El presidente Javier Milei se reunirá este martes desde las 10 con la Mesa de Enlace de las entidades rurales, según lo confirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, el dirigente ruralista de mejor y más cercana relación con el mandatario.Según detalló Pino, en la previa a la llegada del Presidente, se espera conversar sobre las demandas del sector que ya le trasladaron al equipo económico del Gobierno. “En contraposición con mucha oferta de más producción si las condiciones se logran que sean estables a largo plazo para recuperar la competitividad”, advirtió.“Los gestos valen más que las palabras”, resaltó Pino al valorar la visita de Milei. En ese sentido, reconoció que en algunos sectores del campo hay malestar con el Gobierno: “Hay lugares donde los números son muy finos. En la ganadería, en cambio, hay buenos números. El campo es muy diverso y el humor también”.Además, adelantó que le trasladará al Presidente su preocupación por el estado “calamitoso de la infraestructura”. “En las rutas se complica transitar y nos toca poner en riesgo nuestras vidas. El país tiene que producir más y ese producido se tiene que transportar”, agregó en diálogo con Mitre.A partir del próximo jueves 17, y hasta el domingo 27, La Rural albergará la tradicional “Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional” en el predio de Palermo.“Tenemos pedidos y quejas para tratar”, señaló en cuanto a lo que podrían plantear las entidades de la Mesa de Enlace en su reunión con Milei. Las entidades que conforman la Mesa son, además de la SRA, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, que reúne a cooperativas agrarias de todo el país.El encuentro será a “agenda abierta”, dijo Pino, que si bien aclaró que no hay un “tema puntual” a tratar, mencionó la cuestión de las retenciones, los cambios en el INTA y el fin de la “barrera sanitaria” patagónica, a la que se oponen los frigoríficos y productores de esa región. La reunión con el jefe de Estado con la dirigencia ruralista llega en un momento clave.El 30 de junio expiró la ventana de reducción temporal de retenciones a la exportación de soja y maíz (la reducción sí se prolongó para trigo y cebada) y el campo reclama que la reducción se haga permanente, en un momento de precios internacionales deprimidos y todavía relativamente bajo tipo de cambio real, pese al reciente aumento del dólar.“El campo reclama que la reducción se haga permanente, en un momento de precios internacionales deprimidos y todavía relativamente bajo tipo de cambio real”.De hecho, hace dos semanas, Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociación Rurales de Buenos Aires y la Pampa, la confederación más poderosa de la también poderosa CRA, realizó una fuerte crítica al gobierno nacional por volver por no hacer permanente la reducción de retenciones.“Este Gobierno todavía no cumplió nada”, dijo entonces el titular de CRA, quien argumentó que el bolsillo del productor “no aguanta más”, que exportar es cada vez más difícil y que los impuestos a la exportación son “un robo, con cualquier gobierno”.La reducción temporal de retenciones agilizó por cierto la liquidación de exportaciones del campo, que en el primer semestre del año fue para ese período récord de los últimos 20 años, más de USD 16.000 millones.La rebaja temporal de las retenciones, que en el caso de la soja ya regresó a su nivel del 33% desde el 26% anterior, terminó el 30 de junio pero su efecto seguirá hasta bien entrado julio. La consultora 1816 estimó que durante este mes se liquidarán cerca de USD 4.500 millones, ya declarados en junio, para aprovechar la alícuota reducida. La norma obliga a liquidar los dólares dentro de los 15 días hábiles siguientes a esa declaración.Hace un año, al inaugurar oficialmente la Exposición Rural, Milei había dicho “nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce”.“Vinimos a limitar el poder arbitrario del Gobierno, a liberar el sector privado y a sacarle de encima la bota asfixiante del Estado a los productores“, dijo entonces el Presidente. Pero a su vez advirtió: ”Quitar los parches sin antes solucionar los problemas de fondo, sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga, vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico”.Fuente: Infobae

Milei se reunirá con la Mesa de Enlace y recibirá reclamos por retenciones, infraestructura e INTA

