo para trigo y cebada responde a la necesidad de “garantizar la eficacia en su exportación”, dado que la campaña 2025/2026 para ambos cultivos se encuentra en curso. La prórroga no alcanzó a los cultivos de verano como la soja y el maíz, cuya cosecha ya avanzó significativamente.Durante las semanas previas a la publicación del decreto, se registró una aceleración en las anotaciones de declaraciones juradas de venta al exterior DJVE. Desde el 27 de enero, fecha en la que entró en vigor la rebaja temporal, se anotaron 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja, 6,5 millones de toneladas de poroto de soja, 3,8 millones de toneladas de aceite de soja, y 17,9 millones de toneladas de maíz. Estas operaciones permitieron un ingreso de aproximadamente 5.000 millones de dólares en las últimas dos semanas.Pese al incremento de la actividad exportadora, las entidades rurales expresaron su disconformidad con la decisión oficial. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su “preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos”. También reconoció avances en materia económica, pero pidió una revisión urgente de la política tributaria para el agro.Por su parte, Coninagro advirtió que la finalización de la rebaja en los DEX “genera suma preocupación y desigualdad”, al tiempo que destacó que “muchos procesos productivos se encuentran inconclusos al 30 de junio”. La entidad señaló que el sector necesita “certezas y reglas claras y duraderas” para planificar la producción y mantener niveles sostenidos de inversión y rentabilidad.El impacto de la medida se refleja también en los datos de siembra de cultivos invernales. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 72,7% del área proyectada de trigo ya fue sembrada, en un total estimado de 6,7 millones de hectáreas. En cuanto a la cebada, la implantación cubre el 50,8% de las 1,3 millones de hectáreas previstas. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta 7,1 millones de hectáreas de trigo, apenas 200.000 más que en la campaña anterior, aunque recortó 100.000 hectáreas por los excesos hídricos de los últimos meses.En términos de valor, las exportaciones conjuntas de trigo y cebada generan ingresos por unos 4.000 millones de dólares anuales. La harina de trigo también mantendrá su alícuota del 5,5%, según lo indicado en el texto oficial. Estos cultivos representan un componente estratégico para la balanza comercial del país y para las economías regionales del centro y sur bonaerense.Más allá de la continuidad del beneficio para trigo y cebada, las quejas de los productores se centraron en la reimposición de las alícuotas previas para cultivos como el maíz, cuya cosecha aún no terminó. En este caso, el 45% del área todavía no fue recolectada, lo que significa que buena parte de la producción saldrá al mercado bajo el nuevo esquema tributario.Varios analistas de mercado señalaron que la suba de las retenciones puede frenar la comercialización de soja y maíz durante los próximos meses. Aunque el Ministerio de Economía no incluyó esos productos en la prórroga del beneficio, el impacto sobre las decisiones comerciales y la liquidez del sistema agroindustrial podría trasladarse a los próximos ciclos de siembra y cosecha.La fecha elegida para la publicación del decreto también generó interpretaciones políticas. El anuncio se conoció en la antesala de la exposición de La Rural, un evento emblemático para el sector agropecuario argentino. La posibilidad de que el presidente Milei asista a la inauguración alimentó la expectativa sobre posibles anuncios o gestos hacia el sector en ese ámbito.Mientras tanto, el Gobierno mantuvo el enfoque en la necesidad de consolidar las cuentas públicas, recuperar el superávit fiscal y reforzar las reservas del Banco Central. La actualización del esquema de retenciones se enmarca dentro de ese objetivo general de equilibrio macroeconómico, aunque las tensiones con los sectores productivos continúan vigentes.Fuente: Infobae&nbsp;

El Gobierno dispuso que el 1° de julio vuelvan a subir las retenciones a la soja y el maíz

Así lo afirma un análisis económico elaborado por el Distrito 7 de Entre Ríos de Sociedad Rural Argentina (SRA), haciendo referencia a la influencia que tendría esta decisión del Gobierno nacional sobre los recursos que se generan en la Región Centro, conformada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.En el informe, que toma como base información obtenida de organismos especializados, señala, a modo de ejemplo, lo que significaría volver a prescindir de estos recursos en el sector:<ul><li>1.846.007 terneros, un 62% por encima de la producción total anual de Entre Ríos (1.153.392 cabezas).</li><li>1.712.522 hectáreas de soja, un 35% más que la superficie sembrada de esta oleaginosa en la provincia (1.268.800 ha).</li><li>10.124 tractores nuevos, maquinaria fundamental para la modernización de los sistemas productivos.</li></ul>Según los datos manejados por SRA, los productores de la Región Centro aportan al Gobierno nacional el 58 % del total de los DEX agrícolas del país; es decir, 3.811 millones de dólares (campaña 24/25), sobre un total nacional de 6.555 millones de dólares con índices reducidos. Esta última cifra se incrementaría, con una cosecha similar a la recientemente finalizada, a 8.195 millones de dólares aproximadamente.Cabe recordar que el 30 de junio próximo vence la baja transitoria y parcial de los Derechos de Exportación sobre los principales cultivos, otorgada por el Gobierno bajo el Decreto 38/2025. Su vencimiento incrementaría los DEX de la siguiente forma: soja, de 26% a 33%; maíz y sorgo, de 9,5% a 12%; y girasol, de 5,5% a 7%.