El Gobierno nacional avanzó esta semana con una profunda reestructuración de organismos públicos, como es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que cumple 70 años el próximo año. La poca claridad de la información sobre una posible reestructuración generó desconcierto e incertidumbre entre los profesionales que allí trabajan. Pero, ¿qué es exactamente este organismo y cómo funciona en una ciudad como Gualeguaychú? “Es el instituto que pone la tecnología al servicio del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial en todo el territorio argentino, hasta en los pueblos más chicos. Trabajamos a partir de dos grandes áreas: las experimentales, donde se desarrolla investigación, y las agencias de extensión, que vinculan ese trabajo académico con las demandas concretas de los productores”, explicó el ingeniero agrónomo Jorge Gvozdenovich, director del Centro Regional INTA de Entre Ríos, a Ahora ElDía.A diferencia de lo que podría pensarse, no es el INTA quien decide unilateralmente qué investigar: “El productor nos plantea su necesidad, y esa demanda llega a un consejo regional integrado por representantes públicos y privados, que evalúan si corresponde avanzar. Así se desarrollaron, por ejemplo, variedades de batata que elevaron los rindes en Feliciano de 4.000 a 24.000 kilos por hectárea, o variedades de arroz que hoy se siembran a nivel mundial, surgidas del INTA Concepción del Uruguay”, detalló Gvozdenovich.En Gualeguaychú, la agencia local cuenta con oficinas en la Sociedad Rural, el Parque Industrial y Urdinarrain, y abarca áreas tan diversas como ganadería, apicultura, avicultura y horticultura. “Es una agencia muy pujante, que incluso organiza jornadas internacionales, como la próxima de agricultura de precisión en septiembre”, señaló el director.El decreto publicado esta semana introduce dos grandes cambios: elimina los consejos regionales como órganos resolutivos, reemplazándolos por un consejo meramente consultivo, y centraliza toda la administración, los recursos humanos y los fondos bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. “El gran interrogante es si una sola persona va a poder manejar una estructura que llega a cada rincón del país. Es un antes y un después para el INTA. El nuevo presidente, Nicolás Bronzovich, convocó al diálogo a los referentes regionales y eso es positivo y lo celebro. En lo inmediato, no se esperan cambios abruptos en el trabajo con los productores, pero sí una etapa de adecuación administrativa que podría ralentizar gestiones y convenios”, dijo Gvozdenovich.Uno de los argumentos del Gobierno para la reforma es que el INTA se habría desviado de su propósito original, actuando como herramienta de militancia y alineado a la Agenda 2030, además de exhibir dispersión operativa y baja eficiencia. Para Gvozdenovich: “Cada peso invertido devuelve entre 9 y 11 al sector productivo y social. El dato sale de un estudio del Instituto de Economía del INTA, con datos auditados por el Estado”.Sobre los cuestionamientos a la planta de personal, aseguró: “Todos los cargos son concursados, abiertos a cualquier persona, con jurados externos de distintos sectores. No hay contratos políticos ni acomodos. Los sueldos promedio rondan el millón a millón doscientos mil pesos, un 40% por debajo del poder adquisitivo que deberían tener”.Respecto a posibles despidos, por ahora no hay comunicaciones formales, aunque sí está en análisis un plan de retiro voluntario. “Lo que pedimos es que las reglas sean claras, porque si no, los empleados se van por miedo y eso nos afecta muchísimo”, advirtió.

Incertidumbre en los profesionales del INTA por su reestructuración

Con la participación de autoridades provinciales, legisladores nacionales y provinciales, y referentes de empresas vinculadas al sector agroindustrial, se desarrolló este viernes la Jornada Institucional del Agro, un espacio de articulación público-privada con foco en uno de los temas más sensibles para el campo: los Derechos de Exportación.El encuentro fue encabezado por el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Héctor Bolzán; el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Renzo Cumar; y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez.<section class="noteSuggested" data-id="1068831" data-title="Puede interesarte"></section>Héctor Bolzán, presidente de la Bolsa, destacó la importancia de generar información objetiva y de calidad para la toma de decisiones. Además, anticipó una serie de trabajos multisectoriales para analizar todas las cadenas de valor provinciales. En este marco, se firmó un convenio marco entre las instituciones organizadoras con el objetivo de promover acciones conjuntas en capacitación, investigación y desarrollo institucional.El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, reafirmó el compromiso del gobierno provincial con la reducción de las retenciones, alineándose con la postura del gobernador Rogelio Frigerio. “Para impulsar el desarrollo, las retenciones son el primer impuesto a bajar”, afirmó.Durante la jornada, el economista Gabriel Weidman presentó un estudio sobre el impacto de los DEX en Entre Ríos. El análisis se enfocó en la pérdida de ingresos de los productores debido a los menores precios internos generados por las retenciones. Para el ciclo 2024/25, se estima una pérdida de 400 millones de dólares en los cultivos de soja, maíz, trigo y sorgo. También se calculó que Entre Ríos pagó aproximadamente 85 millones de dólares en DEX en el último ciclo agrícola, cifra que representa el 3-4 % del parque de maquinaria agrícola o el 30 % del costo de siembra de maíz.<section class="noteSuggested" data-id="1068828" data-title="Puede interesarte"></section>La segunda parte del encuentro estuvo a cargo de la Fundación Barbechando, representada por su presidenta Ángeles Naveyra y la directora institucional Guadalupe Antia. Ambas reflexionaron sobre la representación del agro en el Congreso y destacaron la importancia de construir una agenda legislativa alineada con el interior productivo.La jornada cerró con el anuncio oficial de la creación del Nodo Entre Ríos de la Fundación Barbechando, con el objetivo de fortalecer la participación federal en los espacios legislativos y promover políticas públicas con una visión agroindustrial.&nbsp;

Especialistas agrarios afirman que Entre Ríos perderá 400 millones de dólares, sólo en esta campaña

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó este viernes su informe final de cierre de campaña de soja, en el que confirmó un escenario agridulce para la producción de la oleaginosa en Argentina.Sucede que, si bien la cantidad de toneladas cosechadas fue buena, alcanzando incluso la mayor cifra en seis campañas, la fuerte caída de los precios internacionales hizo que el aporte económico de este cultivo -el principal generador de dólares del país- disminuyera sustancialmente.Los números productivos de la soja 2024/25En primer término, la entidad porteña confirmó los datos que ya había adelantado preliminarmente en su Panorama Agrícola Semanal (PAS) del jueves 3 de julio, y que se resumen de la siguiente manera:Siembra: se implantaron 18,4 millones de hectáreas de soja, un 6,4% más que en el ciclo 2023/24 y un 10% por encima del promedio de las últimas cinco campañas (16,8 millones de hectáreas).Clima: durante la ventana de siembra, la humedad superficial presente en gran parte del área agrícola permitió avanzar con los planes de siembra de soja de primera, y con algunas dificultades en soja de segunda. Las altas temperaturas y la falta de humedad registradas a comienzos de enero, dificultó su implantación. Al mismo tiempo, la soja de primera ingresaba en su período de definición de rindes bajo un ambiente de elevadas temperaturas y escasas precipitaciones. A fines de febrero se restablecieron las condiciones hídricas en gran parte del área agrícola, lo que permitió obtener rendimientos superiores a los inicialmente esperados.Rendimiento: el rinde promedio nacional fue de 29,7 quintales por hectárea (qq/ha), lo que implica un aumento del 15% en comparación con el promedio de las últimas cinco campañas.Cosecha: así, la producción total nacional se ubicó en 50,3 millones de toneladas, 100.000 toneladas superior a la campaña precedente y la mayor desde el ciclo 2018/19 (54,5 millones). También supera con creces a la media de los últimos cinco ciclos (43,8 millones).El aporte económico de la sojaEn este marco, el informe de la Bolsa porteña indica que “se espera una contribución de la cadena a la economía argentina de U$S 15.373 millones de producto bruto sojero”.“Esto representa una baja del 12% en comparación con el valor del ciclo pasado, por los menores precios de porotos y harinas”, agrega.La caída así se siente también en otros aspectos claves para el devenir económico y político argentino: se estima una baja del 5,1% en los ingresos por exportaciones, hasta U$S 19.173 millones; y un ajuste del 13,4% en la recaudación fiscal devengada, principalmente por derechos de exportación, hasta U$S 6.856 millones. (Fuente: Infocampo)

Los precios no acompañaron la buena cosecha y el “PBI” de la soja cayó en U$S 2.000 millones