Retenciones: Advierten que volver a los índices de enero equivaldría a transferir más de 1.700.000 hectáreas de soja al Estado

Retenciones: Advierten que volver a los índices de enero equivaldría a transferir más de 1.700.000 has de soja al Estado

El estudio se enfoca en los cultivos de soja, maíz, trigo y sorgo, y cuantifica el capital estrictamente destinado a insumos y labores como el control de malezas, semillas, fertilización y tratamientos sanitarios. De acuerdo con este enfoque, la inversión total estimada alcanza los 841 millones de dólares, cifra que no incluye otros costos relevantes como la cosecha, fletes, comercialización o arrendamientos.Según el informe, el cultivo de soja demanda la mayor parte de esta inversión, con una estimación de 391 millones de dólares. Le siguen el trigo con 28 millones de dólares, el maíz con 188 millones de dólares y finalmente el sorgo con 33,5 millones de dólares.El documento resalta que la mayoría de los productores recurren al financiamiento de terceros, principalmente a cooperativas y proveedores de insumos agrícolas, y en menor medida a entidades bancarias. Esta modalidad es fundamental en un escenario donde se requiere un alto capital de trabajo y los márgenes de ganancia son ajustados.Al 12 de junio de 2025, y basándose en los precios futuros del mercado A3, se estima que el valor bruto de la producción en la provincia superaría los 1.400 millones de dólares. Una vez descontada la inversión inicial, el margen bruto estimado se ubicaría alrededor de los 627 millones de dólares. Sin embargo, se aclara que esta cifra no representa la ganancia neta, ya que de ella deben deducirse aún los costos de cosecha, arrendamiento, transporte, impuestos y la estructura administrativa.

Campaña agrícola 2025/26: Productores entrerrianos frente a una inversión millonaria en insumos

Este volumen, resultado de la cosecha de más de 1,2 millones de hectáreas, la ubica como la tercera campaña con mayor producción en la historia de la provincia, según datos de la Bolsa de Cereales. En los próximos días se esperan más detalles sobre los resultados finales.Según un informe de la Bolsa de Cereales, la campaña 2024/25 de soja en la provincia de Entre Ríos concluyó con una superficie total cosechada de 1.268.800 hectáreas. Del total, 638.900 ha correspondieron a soja de primera y 629.900 ha a soja de segunda.Los rindes promedios estimados son de 2.750 kg/ha para la soja de primera y de 2.650 kg/ha para la de segunda, lo que arrojó un rendimiento provincial promedio estimado en 2.700 kg/ha. Como resultado, la producción total de soja en la provincia alcanzaría aproximadamente las 3.426.210 toneladas.Este volumen posiciona a la campaña 2024/25 como la tercera más alta en términos de producción en la serie histórica relevada por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.En los próximos días se difundirá el informe final con información más detallada sobre la campaña y sus resultados.&nbsp;&nbsp;(APFDigital)