Un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) advierte que el restablecimiento de derechos de exportación reduce la rentabilidad de los principales cultivos. La soja de primera pasaría de ganancias a pérdidas, mientras que el sorgo enfrenta el escenario más crítico. Para sostener márgenes positivos, se requerirían precios internacionales más altos, mayores rindes y/o una baja en las retenciones.Teniendo en cuenta la estructura de costos actual de los principales cultivos, el pago de arrendamientos anuales, el esquema vigente de derechos de exportación y las cotizaciones del día 27/6 (cotización pizarra Rosario, convertidos a dólares con el tipo de cambio mayorista), la Bolsa de Cereales de Entre Ríos junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER estimó los distintos escenarios de precios y márgenes económicos según las variaciones en las alícuotas y los rendimientos por cultivo.Los productores de la campaña 2024/25 de soja (tanto de primera como de segunda) y maíz, con los precios del día 27/6, obtendrían una rentabilidad positiva en la producción debido a los altos rendimientos. Los productores de sorgo, sin embargo, experimentarían pérdidas de alrededor de 70 dólares por hectárea.Si realizamos una proyección en el caso del trigo, con los costos actuales para la campaña 2025/26 y el promedio de rendimiento de los últimos cinco años, los productores experimentarían un margen bruto igual a cero.La medida de restablecer la alícuota de soja al 33% y a 12% la de maíz y sorgo, genera una disminución en los ingresos de los exportadores de 27 dólares en el caso de la soja y de alrededor de 5 dólares en el caso del maíz y el sorgo. Si esto se traslada en su totalidad al precio pizarra, el resultante para cada cultivo será de aproximadamente 247 dólares por tonelada para la soja (-10%), 168 para el maíz (-2.7%) y 162 para el sorgo (-2,7%).En el caso del trigo, se extendió su vigente alícuota hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que en el corto plazo este concepto no explicará variaciones en la cotización.Si se analizan los rendimientos ocurridos en la campaña 2024/25 con los nuevos valores estimados, los productores arrendatarios de soja de primera que aún no hayan asegurado sus ingresos por su producción verían afectada su ecuación económica, pasando de beneficios de 33 dólares por hectárea a pérdidas de alrededor de 45 dólares por hectárea.“Si seguimos el supuesto de que las modificaciones en los derechos de exportación serán totalmente trasladadas a la cotización del mercado local, para lograr un margen bruto igual a cero en la campaña actual el precio de soja necesitaría caer, como máximo, hasta 255 dólares por tonelada, cotización que se obtendría con un tope cercano al 31% en el derecho de exportación sobre la soja”, se indicó en el informe.La alícuota en soja del 33% permitiría rentabilidad positiva sólo a la producción de soja de segunda, pero con una caída de 10 puntos porcentuales en el margen. Para el caso del maíz, el restablecimiento de la alícuota al 12% también permite beneficios, pero con una caída de 4 puntos porcentuales.El caso del sorgo es el más complejo, ya que sólo un aumento del precio en el mercado local a 186 dólares por tonelada evitaría incurrir en resultados deficitarios a los productores arrendatarios. Esto sólo sería posible si se elimina su correspondiente derecho de exportación y además mejora la cotización internacional, ya que el precio FOB actual se encuentra un 1,6% por debajo del necesario.Un valor de 291 dólares por tonelada en soja permitiría que tanto los cultivos de primera como de segunda no incurran en pérdidas económicas.Para ello, el derecho de exportación a la soja debe ser, como máximo, de 20%. Sin embargo, el mercado de futuros proyecta alcanzar dicho precio en la posición Enero 2026 (basado en las cotizaciones de A3 Mercados). Además, dicha cotización también evitaría que la estrategia anual Trigo (precio actual) + Soja de segunda obtenga resultados negativos.En el caso del maíz, es necesario un precio de 193 dólares por tonelada, el cual supera al FOB actual. Esto quiere decir que la quita de derechos de exportación al cultivo no alcanza para que se eviten pérdidas. La cobertura de los costos podría lograrse a partir de la mejora en la cotización internacional, una baja en las alícuotas y/o rendimientos por encima de los históricos.En el caso del sorgo, se necesita un precio de 192 dólares por tonelada, que también supera al internacional. Al igual que el maíz, debería conjugarse una mejora en la cotización, un aumento en el rendimiento respecto al promedio y/o la quita de los derechos de exportación a este cultivo.

La carga impositiva recorta la rentabilidad de los cultivos

La vuelta de las retenciones a partir del 1 de julio generó un inmediato malestar en el sector del agro, que en Gualeguaychú ya hizo sentir sus reclamos. Desde el Gobierno nacional argumentaron que la baja anterior había sido un gesto transitorio para alentar la liquidación de cosechas, y que ahora, con la situación fiscal del país, resulta imprescindible recuperar la recaudación. Sin embargo, para los productores esto significa un retroceso en un momento donde muchos, especialmente los más pequeños, apenas logran sostenerse.En diálogo con Ahora ElDía, Juan Tronco, productor del departamento Gualeguaychú y expresidente de la Federación Agraria filial Larroque, explicó: “Las retenciones representan un porcentaje de la cosecha que el Estado se queda directamente, además de todos los impuestos que ya afronta el sector. Es un tributo adicional que nos quitan del resultado de nuestro trabajo”.Asimismo, aclaró que, sumando la carga impositiva general y las retenciones, aproximadamente el 60% de lo que genera un productor se destina a impuestos: “Este escenario golpea con mayor dureza a los pequeños productores, que siempre están en desventaja frente a los grandes jugadores que pueden negociar precios, comprar insumos en volumen y soportar crisis con mayor espalda financiera”.En la zona, explicó, esta situación está favoreciendo la concentración de la tierra y la aparición de grandes empresas que muchas veces ni siquiera son de Gualeguaychú: “Cuando los campos quedan en manos de empresas que vienen de afuera, dejan muy poco en la ciudad. No compran en los supermercados, ni dinamizan la construcción, por ejemplo. Es algo que afecta a toda la comunidad".Tronco también consideró: “El campo siempre fue promesa de campaña, pero cuando llega la hora de gobernar, seguimos igual. Nos sentimos decepcionados porque no hubo el cambio que esperábamos. Tronco planteó que la carga impositiva que recae sobre el sector agropecuario se ha sostenido durante tantos años que ya parece haberse convertido en una parte estructural del sistema”. Y agregó: “El mejor impuesto es ganancias. El que gana, que pague. El problema es que las retenciones se aplican tanto en cosechas buenas como en malas. El Estado siempre se queda con su parte, incluso cuando el margen de ganancia es mínimo para el productor. La falta de previsibilidad complica aún más: una campaña pensás que podés comprar una máquina y la siguiente te cambian las reglas y te dejan desfinanciado”.Por su parte, José Colombatto, vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), coincidió en que la medida significa un retroceso: “El productor ya venía muy castigado por las condiciones climáticas y la carga impositiva. Este retroceso es una mala señal, justo cuando empezábamos a acomodarnos”.<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2025/07/agro_maiz_granos.jpeg" alt="agro maiz granos"></figure>El dirigente detalló que la vuelta a las alícuotas originales implica para el productor una pérdida cercana al 10% de los ingresos respecto al escenario que se había logrado con la baja transitoria: “Esta pérdida es especialmente crítica para quienes trabajan en tierras alquiladas, una modalidad muy extendida en la región. Con este aumento de las retenciones lo termina de sacar de la cancha, porque obviamente la rentabilidad no era buena. Los productores pequeños y medianos son siempre los que sufren más el cimbronazo frente a las medidas coyunturales. Esperábamos que las retenciones siguieran bajando o al menos se mantuvieran, pero nos volvieron a sorprender con una mala noticia. Está claro que afectan la competitividad, golpean a los más chicos y frenan las inversiones. Seguiremos trabajando para que se entienda que el camino no es el que han tomado".El malestar se replica en otras entidades. Desde Federación Agraria, el presidente de la Regional Entre Ríos Matías Martiarena había advertido: “Crece el malestar de los productores con el Gobierno, porque las promesas de campaña quedaron en eso: en promesas. Se habían comprometido a bajar las retenciones, pero volvieron a subirlas. Las grandes empresas tienen más herramientas para resistir, pero los pequeños y medianos productores están cada vez más asfixiados”.Por su parte, el senador nacional Alfredo De Ángeli también cuestionó la medida: "El Gobierno, al castigar al campo, va en contra del país. Esta decisión va en sentido opuesto al crecimiento. El productor necesita reglas claras y previsibilidad. No se puede trabajar si las condiciones cambian de un mes a otro".&nbsp;Al igual que el diputado nacional Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, quien afirmó: "Lamento que los mismos bolsillos sean siempre la variable de ajuste. La presión sobre el sector agropecuario es insostenible, especialmente para las economías regionales y los productores más chicos. El Gobierno, como los anteriores, recurre siempre al campo para equilibrar sus cuentas. Eso genera desincentivo, menos inversión y más concentración”.En este contexto, productores y entidades agropecuarias de la región aguardan definiciones más claras sobre el rumbo económico y fiscal del país. La expectativa está puesta en la posibilidad de que el Gobierno nacional convoque a un diálogo más amplio con el sector, donde puedan discutirse medidas que garanticen previsibilidad y permitan sostener la producción y el empleo rural en el mediano plazo. Mientras tanto, la incertidumbre condiciona las decisiones de inversión y planificación de la próxima campaña.

El sector del campo de Gualeguaychú cuestiona el regreso de las retenciones y advierte sobre su impacto

A través de sus redes sociales, el senador nacional Alfredo de Ángeli se refirió al anuncio del Gobierno nacional de que a partir del 1° de julio, las alícuotas a la producción agrícola volverán a los niveles vigentes a fines de 2024.&nbsp; En X publicó que “volver a subir las retenciones es un retroceso". Y agregó: “El campo no necesita subsidios, necesita reglas claras y que dejen de asfixiarlo. Cada punto que se baja en impuestos se multiplica, con creces, en producción”.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://eldiacdn.eleco.com.ar/media/2025/06/x_de_angeli.jpg" alt="X De Angeli"></figure>Para finalizar, dijo: "Subir las retenciones desalienta la producción. En un país federal, las retenciones no tienen lugar. Castigar al agro es castigar a la Argentina que trabaja, produce y exporta.”, agregó el diputado entrerriano". &nbsp;&nbsp;

Alfredo De Ángeli sobre la vuelta de las retenciones: "Subirlas es un retroceso"

Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, lamentó que nuevamente el campo sea la “variable” de ajuste y que “se repitan recetas del pasado que tanto han afectado a la producción”.Las declaraciones hacen referencia al anuncio del Gobierno nacional de que a partir del 1° de julio, las alícuotas a la producción agrícola volverán a los niveles vigentes a fines de 2024. “Afecta seriamente la previsibilidad de un sector que atraviesa ciclos productivos aún inconclusos”, agregó el diputado entrerriano.Cabe recordar que Benedetti impulsó meses atrás la firma de un dictamen para que las retenciones vigentes hasta el 30 de junio de 2025 quedaran establecidas por ley como tope máximo, y que luego se avanzara con un cronograma de reducción progresiva, en línea con el discurso reiterado por el propio presidente de la Nación.La convocatoria a la Comisión fue realizada para el 7 de mayo pasado, pero la acción conjunta de los diputados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria impidió el avance de la iniciativa. “Con argumentos dispares, frustraron una herramienta clave para brindar certidumbre a los productores”, señaló el legislador entrerriano.“Frente a una promesa de baja cada vez más lejana, lo que el sector pide es claro: que no le suban nuevamente las retenciones. Menos retenciones, más producción y más trabajo”, concluyó Benedetti.&nbsp;(APFDigital)&nbsp;&nbsp;