La producción de soja sería la tercera más alta en la historia entrerriana

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), elaboró un informe que por objetivo cuantificar y visibilizar el impacto económico que los derechos de exportación generan sobre los productores agrícolas de la provincia de Entre Ríos.En el informe se advierte que “los derechos de exportación constituyen una herramienta fiscal que ha sido aplicada de manera sistemática en Argentina, la cual genera efectos distorsivos sobre la producción primaria, donde los márgenes productivos son más ajustados”.Si se considera la producción entrerriana de soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, cultivos gravados con derechos de exportación, cuyo costo es trasladado por los exportadores al precio que reciben los productores en el mercado interno, se observa lo siguiente:Durante la campaña 2024/25, los productores agrícolas entrerrianos se vieron privados de percibir aproximadamente 446 millones de dólares debido a la vigencia del impuesto. La baja en las alícuotas en la presente campaña se da en un contexto donde la soja proyecta la mayor producción en las últimas diez campañas.Para la campaña 2025/26, si los rendimientos son iguales al promedio de los últimos cinco años, se estima que dichos ingresos no percibidos alcanzarán los 371 millones de dólares.Por otra parte, la medida tomada por el Estado Nacional de extender hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota del 9,5% en trigo y cebada, tendría un impacto levemente positivo para los productores entrerrianos, los cuales incrementarían sus ingresos en términos agregados en torno a 12 millones de dólares.Estos valores se dan a partir de los rendimientos presentados por el trigo durante las últimas cinco campañas y la intención de siembra presentada en la actualidad.Además, si se considera las últimas 15 campañas de los cultivos soja, maíz y trigo, la provincia acumuló un total de 6.994 millones de dólares, lo que supone un promedio de 466 millones de dólares en ingresos no percibidos para los productores a lo largo de los últimos 15 años.“Este valor promedio por campaña sería equivalente a cerca de 3.700 tractores de entre 101 y 200 hp (según el último dato publicado por Indec), a alrededor de 479.000 vaquillonas con garantía de preñez (de acuerdo con precios promedio publicados por ROSGAN) y, según consultas a colaboradores, la suma también equivale a más de 1.500 galpones de pollos avícolas o más de 400 galpones de gallinas ponedoras de última generación por campaña”.Las cadenas de valor tanto a nivel provincial como nacional utilizan esta producción como insumo para la industrialización de productos derivados o para la alimentación animal; por ende, no toda la producción se exporta, sino que también entra en procesos de generación de valor. Esto significa que el ingreso fiscal efectivamente recibido por el Estado nacional mediante retenciones sea menor en dólares que los valores no percibidos por los productores, pero no menos importante, ya que es un recurso no coparticipable.Luego el informe sostiene que el hecho de que “el ingreso fiscal producto de los derechos de exportación sea no coparticipable, significa que la transferencia de ingresos desde el circuito productivo al Estado Nacional no llegue a las provincias ni a los municipios”.“Este sistema implica que los recursos generados por el agro financian al Estado Nacional sin que haya una devolución proporcional en términos de inversión pública o mejora de condiciones productivas, ya sea en infraestructura rural, como caminos, la asistencia técnica y los servicios básicos que si dependen de los presupuestos provinciales y locales”.“Por la presencia de los DEX, los productores reciben precios menores a los internacionales para su producción, sea cual sea su destino. La distorsión de precios generada por este tributo, que a lo largo de las últimas 15 campañas ha privado al agro provincial de casi 7.000 millones de dólares, lo cual afecta la capacidad de inversión, de modernización, de desarrollo territorial y a la competitividad del productor entrerriano”.“Estos casi 500 millones de dólares por campaña representan recursos claves que podrían destinarse a mejorar la eficiencia y sustentabilidad del sistema productivo, impulsar el agregado de valor local, dinamizar las cadenas agroindustriales y fortalecer la demanda de empleo en el interior provincial, lo que permitiría fomentar el arraigo de los jóvenes en sus comunidades, evitando procesos de migración forzada hacia grandes centros urbanos”.Además, en el informe se considera que “un sector agropecuario más dinámico y con mayor capacidad de inversión tendría impactos positivos indirectos sobre las finanzas públicas provinciales y municipales”.“Con un entramado productivo más fuerte, los gobiernos locales contarían con un mayor margen de maniobra en materia fiscal, económica y financiera para planificar políticas públicas de mediano y largo plazo. Particularmente, se facilitaría la inversión en infraestructura clave (como caminos rurales) que resultan esenciales para que los productos entrerrianos puedan salir de la tranquera, llegar a las industrias sin demoras ni sobrecostos logísticos, y finalmente alcanzar a los consumidores de manera eficiente”.

Entre Ríos perdió 6.994 millones de dólares en 15 años por las retenciones a las exportaciones

El Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe batieron todas las previsiones de solicitudes de créditos en Agroactiva 2025 al recibir solicitudes por más de 640 mil millones de pesos por parte de los productores agropecuarios de ambas provincias, cifra que constituye un récord histórico para la feria.Durante las cuatro jornadas de la muestra realizada en la primera semana de junio en la localidad santafesina de Armstrong, ambas entidades pusieron a disposición de los productores financiamiento para la compra de maquinaria, insumos, bienes de capital y capital de trabajo, con las tasas más bajas del mercado, plazos extendidos y condiciones adaptadas a las necesidades del sector más dinámico de la economía de las dos provincias.“Nuestra participación en Agroactiva 2025 fue un éxito rotundo. Superamos las 3.800 solicitudes de crédito por más de 465 mil millones de pesos y 144 millones de dólares y generamos acuerdos clave con proveedores líderes del sector agroindustrial”, destacaron desde Banco Entre Ríos. Y agregaron: “Esto demuestra que el productor valora nuestra propuesta integral, con herramientas financieras sólidas, atención personalizada, con beneficios y condiciones exclusivas que acompañan los &nbsp;ciclos productivos”.El Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe desplegaron un imponente stand de 900 metros cuadrados y oficiales de negocios en cada uno de los fabricantes y concesionarios de maquinaria, desde el cual ofrecieron asesoramiento especializado y exhibieron su amplia batería de líneas crediticias en pesos y dólares.Además, las dos entidades financieras consolidaron alianzas comerciales estratégicas con las principales marcas de insumos y maquinaria agrícola, lo que permitió ofrecer beneficios exclusivos y operaciones más ágiles a través de convenios que contemplan bonificaciones de tasa, mayor flexibilidad y procesos simplificados.Las entidades ratificaron así su rol como socios estratégicos del agro, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo regional.Agroactiva fue el escenario ideal para demostrar que ambos bancos regionales cuentan con soluciones concretas y ágiles para acompañar al sector que sigue siendo el motor clave de la economía argentina, promoviendo el progreso de los sectores productivos con propósito de “agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”.

Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe batieron todos los récords de solicitudes de créditos con más de $640 mil millones

El Consejo Empresario y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos expresaron “preocupación” ante la posible emisión de un decreto que modificaría sustancialmente la estructura y la esencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).“Consideramos que dichas medidas podrían comprometer seriamente su funcionamiento, su capacidad de generación científica y tecnológica, y su histórico compromiso con el desarrollo del sector agropecuario y de las economías regionales de nuestro país”, indicaron en un comunicado en conjunto.Aunque que coinciden en que “es necesario avanzar en reformas que permitan construir un INTA más eficiente y moderno”, ambas Entidades sostienen que cualquier decisión que implique “debilitar su autonomía técnica y operativa” afectará a quienes integran el organismo y a miles de productores, comunidades rurales, centros educativos y cooperativas que se benefician cotidianamente de su acompañamiento técnico y científico.Por ello, instaron a las autoridades nacionales a “reconsiderar” cualquier medida que perjudique el funcionamiento del INTA y garantizar su continuidad institucional, “protegiendo el valioso acervo de conocimiento que representa para el presente y el futuro del país”.Las gremiales del agro salen en defensa de la autarquía del INTAPara la Mesa de Enlace el INTA necesita ser reformado para lograr un funcionamiento más eficiente, pero sin perder autarquía. Así lo hicieron saber los jefes de las gremiales del agro a las autoridades nacionales que plantean cambios radicales del organismo.“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias reiteró su compromiso con el INTA”, se titula el comunicado que dieron a conocer las cuatro asociaciones que representan a los productores argentinos.En el mismo, informaron que, “ante las versiones que indican de manera inminente se dictaría un decreto que modificaría sustancialmente la estructura y esencia del INTA”, solicitaron una reunión con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el presidente del Instituto, Nicolás Bronzovich, y su vicepresidente, María Pilu Giraudo.La presidenta de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, amplió el comunicado y dio más detalles de las sensaciones con que quedaron en las cuatro entidades tras el encuentro con las autoridades de Agricultura y del INTA.“Salimos preocupados de la reunión, por algunas modificaciones que se quieren hacer dentro de la estructura del INTA. Entre ellas, nos fuimos altamente preocupados porque se habla de modificar la autarquía del Instituto, que en 70 años de historia le ha dado un funcionamiento y una gobernanza publico privada que demuestra que argentina esta a la vanguardia de la tecnología a nivel mundial”, remarcó Sarnari.

INTA: posiciones opuestas frente a las posibles modificaciones en su estructura

El diputado nacional Atilio Benedetti participó, junto al senador nacional Alfredo De Angeli, de una jornada organizada por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos titulada “Retenciones y la agenda agropecuaria en el Congreso de la Nación”, en la que expuso sobre los efectos del impuesto en el desarrollo del interior productivo y la necesidad de una reforma profunda y responsable del sistema fiscal que afecta al campo.Durante su intervención, Benedetti remarcó que “el agro argentino ha perdido oportunidades históricas de crecimiento, empleo y generación de divisas, mientras nuestros vecinos como Brasil o Paraguay multiplicaron su producción y ganaron mercados internacionales”.<section class="noteSuggested" data-id="1067700" data-title="Puede interesarte"></section>En ese sentido, subrayó que “Argentina exporta hoy las mismas cantidades de carne que hace 100 años”, y consideró a las retenciones como un “obstáculo que desalienta la inversión y castiga al interior productivo”.El legislador entrerriano detalló los proyectos presentados desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, orientados a reducir o limitar las retenciones con criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal. “Faltaron las firmas necesarias para lograr dictamen, pero vamos a seguir trabajando para construir consensos. El campo necesita reglas claras y previsibles, como ya las tienen otros sectores estratégicos del país”, afirmó.La jornada también contó con la disertación del senador nacional Alfredo De Ángeli, quien compartió su mirada sobre la situación del sector agropecuario y destacó la necesidad de avanzar en medidas legislativas que acompañen el crecimiento del interior productivo.Benedetti valoró la realización de estos espacios de intercambio institucional y agradeció a la Bolsa de Cereales por la invitación: “Este tipo de encuentros nos permiten debatir con seriedad los desafíos del presente y construir una agenda de desarrollo posible para el agro argentino”.&nbsp;

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