Atilio Benedetti lamentó que "los mismos bolsillos sean siempre la variable de ajuste”

Suba de retenciones: Atilio Benedetti lamentó que "los mismos bolsillos sean siempre la variable de ajuste”

El Gobierno nacional oficializó su decisión de extender hasta el 31 de marzo de 2026 la reducción transitoria de retenciones para el trigo y la cebada, mientras que la soja, el maíz y otros productos volverán a tributar desde el 1 de julio las alícuotas originales de 33%, 12% y 7%, respectivamente. La medida quedó plasmada en el Decreto 439/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial.El decreto prorroga las alícuotas del 9,5% que tienen el trigo y la cebada, dos cultivos cuya siembra está en pleno desarrollo. En cambio, la soja incrementará su tasa del 26 al 33%, el maíz y el sorgo pasarán del 9,5 al 12%, mientras que el girasol volverá al 7% tras haber tenido una alícuota temporal del 5,5%. La harina de trigo, por su parte, permanecerá con el 5,5%.El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue categórico al pronunciarse sobre el impacto real de la medida: “Más allá de los formalismos administrativos, las prórrogas no son la solución. Y no nos vamos a cansar de repetirlo, las retenciones deben ser eliminadas definitivamente. Ese es el camino”.Pino también destacó que la rebaja temporal de retenciones aplicada desde marzo tuvo un efecto positivo en la liquidez de los productores y destacó “el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en estos meses, que ha dejado en el bolsillo de los productores más de 550 millones de dólares, que seguramente están invertidos en el campo generando riqueza federal”.El dirigente insistió en que, pese al alivio parcial, muchos productores de soja y maíz enfrentan márgenes ajustados que complican la toma de decisiones de siembra de cara a la campaña 2025/26. Por ese motivo, destacó que “el campo necesita reglas claras y políticas de largo plazo. Si no hay ahorro, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay más producción”.Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) destacaron que la medida “es el camino correcto para eliminar distorsiones y alentar la producción”, aunque subrayaron la necesidad de avanzar con un esquema más amplio que incluya a todo el complejo agroindustrial exportador. “Seguiremos trabajando junto a las entidades de productores para lograr la eliminación de todos los DEX”, indicaron en un comunicado.Otra de las entidades que se refirió al conflicto por retenciones es Coninagro, que agrupa cooperativas de todo el país, también expresaron su preocupación y destacaron que “la finalización de la rebaja en los DEX genera suma preocupación y desigualdad en todo el campo, sobre todo porque la medida impacta en el medio de procesos productivos y muchos de ellos se encuentran inconclusos al 30 de junio próximo”. En un documento oficial, la entidad recordó que vienen proponiendo desde hace años una reforma integral del sistema impositivo: “Sostenemos y proponemos un cambio en el actual modelo impositivo. El campo necesita la certeza de poder tener reglas claras y duraderas para lograr la previsibilidad que requerimos como productores”.Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también rechazó el restablecimiento de las retenciones plenas y reclamó al Gobierno una revisión urgente. “Manifestamos nuestra preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los derechos de exportación en un contexto productivo extremadamente adverso”, indicó la entidad, que además valoró los avances del Gobierno en la macroeconomía, pero pidió “un camino de desarrollo sostenible para el agro argentino”.Mientras tanto, diversas voces del sector coincidieron en que el regreso de las alícuotas más altas amenaza con profundizar las brechas de rentabilidad entre cultivos y regiones, y desalentar la inversión en tecnología e innovación.Centrar el reclamo en los cultivos más importantes de la campaña agrícola no es casual: los datos demuestran que la soja y el maíz representan más del 80% del ingreso de divisas del complejo agroexportador argentino. Para las entidades, el peso de los derechos de exportación —que pueden superar un tercio del valor FOB de cada operación— constituye el principal condicionante de la inversión y la expansión productiva. En un contexto de altos costos en dólares, precios internacionales de los commodities que no se recuperaron y presión tributaria elevada, los márgenes son cada vez más estrechos.Por eso, más allá de los matices en las estrategias de diálogo con el Gobierno, hay un mensaje unificado de todo el agro que atraviesa cámaras industriales, confederaciones rurales y cooperativas: el campo no va a claudicar en su reclamo para que las retenciones se eliminen de manera definitiva, porque está convencido de que son el principal obstáculo que impide que el sector crezca y se desarrolle plenamente en términos productivos. Para muchos productores, sólo la certeza de un horizonte fiscal estable y previsible permitirá planificar, invertir y sostener el enorme aporte de la agroindustria a la economía.

El campo criticó la suba de las retenciones a la soja y el maíz: "No es la solución"

“Para producir es necesario pagar diferentes costos: las semillas, los fertilizantes, los salarios, fletes, seguros, etc. Una vez que se cosecha, se vende el cultivo. La plata que queda después de pagar los costos se divide en 3: el valor de quienes alquilan la tierra para producir (26,6%), la ganancia (9,8%) y los impuestos que se pagan (63,6%). Esto último medimos en el Índice FADA, cuánto es el peso de los impuestos para quienes trabajan la tierra”, explica Nicolle Pisani Claro, economista de la entidad.El Índice subió comparado a la medición de marzo. “Aún con el efecto de la baja temporal de Derechos de Exportación (DEX), la caída en los precios fue tal que genera un menor valor de la producción de los granos y, con ello, un mayor peso de los impuestos”, revela su colega Antonella Semadeni.¿Qué está pasando con el trigo?“En el marco del inicio de la campaña de trigo y dado que es el único cultivo de los que analizamos al cual se le prorrogó la baja temporal de DEX, resulta interesante hacer un repaso de su situación”, sostiene Pisani Claro.Los precios de junio 2025 se encuentran muy por debajo del promedio de los últimos cinco años. Comparado con el promedio desde marzo 2020 a la actualidad, hoy el trigo está 20% por debajo. Si se contrasta con la medición anterior de FADA (marzo 2025) se ve una caída del precio del 6%. Al analizarlo en relación a un año atrás, la caída es del 28,2% del precio.“Si los precios son menores, la renta del productor es menor, porque recibe menos dinero por los granos que vende, pero sigue pagando los mismos impuestos. Por eso el peso del Estado es mayor”, argumenta la economista.El panorama para esta campaña de trigo no es alentador. Con caída de precio y suba de algunos insumos, el índice trepa al 78%. “Se necesitaría un precio local más cercano a los USD 220 por tonelada para mejorar el resultado, pero hoy está en USD 200 por tonelada”, afirma Semadeni.Por cultivos, por jurisdicción y por provinciaEl peso de los impuestos en soja es del 65,9%, maíz 53,4%, trigo 78,2% y girasol 63,2%. “Se anunció que la reducción temporal de DEX sólo se prorroga para trigo, con el retorno de retenciones para los demás cultivos los índices aumentarían a: el promedio nacional 67%, 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol”, sostiene Pisani Claro.De todos los impuestos que paga una hectárea agrícola, el 63,8% son nacionales no coparticipables, es decir, que no vuelven a las provincias. El 28,4% son nacionales coparticipables, 6,8% corresponde a los impuestos que cobran las provincias y un 1% son los municipales.Mientras el Índice FADA nacional es de 63,6%, las provincias muestran diferencias según costos, producción e impuestos locales. Córdoba registra un 64%, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis: 61,1. A modo de resumen: en todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con diferentes porcentajes. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.“Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados”, concluye Pisani Claro.

El 63,6% de la renta media nacional del agro es para pagar impuestos; pero en Entre Ríos sube un poco más

Tal como había anunciado, el Gobierno dispuso que a partir del 1° de julio volverán a subir las retenciones para la soja y el maíz.La decisión, que era resistida por las entidades agropecuarias, fue publicada este viernes a través del decreto 439/2025 en el Boletín Oficial.La norma incluye una novedad: el Ministerio de Economía decidió prorrogar la baja en las alícuotas para el trigo y la cebada.El decreto se conoce a pocos días del inicio de la tradicional exposición de La Rural y con la expectativa latente de que el presidente Javier Milei participe de la ceremonia de inauguración.<div class="raw-html-embed"><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1PhEmX0_OrFcBcALLoLVUuVHRJ_gWKzgp/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe></div>Según el texto oficial, la alícuota para la soja subirá del 26% al 33%, mientras que la del maíz y el sorgo pasará de 9,5% a 12%. También se ajustará la del girasol, que volverá al 7%, tras haber tributado un 5,5% durante los últimos cinco meses. En contrapartida, el trigo y la cebada mantendrán el esquema reducido del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.El decreto 439/2025 lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y especifica que sólo los productos listados en el anexo de la norma conservarán la alícuota reducida. Los cultivos invernales incluidos deberán cumplir con un requisito adicional: los exportadores tendrán que liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente.Este nuevo plazo duplica el establecido en el decreto 38/2025, que regía desde fines de enero y que imponía una ventana de 15 días hábiles para ingresar las divisas al país. Quienes no cumplan este nuevo requisito perderán el beneficio tributario y deberán tributar la alícuota más alta que rija para el cultivo correspondiente.Desde el Gobierno explicaron que la extensión de las alícuotas reducidas sólo para trigo y cebada responde a la necesidad de “garantizar la eficacia en su exportación”, dado que la campaña 2025/2026 para ambos cultivos se encuentra en curso. La prórroga no alcanzó a los cultivos de verano como la soja y el maíz, cuya cosecha ya avanzó significativamente.Durante las semanas previas a la publicación del decreto, se registró una aceleración en las anotaciones de declaraciones juradas de venta al exterior DJVE. Desde el 27 de enero, fecha en la que entró en vigor la rebaja temporal, se anotaron 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja, 6,5 millones de toneladas de poroto de soja, 3,8 millones de toneladas de aceite de soja, y 17,9 millones de toneladas de maíz. Estas operaciones permitieron un ingreso de aproximadamente 5.000 millones de dólares en las últimas dos semanas.Pese al incremento de la actividad exportadora, las entidades rurales expresaron su disconformidad con la decisión oficial. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su “preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos”. También reconoció avances en materia económica, pero pidió una revisión urgente de la política tributaria para el agro.Por su parte, Coninagro advirtió que la finalización de la rebaja en los DEX “genera suma preocupación y desigualdad”, al tiempo que destacó que “muchos procesos productivos se encuentran inconclusos al 30 de junio”. La entidad señaló que el sector necesita “certezas y reglas claras y duraderas” para planificar la producción y mantener niveles sostenidos de inversión y rentabilidad.El impacto de la medida se refleja también en los datos de siembra de cultivos invernales. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 72,7% del área proyectada de trigo ya fue sembrada, en un total estimado de 6,7 millones de hectáreas. En cuanto a la cebada, la implantación cubre el 50,8% de las 1,3 millones de hectáreas previstas. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta 7,1 millones de hectáreas de trigo, apenas 200.000 más que en la campaña anterior, aunque recortó 100.000 hectáreas por los excesos hídricos de los últimos meses.En términos de valor, las exportaciones conjuntas de trigo y cebada generan ingresos por unos 4.000 millones de dólares anuales. La harina de trigo también mantendrá su alícuota del 5,5%, según lo indicado en el texto oficial. Estos cultivos representan un componente estratégico para la balanza comercial del país y para las economías regionales del centro y sur bonaerense.Más allá de la continuidad del beneficio para trigo y cebada, las quejas de los productores se centraron en la reimposición de las alícuotas previas para cultivos como el maíz, cuya cosecha aún no terminó. En este caso, el 45% del área todavía no fue recolectada, lo que significa que buena parte de la producción saldrá al mercado bajo el nuevo esquema tributario.Varios analistas de mercado señalaron que la suba de las retenciones puede frenar la comercialización de soja y maíz durante los próximos meses. Aunque el Ministerio de Economía no incluyó esos productos en la prórroga del beneficio, el impacto sobre las decisiones comerciales y la liquidez del sistema agroindustrial podría trasladarse a los próximos ciclos de siembra y cosecha.La fecha elegida para la publicación del decreto también generó interpretaciones políticas. El anuncio se conoció en la antesala de la exposición de La Rural, un evento emblemático para el sector agropecuario argentino. La posibilidad de que el presidente Milei asista a la inauguración alimentó la expectativa sobre posibles anuncios o gestos hacia el sector en ese ámbito.Mientras tanto, el Gobierno mantuvo el enfoque en la necesidad de consolidar las cuentas públicas, recuperar el superávit fiscal y reforzar las reservas del Banco Central. La actualización del esquema de retenciones se enmarca dentro de ese objetivo general de equilibrio macroeconómico, aunque las tensiones con los sectores productivos continúan vigentes.Fuente: Infobae&nbsp;

El Gobierno dispuso que el 1° de julio vuelvan a subir las retenciones a la soja y el maíz

Así lo afirma un análisis económico elaborado por el Distrito 7 de Entre Ríos de Sociedad Rural Argentina (SRA), haciendo referencia a la influencia que tendría esta decisión del Gobierno nacional sobre los recursos que se generan en la Región Centro, conformada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.En el informe, que toma como base información obtenida de organismos especializados, señala, a modo de ejemplo, lo que significaría volver a prescindir de estos recursos en el sector:<ul><li>1.846.007 terneros, un 62% por encima de la producción total anual de Entre Ríos (1.153.392 cabezas).</li><li>1.712.522 hectáreas de soja, un 35% más que la superficie sembrada de esta oleaginosa en la provincia (1.268.800 ha).</li><li>10.124 tractores nuevos, maquinaria fundamental para la modernización de los sistemas productivos.</li></ul>Según los datos manejados por SRA, los productores de la Región Centro aportan al Gobierno nacional el 58 % del total de los DEX agrícolas del país; es decir, 3.811 millones de dólares (campaña 24/25), sobre un total nacional de 6.555 millones de dólares con índices reducidos. Esta última cifra se incrementaría, con una cosecha similar a la recientemente finalizada, a 8.195 millones de dólares aproximadamente.Cabe recordar que el 30 de junio próximo vence la baja transitoria y parcial de los Derechos de Exportación sobre los principales cultivos, otorgada por el Gobierno bajo el Decreto 38/2025. Su vencimiento incrementaría los DEX de la siguiente forma: soja, de 26% a 33%; maíz y sorgo, de 9,5% a 12%; y girasol, de 5,5% a 7%.

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